La justicia belga ha vuelto a decretar este jueves el mantenimiento en prisión preventiva de la exvicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili, la figura política más prominente involucrada en el Qatargate, el escándalo de presuntos sobornos por países como Qatar y Marruecos en la Eurocámara que ha sacudido a las instituciones europeas. El tribunal de apelación de Bruselas ha desoído de este modo la petición de libertad vigilada de su defensa, que ha denunciado el trato vejatorio al que ha sido sometida la todavía eurodiputada durante su detención.
La decisión de los jueces llega en la misma semana en que se ha conocido un acuerdo judicial con el presunto cabecilla del Qatargate, el exeurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri, que se ha comprometido a revelar todos los entresijos de la trama a cambio de una pena reducida. A la espera de nuevas revelaciones y nombres, la Eurocámara, por su parte, se ha comprometido también estos días a seguir reforzando sus sistemas de vigilancia y transparencia. Paradójicamente, en estos días se ha sabido que numerosos eurodiputados, incluida la presidenta Roberta Metsola, han declarado, con mucho retraso, los viajes pagados por terceros, a pesar de que las normas exigen hacerlo en el mes posterior a la visita realizada.
La respuesta del tribunal belga supone un nuevo revés para la defensa de Kaili, que ya había solicitado en una primera vista, el 22 de diciembre, la libertad vigilada para su cliente. Además, los abogados denunciaron este jueves como “tortura” las condiciones vejatorias a las que la exvicepresidenta fue sometida la semana pasada en el marco de un interrogatorio por el Qatargate. Según explicaron tras la audiencia, Kaili fue mantenida incomunicada entre el miércoles 11 y el viernes 13 de enero por orden del juez de instrucción que lleva el caso, Michel Claise. En ese lapso, durante 16 horas, fue sacada de la cárcel para ser interrogada, tiempo durante el cual “permaneció en una célula policial y no en prisión. Hacía frío, se le negó una segunda manta, le quitaron el abrigo, la luz permaneció constantemente encendida, lo que le impedía dormir, tenía la regla con mucho sangrado y no se le permitió lavarse”, relató su defensor griego, Michalis Dimitrakopoulos. Una conducta, afirmó, que “viola la convención europea de derechos humanos”, y son hechos propios de la “Edad Media”. “Eva Kaili afronta acusaciones, pero existe la presunción de inocencia. ¡Estamos en Europa!”, insistió el abogado, que llegó desde Atenas para la audiencia.
Aunque no se le ha dado una razón oficial para mantener incomunicada a Kaili, su abogado belga, André Risopoulos, señaló que los tiempos coinciden con los días en que Panzeri estuvo negociando el acuerdo con la Fiscalía por el que ha aceptado contar toda la trama de corrupción a cambio de una pena reducida. Risopoulos también ha manifestado su incomprensión por las condiciones “difíciles” de detención —solo ha visto a su hija de 23 meses en dos ocasiones desde su detención el 9 de diciembre— en que permanece la que por el momento es, ha recordado, “la única política” en activo retenida por este caso.
Mientras en Bruselas se desarrollaba la parte judicial del Qatargate, en Estrasburgo, los eurodiputados volvían esta semana a debatir normas más duras para mejorar los controles y la transparencia de la institución. En una muestra de que el problema no está necesariamente en reforzar las reglas, sino quizás más bien en cumplir las ya existentes, se ha sabido que, desde que estalló el Qatargate ―pero sobre todo en estas primeras semanas de enero―, varios eurodiputados se han precipitado a declarar antiguos viajes pagados por terceras partes —países o instituciones no ligadas a la UE— de los que deberían haber informado nada más realizarlos.
Código de conducta
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El código de conducta del Parlamento Europeo establece que este tipo de viajes debe ser declarado —mediante un formulario que cada eurodiputado debe rellenar y enviar a los servicios administrativos antes de publicarlo en su página web— como tarde el último día del mes posterior a la fecha del traslado, igual que los regalos recibidos (que además no deben superar los 150 euros). La norma, sin embargo, lleva años siendo ampliamente ignorada.
Entre los que han realizado el trámite con retraso destaca la eurodiputada socialista belga Maria Arena, muy afectada por el Qatargate por su proximidad con Panzeri. La expresidenta del subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo —puesto del que dimitió la semana pasada— solo publicó el 10 de enero sendos viajes realizados meses atrás a Líbano, Qatar y Burkina Faso. Entre la al menos decena de eurodiputados que han publicado en enero viajes antiguos figura también el español José Ramón Bauzá (Ciudadanos), que hasta el escándalo era miembro del Grupo de Amistad Qatar-UE. El 12 de enero, registró un viaje realizado en mayo de 2022 a Baréin, otros dos en marzo a Qatar y Emiratos, así como uno en 2021 a Italia y otro a Polonia en 2020. Los últimos viajes realizados a finales de 2022, a Arabia Saudí, Indonesia e Israel, los registró dentro del tiempo establecido, el mismo 9 de diciembre que estallaba el Qatargate.
La propia presidenta Metsola ha publicado entre el 11 y el 13 de enero cinco viajes realizados el año pasado en los que el organizador cubrió una parte de los gastos, en general el hotel. Fuentes de su equipo señalan que fueron casos puntuales por cuestiones de seguridad, y que la publicación, a la que ella no está obligada, responde a una “muestra sin precedentes de transparencia” de su parte. De igual modo, señalan, ha revelado estos días la lista del centenar largo de regalos recibidos desde que asumió la presidencia del Parlamento Europeo hace ahora un año. “Son regalos protocolarios que recibe en nombre de la institución, no son personales y nunca se los queda”, subrayan. En el pasado, agregan, otros presidentes de la Eurocámara —y no todos, precisan— declararon los regalos recibidos de una sola vez al final de su mandato, pero Metsola “en el contexto actual, quería ser lo más transparente posible” y ha adelantado el trámite.
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