Un incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez ha dejado al menos 37 muertos en la madrugada de este martes, según ha confirmado una fuente del Gobierno de Chihuahua. La misma fuente atribuye el accidente a una quema de colchones. “Es una tragedia”, ha señalado a EL PAÍS. Las víctimas son migrantes que estaban detenidos en las instalaciones del centro federal. Habían sido arrestados ese mismo día en la ciudad fronteriza y estaban aparentemente dentro de cuartos con candados, según esta fuente. Hay otras 10 personas heridas de gravedad.
Este lunes, agentes del Instituto Nacional de Migración detuvieron a más de 70 personas en Ciudad Juárez por presuntos disturbios en la vía pública. Después los instalaron en varias celdas del lado izquierdo del edificio, que depende del Gobierno federal. Una fuente estatal ha apuntado que fueron los propios migrantes quienes “incendiaron las colchonetas que tiene el edificio como señal de protesta y el fuego se fue propagando”. Las primeras imágenes muestran decenas de cuerpos apilados a las afueras del inmueble, que está situado en el Puente Internacional Stanton-Lerdo. Tanto los bomberos como la Guardia Nacional han acudido al lugar a atender a las víctimas. La Fiscalía General de la República ha asumido la investigación.
Ciudad Juárez se ha convertido en una olla a presión ante la llegada de numerosos grupos de migrantes que tratan de cruzar al norte o, mientras tanto, buscar asilo en México. La región vive un flujo migratorio récord, con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022 y, de acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el flujo migratorio aumentó un 8% en territorio mexicano. El pasado diciembre se pulverizó cualquier registro migratorio: los agentes fronterizos estadounidenses detuvieron a 251.487 personas, esto es, de media, más de 8.000 personas al día. En el mismo mes, pero de 2019, apenas fueron 40.000.
De estos detenidos, según los datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, por sus siglas en inglés), a 202.000 se les aplicó el llamado Título 8, que permite deportarlos a sus países de origen, y el resto, casi 50.000, fueron enviados a México bajo el polémico Título 42. Esta vieja directiva, que fue resucitada por Donald Trump, permite rechazar a ciudadanos extranjeros, solicitantes de asilo incluidos, alegando motivos sanitarios, en este caso la pandemia de coronavirus. Un pretexto rechazado por las organizaciones de derechos humanos y que el Gobierno de Biden todavía no ha retirado. Esta medida ha provocado que miles de migrantes se queden varados en México sin posibilidad de refugio ni ayuda.
En este contexto, con México como una tensa sala de contención y bajo la presión de los Estados republicanos, con Texas a la cabeza, Biden anunció el 5 de enero la implantación de un nuevo programa para otorgar cada mes 30.000 permisos especiales a migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua que entraran por vía aérea al país.
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