Ana Urchueguía, alcaldesa socialista de Lasarte-Oria (Gipuzkoa) entre 1986 y 2010 y uno de los rostros de la política municipal vasca que encarnó la resistencia frente a ETA, ha sido condenada esta semana a a 18 años de inhabilitación tras llegar a un pacto con la Fiscalía y admitir que malversó dinero público durante casi una década. Urchueguía siempre había negado de forma categórica —en el juzgado, en el Parlamento y en el Ayuntamiento— haber cometido cualquier tipo de irregularidad, pero finalmente sí ha admitido que hizo un uso indebido de fondos al enviar 2,1 millones de euros, a lo largo de nueve años, al municipio nicaragüense de Somoto, con el que Lasarte-Oria estaba hermanado, para financiar proyectos de cooperación. La exalcaldesa, que este año cumple 71 años, está alejada de la política desde 2012. Su partido, el PSE-EE, le retirará el carné de militante en cuanto el juez valide el acuerdo y firme la sentencia.
Urchueguía ha firmado un documento de conformidad con la Fiscalía y las acusaciones particular y popular en el que confiesa ser autora de los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. Las ayudas y subvenciones que concedió por decreto entre 2000 y 2009 para costear proyectos sociales en Somoto fueron aprobadas “al margen de la legalidad” y siendo ella “conocedora de la infracción”. La Fiscalía le ha aplicado el delito de malversación atenuada, introducido en el Código Penal por la reforma acordada entre el Gobierno y ERC el pasado diciembre, por lo que no habrá pena de prisión, porque no se ha probado que la exregidora se apropiase de dinero ni que se produjera un grave daño al servicio público. Así, la condena es de 18 años de inhabilitación y multa de 2.190 euros.
La exdirigente socialista no quiere hacer declaraciones. Su última intervención pública sobre este caso se dio en abril de 2011 en el Parlamento vasco: “Todo el dinero que se ha mandado a Somoto se ha gestionado perfectamente y hasta el último céntimo se ha dedicado a proyectos de cooperación”, dijo entonces. Insistió en lo mismo cuando compareció en la comisión de investigación del Ayuntamiento de Lasarte-Oria. Y en 2015 también defendió su inocencia ante el juez. Ahora, antes de que se iniciara el juicio y en vísperas de la campaña electoral del 28-M, Urchueguía entona el mea culpa.
En Lasarte-Oria (18.250 habitantes) nadie consiguió nunca discutirle a Urchueguía su tirón electoral: ganó holgadamente en las seis elecciones a las que concurrió entre 1987 y 2007 (las cinco primeras, por mayoría absoluta). Hizo de esta localidad un bastión del socialismo y se ganó el apelativo de “mujer de hierro” por la firmeza y la vehemencia con que se enfrentó al entorno violento, sobre todo después de que ETA asesinara en 2001 a Froilán Elespe, su mano derecha en el Ayuntamiento. Fue elegida Mujer Europa 2002 en reconocimiento a “su ejemplo de tolerancia y democracia” frente “a una minoría intolerante y violenta que pretende apropiarse de la condición de vasco”.
En su confesión se recogen 81 expedientes de concesión de ayudas al municipio nicaragüense de Somoto aprobados “al margen y prescindiendo del procedimiento legal”, y 39 desviaciones de fondos que tuvieron un destino distinto al acordado. Estas conductas se produjeron, siempre según el escrito remitido al Juzgado de Instrucción Número 3 de San Sebastián, sin control financiero y en contra de los reparos que en varias ocasiones hicieron constar el interventor y el secretario municipales.
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El Ayuntamiento concedió subvenciones a partir del año 2000 a la Oficina de Hermanamiento de Lasarte-Oria Somoto (OHLOS), un ente sin personalidad ni existencia jurídica, y también envió fondos desde ese año hasta 2009 a otras dos entidades de Nicaragua: la Comisión de Desarrollo Comunitario y Ayuda al Campo (CDC) y la Asociación de Desarrollo Comunitario (ASODECOM). Urchueguía cedió “por vía de mero hecho” un local comprado por el Ayuntamiento guipuzcoano a favor de OHLOS, y contrató “al margen de la ley” al personal para atenderlo. Durante nueve años tramitó subvenciones a ASODECOM “sin concurrencia competitiva” y sin dar cuenta en los plenos municipales. “La señora Urchueguía dispone personalmente de fondos municipales que aparta de su destino público establecido”, resume el escrito pactado con el fiscal y las acusaciones.
Las irregularidades fueron denunciadas en 2007 por el edil de Ezker Batua (EB) Ricardo Ortega, pero la Fiscalía decidió archivar el caso en 2011. Urchueguía, que también fue senadora y dirigió Euskal Fondoa (la Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes), dejó el Ayuntamiento en 2010 y fue nombrada delegada del Gobierno vasco en Chile y Perú durante la presidencia del socialista Patxi López, cargo en el que cesó tras la llegada de Iñigo Urkullu al poder en 2013.
En 2011, Bildu se hizo con la alcaldía de Lasarte-Oria gracias al apoyo del PNV y de la agrupación local PCLO. Ese año el Grupo Noticias publicó una serie de reportajes en los que se documentaban las supuestas irregularidades de Urchueguía, a quien se implicaba en la compra de hasta seis fincas y propiedades en Somoto. En 2014, el Ayuntamiento se querelló contra su exalcaldesa. El juzgado archivó el caso en 2020 por la falta de colaboración del país centroamericano, pero un año después la Audiencia guipuzcoana ordenó reabrir la causa, que ahora se cierra definitivamente con la confesión de culpabilidad de Urchueguía.
