México y Estados Unidos se enfrentan en una segunda disputa comercial, sobre la prohibición del maíz transgénico, aumentando la incertidumbre del sector privado en el país latinoamericano. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que su país tiene derecho a limitar las importaciones del cultivo para proteger su biodiversidad, mientras que el Gobierno de Joe Biden insiste en que la prohibición está en violación del tratado comercial entre países, el TMEC. Los afectados pudieran ser los agricultores.
El lunes, la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) formalizó una solicitud para llevar a cabo consultas con México sobre una prohibición parcial que México impuso en febrero. Por medio de un decreto, México prohibió la importación de maíz genéticamente modificado para consumo humano, incluyendo la producción del pilar de la gastronomía mexicana, la tortilla. México importa unos 3.000 millones de dólares al año del grano, pero la afectación al sector agricultor, en caso de que México pierda la disputa, pudiera estar entre los 5.000 y 6.000 millones de dólares, estima Juan Carlos Baker, uno de los negociadores del TMEC.
“Y si sumas ambos procesos de consultas, estás hablando de varios miles de millones de dólares en posibles pérdidas para México”, apunta Baker, quien fue subsecretario de Comercio Exterior bajo la Administración federal anterior. “Yo veo que aquí las posturas son muy difíciles de reconciliar”.
El proceso iniciado el lunes es el segundo que EE UU abre con México, después de que en julio la Casa Blanca acusara a López Obrador de violar el acuerdo comercial al limitar los permisos e inversión de empresas privadas para privilegiar a las empresas del Estado. En ese caso, también, especialistas advirtieron serían los agricultores los que pudieran ser afectados.
Esto es porque, si los países no llegan a un acuerdo en las consultas, tendrán que recurrir a un panel independiente. Si el panel falla en contra de México en el caso del sector energético, EE UU pudiera imponer aranceles en el sector agropecuario, el cual depende en gran parte del mercado estadounidense. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el intercambio comercial entre ambos países creció 13% el año pasado, sumando 73.000 millones de dólares. Bajo las reglas del TMEC, explica Baker, la penalización a México sería relativa a las inversiones privadas que han sido afectadas, las cuales se estiman en cerca de 10.000 millones de dólares y se pudieran enfocar al sector agricultor.
“Ojalá no se vaya a panel porque, ciertamente, no sería benéfico para nadie”, opina Baker. El TMEC permite que los países miembros impongan medidas para proteger la salud de sus ciudadanos, siempre y cuando tengan el respaldo científico para ello. Es por esto que EE UU ha argumentado que la postura de México no está basada en el conocimiento científico, ya que no se ha encontrado mayor afectación a la salud o la biodiversidad por cultivos transgénicos.
Por su parte, México ha dicho que las motivaciones de EE UU son políticas, no comerciales, por lo que el país debiera poder imponer su prohibición. “Siento que ha habido una desestimación desde la Secretaría de Economía de los argumentos estadounidenses, y EE UU piénsa lo contrario, que su postura está imbuida de ideología”, dice Baker, “los procesos técnicos para esto son y si esto se mantiene la posibilidad de que lleguen a un panel existirá y será muy alta”.
El martes, en respuesta a las consultas iniciadas por EE UU, el Consejo Nacional Agropecuario, el cual agrupa a empresas del sector, dijo: “La complementariedad e intercambio comercial en Norteamérica, es de suma importancia para la seguridad alimentaria de la región. Juntos, Canadá. Estados Unidos y México seguirán construyendo un sector agroalimentario
más fuerte que coadyuve a superar los retos del futuro”.
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