Cientos, quizá miles, de buscadores de oro brasileños han emprendido un largo viaje a pie y en lancha por la selva para salir de la tierra indígena yanomami y evitar ser detenidos en la megaoperación emprendida por el nuevo Gobierno para expulsarlos. Los 20.000 mineros furtivos que se calcula que operaban en este territorio del tamaño de Portugal ubicado en la Amazonia causan gravísimos estragos los 28.000 nativos yanomamis que lo habitan. La presión ha disparado el precio de huir. Una plaza para escapar en avioneta ronda estos días los 15 gramos de oro (equivalente a 800 dólares) porque los militares han asumido el control del espacio aéreo. Acabar con la minería ilegal, el llamado garimpo, un arraigado oficio en Brasil, fue una de las promesas de campaña del ahora presidente Luiz Inácio Lula da Silva, empeñado en que este país vuelva a ser un modelo, no un villano medioambiental.
Lo que en su día fue una actividad de aventureros buscavidas o pobres desesperados, retratada como nadie por Sebastião Salgado, hoy es una actividad industrial que requiere maquinaria pesada y en la que incluso participa el crimen organizado. La tierra yanomami, riquísima en minerales, una de las mayores y más inaccesibles de Brasil, está horadada por la minería ilegal. Ubicada en la frontera de Venezuela, son casi 400 aldeas repartidas en 100.000 kilómetros cuadrados que desde los ochenta están protegidas por ley.
El Gobierno de Lula ha emprendido en los últimos días una megaoperación en la que participan diversos organismos públicos para echar a los miles de furtivos, asfixiar el lucrativo negocio y atender la crisis sanitaria causada por su presencia entre los indígenas yanomami. Decenas de niños han muerto por enfermedades tratables y las fotos de críos famélicos han causado un fuerte impacto en los brasileños.
Las autoridades han incentivado el éxodo al cortar las vías de suministro de comida y combustible. Sin lo básico para vivir en las improvisadas aldeas creadas junto a los yacimientos y sin la gasolina para operar la maquinaria o ir y venir en avioneta, los garimperos han emprendido la huida en un sálvese quien pueda. Agentes armados del Ibama, la agencia de protección ambiental, confiscaron y quemaron esta semana un helicóptero, una avioneta, un hangar, cinco mil litros de combustible y una tonelada de alimentos. Los agentes desplegados no detienen a nadie, los fichan. El trasiego de vuelos clandestinos, pero tolerados, eran constante, con unos 400 diarios, porque hasta allí solo se puede llegar por el río Uraricoera o por el aire. Ahora solo se pueden usar los pasillos aéreos controlados por los militares.
El respaldo explícito del anterior mandatario, Jair Bolsonaro, a la minería ilegal, combinado con el aumento del precio internacional del oro y la crisis económica, desató una nueva fiebre del oro en la tierra yanomami y otras pobladas también por aborígenes. Ese cóctel disparó el atractivo de una actividad prohibida por la Constitución brasileña a los foráneos en todas las tierras indígenas y reservas naturales. El desembarco de miles de garimpeiros ha multiplicado sus efectos nocivos tanto para la salud como para un modo de vida milenario.
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Los daños son de toda índole, explica la antropóloga Luísa Molina, del Instituto Socioambiental. Desde los más obvios como enfermedades o deforestación, hasta el ruido de las dragas, que ahuyenta la caza, el mercurio para separar el oro que mata la pesca y envenena a los nativos, la cooptación de indigenas que al dejar de cultivar y pescar llevan a sus familias a depender de la comida de los blancos, violaciones de indígenas, explotación sexual, inseguridad porque proliferan las armas, más conflictos internos entre los propios nativos.
Los líderes yanomami denuncian hace años la invasión de los furtivos sin que las autoridades tomaran medidas contundentes para echarlos. “Además de atención sanitaria urgente, lo que más necesitamos es protección permanente de nuestro territorio, especialmente en las zonas fronterizas donde viven los moxihateteas [yanomamis no contactados]. Esto no debe volver a ocurrir”, dice Davi Kopenawa en un comunicado de la ONG Survival Internacional.
Los indigenas estiman que, antes de esta operación, los garimpeiros sumaban unos 20.000 porque eran “monitoreados vía satélite y con sobrevuelos”, explica al teléfono Molina. “Cortarles el suministro de combustible es fundamental para impulsar su salida, pero también hay que bloquear los accesos, inutilizar las pistas de aterrizaje, controlar el tráfico aéreo…”, detalla la especialista. Y considera imprescindible introducir controles en la cadena de compraventa del oro, que ahora depende de una declaración de buena fe.
Y eso da pie a situaciones escandalosas. El estado de Roraima, donde está la tierra yanomami, exportó oro en 2019 aunque no tiene una sola mina legal. La minería en general, lícita e ilícita, ha vivido un fuerte aumento en Brasil. La superficie de la que se extraen minerales se ha multiplicado por seis en 35 años, tres de cada cuatro explotaciones están en la Amazonia y un dato aún más impactante, en 2020, las operaciones ilegales superaron en territorio a la minería legal, según un detallado informe de Mapbiomas. Justo un año después de la llegada al poder del ultraderechista Bolsonaro, partidario de priorizar la explotación económica de Amazonia a frente al daño ecológico.
El Ejecutivo de Lula ha puesto el foco en esta rincón del país donde viven los yanomami porque ha derivado en una grave crisis sanitaria, pero, recalca Molina, este es un problema que se extiende a otras tierras indígenas en Estados como Pará y Mato Grosso.
La minería ilegal ya no es artesanal, sino una actividad industrial que requiere mano de obra —suelen ser hombres pobres— para operar las dragas, pero también capitanes de lancha, pilotos de avioneta, cocineras… van formando aldeas con pequeñas tiendas, bares, cabarés, prostíbulos… El pago en oro está a la orden del día.
En el caso de los yanomami, el desembarco de miles de hombres blancos en busca de oro y otros minerales preciosos como la casiterita (de la que sale el estaño) unido a que el anterior Gobierno dejó en mínimos la atención básica a los indígenas en aquel remoto territorio causaron una crisis sanitaria gravísima. Una médico que trabajó allí casi un año ha contado a la revista Piauí que dejó “a los yanomami por miedo a morir” ante el aumento de la violencia y que, ante la falta de lo más básico, había que activar soluciones indeseables y caras: “He tenido que pedir una transferencia aérea para un paciente con malaria porque no tenía medicación”, explica tras relatar que “la mayoría de los puestos sanitarios estaban desabastecidos”. Sin guantes, mascarillas, camillas, oxígeno o medicamentos intravenosos, pacientes que podrían haber sido tratados allí mismo de enfermedades comunes y prevenibles tenían que ser evacuados en helicóptero.
Mientras decenas de médicos y enfermeras se han desplegado para atender a los yanomami, los más enfermos graves han sido trasladados a la ciudad y los militares lanzan comida desde el aire, una riada de mineros furtivos huyen por miedo a ser detenidos. La incógnita es a dónde se van a dirigir, si a Venezuela, si a otras tierras indígenas y reservas naturales o si recibirán algún tipo de ayuda social como propone el gobernador de Roraima, donde uno de cada diez habitantes vive del garimpo. A pie huyen los peones. Los dueños del negocio probablemente escaparon en avión y mantendrán un perfil bajo hasta que pase la tormenta o mientras las autoridades les dejen.
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