El proceso de retirada de los vestigios franquistas en localidades canarias, en especial, Santa Cruz de Tenerife, se ha topado con un nuevo obstáculo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido de forma cautelar el catálogo de vestigios franquistas, que desarrolla las leyes de Memoria Histórica de 2007 y de Memoria Democrática de 2022, porque no se había publicado íntegramente en un boletín oficial, algo que le deja sin eficacia jurídica. El documento ―recurrido por la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces― propone a los ayuntamientos qué elementos conviene retirar de sus calles porque hacen homenaje a la dictadura. El Gobierno de Canarias entiende que, aunque el tribunal haya estimado la reclamación del colectivo, muy activo en la defensa de los vestigios franquistas, el auto no cuestiona el catálogo, ni entra en el fondo de la ley, y que el defecto de forma apreciado en su resolución “se resuelve publicando íntegramente” el catálogo en el boletín oficial de la comunidad autónoma (BOC), algo que, aseguran, se hará “inmediatamente”.
El tribunal ―formado por los magistrados Juan Ignacio Moreno-Luque Casariego, Jaime Guilarte Martín–Calero y Evaristo González González― argumenta que la orden de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias publicada en el Boletín Oficial Canario, con la que supuestamente entraba en vigor, no iba acompañada del contenido íntegro del catálogo, sino que remitía a la web de la Consejería de Educación. “La publicación de toda decisión administrativa (…) ha de ser íntegra y en el boletín oficial que le corresponda”, aseguran los magistrados en su resolución, dictada el 28 de abril y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. “ No cabe remisión a una página web de una Consejería cuyo contenido, además, podría ser variado por el departamento administrativo que tiene el control de la misma”.
Solo en Santa Cruz de Tenerife perviven al menos 79 vestigios franquistas —monumentos, nombres de calles, escudos, distinciones…—, según recoge este catálogo, elaborado por el Ejecutivo regional siguiendo la norma autonómica aprobada en 2018. Destaca, sobre todo, el llamado Monumento al dictador Francisco Franco ubicado desde 1966 en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, el último de cuantos quedan en España dedicado al dictador. Los responsables del Ayuntamiento (gobernado por Coalición Canaria o sus precursores de forma casi ininterrumpida desde 1983) resisten demandas, presiones del Ejecutivo regional (PSOE, Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera), estudios o peticiones de las asociaciones de memoria histórica.
En la primera versión del catálogo se recogen los monumentos de la capital tinerfeña. Este aspecto constituye, precisamente, el principal argumento del alcalde, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), para resistirse a la retirada de los vestigios de la dictadura. “Santa Cruz de Tenerife lleva años retirando simbología de origen franquista”, aseguró recientemente por escrito a este periódico el primer edil. “Lo que está reclamando esta capital es seguridad jurídica para aplicar la ley”. “PSOE y Podemos pretenden hacer ver que se trata de un catálogo de ámbito autonómico, pero que curiosamente solo hace referencia a vestigios de un municipio, Santa Cruz de Tenerife, precisamente el único que hizo sus deberes hace ya años”, añadió. El viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez (Podemos), aseguró en noviembre, por su parte, que “la inseguridad jurídica se genera al no cumplir la ley”. “Lo razonable, y así lo avalan los informes de los servicios jurídicos, es que se vaya completando a medida que lleguen las aportaciones de los demás municipios”, añadió.
Este ese el segundo revés que el Gobierno canario sufre en el tribunal superior canario este año en su intento por desmantelar los recuerdos más significativos de la dictadura que permanecen aún en las islas. En enero, la misma Sala que ha suspendido el catálogo acordó proteger de manera cautelar el monumento de homenaje a Franco erigido en el centro de Santa Cruz de Tenerife (una escultura de Juan de Ávalos) hasta que se resuelva el recurso presentado por una asociación contra la decisión del Cabildo de la isla de no declararlo bien de interés cultural. En este caso, el colectivo que logró la protección temporal del monumento fue la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel. En aquella ocasión, el tribunal superior consideró que la ley prevé “la posibilidad de reinterpretación o significación” del monumento “en toro sentido al que pudiera tener como monumento franquista”, informa Efe.
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