La Audiencia Nacional ha acordado imputar al empresario y exdirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) David Madí en el marco de la investigación que se sigue por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos a la empresa Ambulancias Egara por parte de la Generalitat de Catalunya, una derivada del conocido como ‘caso 3%’.
Así consta en una providencia de 6 de marzo del juez instructor Santiago Pedraz, avanzada por Europa Press, en la que además se incluye a otras siete personas, a las que también se les otorga la calidad de investigados en la causa. Se trata del propietario de la empresa Ambulancias Egara, Óscar Simón; de José Ramón y Manuel Castarlenas, de la consultora RCM; y de los empresarios María José Cordovilla, Juan Alberto Arqués, Fermí Ferrán y Alejandro García-Gascón.
En la resolución judicial se adelanta que el magistrado tomará declaración a todos ellos, si bien antes de poner fecha a la misma les requiere que designen abogado para su representación legal “en aras del derecho de defensa”. Señala que una vez designado el letrado les trasladará todo lo actuado en la causa.
La decisión de Pedraz atiende a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que interesó esas imputaciones apoyándose en el atestado policial que obra en la causa y en las entradas y registros acordados con anterioridad en la sede de la empresa sanitaria.
El magistrado acordó la entrada y registro el pasado 2 de marzo en la sede de Ambulancias Egara en Terrassa (Barcelona), en las dependencias de una unión temporal de empresas (UTE) en Lleida, y en una consultora de Barcelona, para localizar documentación sobre esas presuntas adjudicaciones irregulares del servicio de transporte de pacientes cuando estaba al frente del Govern CDC.
Las pesquisas se centran en hallar indicios relativos a la adjudicación de tres lotes del concurso sanitario de Cataluña en 2015 a una UTE de la que participaba Ambulancias Egara.
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Se da la circunstancia de que Madí ya fue condenado en octubre de 2022 en el marco del ‘caso Triacom’ por el Juzgado Penal 23 de Barcelona a 14 meses de prisión y una multa de 219.750 euros tras el juicio contra él y otros siete acusados por una trama de facturas falsas en 2011 en la que participó como cooperador necesario para defraudar a Hacienda.
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