El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Luis González Alcántara ha propuesto declarar inconstitucional la reforma del Congreso que transfirió al Ejército el control de la Guardia Nacional. Este cuerpo de seguridad fue creado en marzo de 2019 como una institución de carácter civil —semejante a una policía federal—, pero una reforma legislativa impulsada por el Ejecutivo lo convirtió en un apéndice castrense de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El ministro González Alcántara señala en un proyecto de sentencia que dicha reforma viola la Carta Magna, que prohíbe expresamente la participación del Ejército Mexicano en labores de seguridad pública en tiempos de paz.
El documento, que aún debe ser votado por el pleno de la Suprema Corte, supone un golpe a una de las reformas prioritarias del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente mexicano ha insistido en que la Guardia Nacional requería de la coordinación y la disciplina que solo están presentes en las Fuerzas Armadas, a las que su Administración ha conferido cada vez mayores facultades en los asuntos públicos.
“De la jurisprudencia interamericana, de los precedentes más recientes de este Tribunal Pleno y del texto constitucional se extrae que la Fuerza Armada permanente sólo puede realizar tareas de seguridad pública en contextos de estricta excepcionalidad. Su participación debe estar regida por la absoluta necesidad y, por lo tanto, no puede ser permanente”, cita el proyecto de acción de inconstitucionalidad 137/2022. “Para tal fin, la rendición de cuentas y la revisión periódica juegan un papel fundamental: su actuación debe ser en todo momento fiscalizada. Además, la Fuerza Armada solamente puede actuar de manera subordinada y complementaria a las instituciones de seguridad pública y a sus titulares. Finalmente, para que estas salvaguardas sean efectivas, la actuación militar debe estar regulada”, señala el texto del ministro.
El recurso ante el Supremo fue promovido por senadores de oposición que argumentaron que la reforma oficialista viola, entre otros, el artículo 21 de la Constitución, que define a la Guardia Nacional como un cuerpo civil bajo el mando —civil también— de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Al tenor del partido en el Gobierno, Morena, la mayoría oficialista fraccionó los términos constitucionales y, mediante una reforma a leyes secundarias de septiembre de 2022, estableció que la GN seguiría estando adscrita a la Secretaría de Seguridad, pero que el Ejército se haría cargo de su control operativo, presupuestario y administrativo. Para la oposición en el Congreso y colectivos ciudadanos, la reforma significaba en los hechos la militarización de la seguridad pública, pues permitía a elementos castrenses hacer las tareas de los policías en las calles.
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