El deterioro del peso argentino se acelera y al Gobierno de Alberto Fernández le cuesta cada vez más convencer a los ahorristas para que no huyan hacia el dólar. Este jueves, el Banco Central argentino subió 10 puntos los tipos de interés en una sola jornada, hasta el 91%. La moneda nacional perdió desde el lunes más del 5% de su valor, en un escenario de alta inflación y falta de confianza. Esta es la segunda subida de tipos en dos semanas, luego de que la inflación trepara hasta el 104,3 interanual en marzo. El jueves pasado, el directorio del Banco había subido la tasa solo tres puntos, hasta el 81%, y pagó muy cara su tibieza: el dólar en los mercados no oficiales se disparó desde los 400 hasta los 495 pesos en solo tres jornadas, evidencia de que los ahorristas esperaban mucho más para no desprenderse de sus pesos.
El objetivo del Banco Central es que los tipos de interés se mantengan al menos por encima de la inflación. A eso se comprometió con el Fondo Monetario Internacional en el acuerdo de refinanciación firmado en enero de 2022. La tasa nominal anual efectiva subirá ahora hasta el 140%, unos 20 puntos por encima del IPC proyectado para diciembre. Pero la disparada de los precios lo obliga a tomar medidas cada vez más dolorosas. Una tasa de interés estratosférica no solo es una losa para el crecimiento de la economía, sino también para la capacidad de financiación de un Estado que hoy tiene cerrado el grifo del financiamiento internacional. El Gobierno lleva acumulados desde enero unos 2,5 billones de pesos (unos 11.000 millones de dólares al cambio oficial) en concepto de intereses por las letras emitidas bajo legislación local, las llamadas Leliq. Con esta nueva subida de tipos, esos intereses subirán a razón de un billón de pesos por mes, según cálculos publicados por la agencia Bloomberg.
El Gobierno corre detrás de la crisis económica con cada vez menos poder de fuego. El martes, cuando el peso estaba bajo ataque, el ministro de Economía, Sergio Massa, vendió reservas para satisfacer la demanda de dólares en el mercado. Tuvo antes que avisar de la maniobra al FMI, que en el marco del acuerdo que mantiene con Argentina le prohíbe gastar los pocos dólares que tiene el Banco Central para defender el peso. Massa ya había advertido por Twitter que usaría “todas las herramientas del Estado para ordenar la situación”. Y adelantó que desde este mismo jueves discutiría con el Fondo un nuevo programa que tenga en cuenta la debacle que supuso para el plan de ajuste la sequía.
La expectativa de la Casa Rosada es que el FMI adelante a junio los 11.000 millones de dólares que prometió hasta diciembre de 2023, y compense así los 20.000 millones que se perderán en concepto de exportaciones agroindustriales. El objetivo final es al menos llegar a las elecciones generales de octubre sin necesidad de devaluar el peso, lo que supondría enterrar cualquier aspiración electoral de los candidatos del Gobierno.
Las perspectivas no son buenas. La política mete ruido en la crisis e impide cualquier plan de estabilización de largo plazo. Evidencia de la gravedad de la situación es que el ministro Massa es hoy el hombre más poderoso del Gobierno. El presidente, Alberto Fernández, renunció la semana pasada a la posibilidad de una reelección y dejó en manos de su ministro la gestión de la crisis. Massa, que no oculta su aspiración de llegar a la Casa Rosada, tiene por ahora el apoyo de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.
El ministro de Economía lleva una semana buscando conejos en la galera. Además de usar reservas internacionales para sostener el peso, anunció que Argentina usará yuanes para saldar las importaciones chinas, que el año pasado ascendieron a 17.502 millones de dólares. El ministro convocó además a sindicatos y empresarios a un “gran acuerdo de estabilidad por 90 días” para mantener a raya la inflación. El peronismo está hoy en manos de Massa y de una exitosa renegociación con el FMI. La gran duda es si el salvavidas llegará a tiempo.
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