La defensa de Emilio Lozoya quiere que Enrique Peña Nieto regrese a México a enfrentar la justicia. El abogado Miguel Ontiveros solicitó ante el juez que se pida la extradición del expresidente mexicano y lo señaló como el máximo responsable de la trama de corrupción del caso Odebrecht. “Hay suficientes pruebas que señalan al expresidente de México Enrique Peña Nieto como responsable de la operación de un aparato de poder enfocado en la corrupción y por eso creemos que hay suficientes condiciones para que Peña Nieto sea extraditado desde España”, ha señalado el abogado antes del arranque de la audiencia.
La Fiscalía General de la República (FGR) pide 46 años de cárcel para el exdirector de Petróleos Mexicanos por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. El juez Gerardo Genaro Alarcón escuchó por parte de la defensa de Lozoya que se encuentran en vías de materializar un acuerdo reparatorio entre el imputado y Pemex. A cambio, los representantes de la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la petrolera estatal se manifestaron a favor de suspender la audiencia intermedia en el caso Agronitrogenados, por el que también está vinculado Lozoya.
Lozoya fue detenido en España en febrero de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año. Desde entonces, ha negociado con las autoridades para ser una especie de testigo colaborador de la investigación y finalmente ha acabado sentado en el banquillo de los acusados. El exdirector de Pemex ha asegurado que los sobornos millonarios que recibió de la constructora brasileña Odebrecht sirvieron para aprobar la reforma energética de 2014, previo pago a legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN). “La denuncia es pública y creemos que es sólida, tal y como lo confirmó el presidente de la República de que está probado de que senadores y diputados del PRI y PAN recibieron sobornos para la aprobación de la reforma energética”, ha agregado Ontiveros antes de entrar a la audiencia.
Lozoya fue coordinador de la campaña internacional de Peña Nieto durante las elecciones presidenciales de 2012, cuando recibió el pago de 10 millones de dólares de Odebrecht a cambio de un trato preferente en la adjudicación de obras y contratos. Así lo dijo Luis de Meneses Weyll, el jefe de Odebrecht, a las autoridades de Brasil y así lo reclamó la FGR en la causa judicial.
En su denuncia, Lozoya ha declarado que conocía a Meneses Weyll desde antes de la campaña del PRI y que tenía una buena relación con él porque le había asesorado en varios negocios. A partir de 2011 la relación se intensificó cuando Peña Nieto y Luis Videgaray, jefe de la campaña y después, secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, le pidieron que fuera el coordinador de Asuntos Internacionales. “Teniendo como una de las encomiendas el gestionar recursos de empresas extranjeras para financiar la campaña electoral. Esto era así puesto que había que cubrir muchos gastos en asesores extranjeros y nacionales, así como en otros rubros”, señala Lozoya.
En otra parte de su declaración, el exdirector de Pemex narra cómo se volvió a reunir con el directivo de Odebrecht a petición del expresidente y exsecretario. “A principios de 2012, tuve una reunión en una cafetería denominada El Globo, ubicada en Prado Sur, Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, con Luis Weyll, a petición de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, quien fungió como coordinador de la campaña presidencial”.
De acuerdo a una investigación publicada por EL PAÍS, el gobierno de Andorra también parece estar tras los pasos del expresidente y pidió a Estados Unidos investigar los vuelos que Peña Nieto hizo en los aviones de su abogado, Juan Collado, encarcelado por lavado de dinero y delincuencia organizada, según un informe policial. La Policía de Andorra sostiene también que Collado, que desde mediados de 2019 permanece encarcelado en el reclusorio norte de Ciudad de México, abonó un tratamiento médico en un hospital de EE UU por valor de 91.000 euros a una hija del exmandatario. El exdirigente del PRI ha negado estas afirmaciones.
El proceso judicial contra Lozoya es la prueba de fuego más importante de todo el sexenio para una Fiscalía cuestionada y urgida de resultados y para un Gobierno que llegó al poder con la consigna de acabar con la corrupción del antiguo régimen. El juez de control reprogramó la audiencia intermedia de Emilio Lozoya para el próximo 18 de julio a las 12.30 del mediodía.
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