La Policía Federal de Brasil registró este miércoles la casa de Brasilia donde viven el expresidente Jair Bolsonaro y su familia. La operación, lanzada por sorpresa, buscaba aclarar si el líder de la extrema derecha y su entorno manipularon sus cartillas de vacunación para fingir que estaban inmunizados contra la covid-19 y así poder entrar en EE UU. Bolsonaro no fue detenido, pero se espera que sea interrogado durante esta misma jornada. Además, tanto su celular como el de la antigua primera dama, Michelle Bolsonaro, fueron confiscados. Bolsonaro negó de forma tajante esa acusación y reiteró que no está inmunizado contra el virus, en declaraciones a un grupo de periodistas frente a su residencia de la capital brasileña.
A lo largo de la pandemia, Bolsonaro siempre puso en duda la seguridad y eficacia de las vacunas, llegando a difundir bulos como que había estudios que las vinculaban con un aumento de casos de VIH. Ese negacionismo, al menos de cara a la galería, se tradujo en un grave retraso en las negociaciones para la compra e importación que atrasó la campaña de inmunización. Bolsonaro siempre dijo que no iba a vacunarse, pero siempre hubo sospechas sobre lo que hizo en realidad. En enero de 2021, el Gobierno impuso un secreto de cien años sobre su cartilla de vacunación.
“Nunca me han pedido el certificado de vacuna en ningún lugar. No tomé la vacuna y punto final”, afirmó este miércoles ante la prensa. “No tomé la vacuna y fue decisión mía”, insistió Bolsonaro.
Según la policía, la inserción de datos falsos sobre las vacunas en los sistemas informáticos del Ministerio de Salud se produjo entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022. Los beneficiados serían el propio Bolsonaro, su hija Laura, de 12 años, Cid Barbosa, su mujer y una hija. Según informó la policía en una nota oficial, “de esta forma tales personas pudieron emitir sus respectivos certificados de vacunación y utilizarlos para burlar las restricciones sanitarias vigentes impuestas por los poderes públicos (Brasil y EEUU) destinadas a impedir la propagación de la enfermedad contagiosa”.
La manipulación de los documentos de vacunación pretendía, sostiene la policía, “mantener cohesionado el elemento identitario en relación con sus pautas ideológicas, y sostener el discurso dirigido a los ataques a la vacunación contra la covid-19″. El nombre con el que la policía bautizó la operación también incide en la incoherencia del discurso de Bolsonaro. Se llama Venire contra factum proprium (ir contra tus propios actos).
Problemas judiciales
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La policía ha emitido órdenes de detención contra seis personas del círculo cercano de Bolsonaro. Uno de ellos, el teniente coronel Mauro Cid Barbosa, su ex ayudante, ha sido ya arrestado. Las otras cinco también están ya bajo custodia policial, según la prensa local, aunque no hay aún confirmación oficial de su detención. Se trata del policía militar Max Guilherme, que actuó como escolta presidencial; el militar del Ejército Sérgio Cordeiro, otro escolta; el secretario municipal del Gobierno de la ciudad de Duque de Caxias, en Río de Janeiro, João Carlos de Sousa Brecha, y otras dos personas aún no identificadas.
Además del registro del domicilio de Bolsonaro y los arrestos, la policía ejecutó 16 mandatos de aprehensión de documentos entre Brasilia y Río de Janeiro. Según la policía, los hechos investigados podrían constituir delitos como infracción de medida sanitaria preventiva, asociación criminal, inserción de datos falsos en sistemas de información y corrupción de menores.
Desde que regresó a Brasil tras pasar tres meses en EE UU, los problemas judiciales acechan a Bolsonaro, que ya no goza del escudo legal que le daba la presidencia. En las últimas semanas, ha sido interrogado por la policía en dos ocasiones, en el marco de dos investigaciones diferentes: una por haber intentado apropiarse de forma indebida de valiosas joyas regaladas por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos y otra por su papel como instigador en el intento golpista del 8 de enero en Brasilia. Además, también está siendo investigado por la justicia electoral por un supuesto delito de abuso de poder, al haber usado la presidencia para atacar el sistema de voto. Este es el caso que está más avanzado. A mediados de abril, la Fiscalía pidió inhabilitarlo políticamente durante ocho años.
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