El Consejo Constitucional francés ha rechazado este miércoles una segunda solicitud de referéndum sobre la polémica reforma de las pensiones presentada por un grupo de 252 parlamentarios de izquierda e independientes. Todo apuntaba a que el Consejo iba a rechazar la petición, y así ha sido. Con todo, esto significa un nuevo varapalo judicial para los opositores a la ley que alarga la jubilación de los franceses de los 62 a los 64 años a partir de septiembre y que ha sacudido ―y sacude― el paisaje político y social de Francia.
Ya les van quedando pocas balas a los contrarios a la reforma, que han apelado a todas las instancias con la intención de pararla. Aún queda un último recurso: una iniciativa parlamentaria, que se debatirá el 8 de junio, para intentar derogar la reforma, impulsada por un grupo de parlamentarios regionalistas contrarios a ella. Pero los diputados que se oponen a la reforma no son mayoría, como demostró la moción de censura fracasada contra el Gobierno el pasado 20 de mayo. También queda la bala de la calle, renovada tras las manifestaciones del pasado Primero de Mayo, multitudinarias (810.000 personas, según la policía), con las ocho fuerzas sindicales unidas en un mismo frente, pero con menos adhesión que en otras marchas contra la reforma en marzo. Es decir: el cartucho de la protesta callejera también parece que poco a poco resuena menos.
Con todo, los sindicatos han anunciado una nueva jornada de protesta, la decimocuarta, que se celebrará el 6 de junio, es decir, dos días antes de que la votación de la proposición de ley en la Asamblea.
El Consejo Constitucional argumenta que la iniciativa contra el cambio en las pensiones es inviable debido a que la ley fundamental prevé este tipo de referéndums para llevar a cabo “reformas sobre la política económica y social de la nación”. Y lo que se pretende con la petición, es decir, que la jubilación no pueda alargarse más allá de los 62 años, no reforma nada porque la ley, cuando fue remitida esta solicitud, aún no había sido promulgada.
No es la primera vez que los nueve sabios, como son conocidos los miembros del Consejo, presidido por Laurent Fabius, se pronuncian sobre esta materia. El pasado 14 de abril, el organismo ya rechazó que se pudiera llevar a cabo el referéndum y lo hizo con el mismo razonamiento. Los diputados de izquierda, que se olieron el primer dictamen, presentaron a última hora otra iniciativa, analizada ahora, añadiendo una modificación presupuestaria para dotar a la medida de fondos y darle consistencia de reforma. Pero no ha servido. El hecho de presentar la petición antes de que se promulgara la ley la invalidaba, según el Consejo.
Cambios cosméticos
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El mismo día en que los sabios desestimaron la primera propuesta de referéndum avalaron, en otro dictamen aparte, el grueso de la reforma, exigiendo solo cambios cosméticos en su redacción. Fue la primera victoria judicial para el presidente, Emmanuel Macron, que se apresuró a promulgar la ley al día siguiente y a asegurar que se aplicaría en septiembre. También días después, compareció por televisión y trató de pasar página. Añadió que se daba, a sí mismo y al país, 100 días para calmar los ánimos.
El aval a la reforma fue una derrota para los parlamentarios de izquierda y para los sindicatos, que, aunque noqueados por la resolución, aseguraron que iban a continuar la lucha. A su favor está la opinión pública: un 65% de la población está contra la ley que retrasa la jubilación. El Gobierno, en cambio, la defiende, como ha hecho este miércoles el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, en una entrevista radiofónica en la que ha sostenido que la única manera de encontrar el dinero suficiente para pagar las pensiones es subir la edad de jubilación, o bajar el montante.
Más allá de las controversias, el Consejo ha enterrado la vía judicial. Los sindicatos, pues, se la juegan el próximo 6 de junio. Si la protesta es menos numerosa que la del Primero de Mayo, deberán empezar a convencerse de que han perdido.
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