Un juez ha absuelto a Juanita, una indígena tseltal de 18 años, detenida en marzo de 2022 y acusada de haber matado al hombre que la violó, identificado solo por el nombre de Juan. El tribunal ha asegurado que no existen pruebas en su contra, por lo que la joven ha sido liberada este miércoles del penal número cinco, a 15 kilómetros de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, de acuerdo con el diario La Jornada.
Juan, un hombre 30 años mayor que Juanita, conoció a la joven en un parque de San Cristóbal y la acosó “sistemáticamente” durante un tiempo, ha declarado a la prensa local la abogada Marcela Fernández, de la Colectiva Cereza, una agrupación en defensa de los derechos humanos que ofrece “acompañamiento legal y psicosocial a mujeres en situación de cárcel”. De acuerdo con el relato de Fernández, el 14 de marzo de 2022 el hombre la engañó para que fuera con él a su habitación en el barrio de Guadalupe, la encerró, “le indujo una intoxicación etílica grave y la atacó sexualmente”, recoge El Universal.
Fernández ha explicado también que Juan murió “violentamente, por arma, pero nadie sabe qué pasó, ya que no se esclarecieron los hechos”. Cuando la policía llegó a la casa, encontró el cadáver y a Juanita “visiblemente lesionada y en un estado alterado de conciencia, signos que ignoró el agente del Ministerio Público”. La detuvieron en el lugar y ha permanecido en prisión desde entonces. Este miércoles, un juez ha sentenciado que no hay pruebas que permitan vincular a la mujer con el crimen.
Un peritaje realizado por una psicóloga clínica tseltal acreditó que Juanita fue violada, lo que le generó un “trastorno por estrés postraumático por el agente estresor agudo de la violación que la hizo revivir una violación anterior a los 15 años”, de acuerdo con un comunicado público de Colectiva Cereza difundido hace cuatro días. Según la agrupación, Juan era “un hombre 35 años mayor que Juana, con estudios de secundaria, corpulento y con dos mujeres, que hizo un plan para engañar y someter a Juanita induciéndola de forma obligada una intoxicación etílica y probablemente también química para poder violarla y a la que amenazó con matar si no se dejaba”. Este hecho permitió que las abogadas de Juanita alegaran que la joven sufría un “trastorno mental transitorio”.
Colectiva Cereza cita también el peritaje de un criminalista que al estudiar la escena del crimen aseguró que “el lugar de los hechos estaba alterado y probablemente el cuerpo de Juan había sido manipulado”. Juanita es originaria de San Juan Cancuc, un pequeño pueblo de la región montañosa de los Altos de Chiapas mayoritariamente poblado por indígenas de la etnia tseltal. La joven llevaba tres meses en San Cristóbal trabajando como niñera junto a su hermana, de acuerdo con la agrupación, que ha declarado que la mujer solo habla la lengua tseltal y no sabe leer ni escribir, factores que agudizan su condición de vulnerabilidad para sufrir una agresión sexual.
Para Colectiva Cereza, el caso de Juanita es representativo de “la criminalización de las mujeres indígenas” y “la discriminación, invisibilización y ocultamiento por parte del sistema de justicia de las agresiones sexuales feminicidas de las que son víctimas las mujeres indígenas”.
Un informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) presentado esta semana señalaba también que el proceso de fragmentación comunitaria que sufren los pueblos indígenas de Chiapas —por impacto de la militarización, el crimen organizado o los proyectos extractivistas— está conduciendo al desplazamiento forzado. Mujeres indígenas como Juanita, que se ven obligadas a dejar sus comunidades, son más vulnerables a sufrir diferentes tipos de violencia.
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