Miles de cajas de pilas marca Segalmex acumulan polvo en un almacén al norte de Ciudad de México. Las baterías compradas en 2019 con fondos públicos se acercan a su fecha de caducidad amontonadas en un depósito en la alcaldía Gustavo A. Madero, muy lejos de las tiendas de abasto social para las cuales estaban destinadas. Los mismos artículos se venden del otro lado del Atlántico, en supermercados Carrefour de la ciudad de Varsovia, en Europa del Este, como reveló EL PAÍS la semana pasada. Las piezas a ambos lados del océano retratan el desorden que Seguridad Alimenticia Mexicana (Segalmex) tenía con las compras de insumos para la canasta básica. El proveedor que vendió miles de pilas a la paraestatal asegura que no han querido recibir la mitad del cargamento que ya pagaron y que ha quedado abandonado en sus almacenes. Mientras que el fabricante de las baterías, una empresa polaca, ha explicado que, ante la paralización en las compras desde México, ha tenido que poner el producto a la venta en su país para recuperar los gastos de producción. Ambas empresas afirman que el desorden de la compraventa terminó provocándoles grandes pérdidas económicas.
Segalmex decidió incluir las pilas en la canasta básica en marzo de 2019, y unos meses después acordó una primera compra por unos 15 millones de pesos de estos artículos con la empresa Tempoel México S. A. de C. V. La proveedora, filial de la española Tempel Group, aún guarda en sus bodegas unos siete millones de pesos en pilas al borde de expirar que no ha podido entregar. Junto a esas cajas conservan otros cientos de miles de baterías que compraron para continuar abasteciendo a la paraestatal, que, según dice una representante, les había prometido otras cinco compras más. Esto también impactó a la compañía que fabricó los artículos para vendérselos a Tempel Group, la polaca Rocket Poland Sp. z.o.o. De acuerdo a su versión, habían sobreproducido las baterías con la esperanza de que los pedidos continuaran. Pero Segalmex paralizó la cadena de suministro por irregularidades en los documentos de compra, lo que llevó a las empresas a tener un inventario gigante de producto y miles de dólares en pérdidas.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, la histórica tienda para proveer a los más pobres de productos básicos, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), cambió de nombre en enero de 2019 y pasó a llamarse Segalmex. A su cargo, el presidente nombró a un amigo cercano, Ignacio Ovalle, cuya dirección estuvo marcada por numerosas acusaciones de corrupción. Durante los primeros tres años desde su creación, dentro de la compañía paraestatal rigió un enorme desorden que llevó a gastar cientos de millones de pesos en productos que nunca se recibieron, que no se distribuyeron de manera correcta en las 25.000 tiendas que operan, o que no se pudieron vender porque no eran de interés para las comunidades y terminaron por echarse a perder. Los daños a la Hacienda, en términos monetarios, ascienden a 15.000 millones de pesos.
La dirección de Segalmex llegó a un acuerdo el 23 de septiembre de 2019 para comprar 14,8 millones de pesos sin IVA en pilas con Tempoel México. La paraestatal pagó el total de los productos, pero recibió menos de la mitad. El remanente se volvió un punto de desacuerdo entre las partes. La empresa con matriz en España asegura que ha intentado en varias ocasiones entregar el material, pero que la paraestatal mexicana no lo ha querido recibir. “Toda su mercancía está en un depósito en nuestra bodega, porque Segalmex ‘no tenía espacio’, y así nos lo solicitaron”, ha señalado una representante de la compañía. “Hemos requerido en numerosas ocasiones entregárselas, y no nos la han aceptado por pertenecer a acciones de ejecutivos anteriores”. A su vez, Seguridad Alimentaria ha justificado que no recibió el cargamento por incumplimientos “en las condiciones pactadas” de las entregas, y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Segalmex paralizó la recepción de materiales de algunas compras que había hecho cuando las acusaciones de corrupción estallaron por los aires. En junio de 2020, el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, René Gavira, dejó la dependencia envuelto en señalamientos. Una de las cosas de que se le acusa es haber fraguado contratos ilegales con empresas bajo un concepto denominado “recepción jurídica”, una figura que empujaba a Segalmex a pagar a los proveedores la totalidad de los acuerdos, pero las empresas conservaban los productos hasta que la institución gubernamental les solicitara la entrega. Esta práctica llevó a que los proveedores nunca terminaran de entregar el 100% de lo que se les había comprado, generando un daño a la Hacienda pública.
Tempel Group asegura no entender por qué Segalmex ha dejado en el abandono esos materiales en sus almacenes, pero evalúa la posibilidad de llevar el asunto a la justicia. “Esta situación nos está ocasionando una serie de gastos de almacenaje que todavía debemos cargarles por guardia y custodia de la mercancía. Así como posibles acciones legales por romper los pactos de suministro programados en su día”, detalla la empresa en un correo a este periódico.
Además del contrato que Tempoel México y Segalmex firmaron por los 15 millones de pesos en pilas, la proveedora asegura que habían acordado de palabra otras cinco compras más, pero ni siquiera pudieron completar la primera. Pensando que los pedidos iban a seguir, la empresa decidió encargar miles de cargamentos a la compañía polaca que regularmente les fabrica pilas para vender, Rocket Poland. Esos paquetes continúan parados en los mismos almacenes donde están las pilas que sí pagó Segalmex, según ha podido comprobar este periódico. “La interrupción de este suministro nos ha provocado un sobrestock de aproximadamente 150.000 dólares y que teníamos que haber suministrado al recibir nuevo pedido, una vez entregada la totalidad del primero”, ha explicado Tempel Group.
Rocket, el fabricante de pilas polaco, también se había preparado para más ventas a futuro a instancias de Tempel Group. Había producido lo suficiente para ir surtiendo a su cliente los pedidos que este recibiera de la paraestatal mexicana. Todas esas baterías de marca Segalmex quedaron paralizadas en Polonia, por lo que la empresa decidió meterlas en el mercado europeo para reducir las pérdidas. “Rocket Poland ofrece soluciones de producción de baterías a varios clientes alrededor del mundo. Uno de esos pedidos provino de Tempoel México con la posibilidad de suministrar la marca Segalmex al Gobierno”, ha indicado un portavoz a EL PAÍS en un correo electrónico. “Con el último pedido ya en producción, recibimos información de que no se harían más entregas, incluido el pedido que estaba en curso. Dado que esto ya estaba en producción y Rocket Poland tenía que cubrir los costos de producción, tuvimos que compensar, y esas baterías fueron vendidas posteriormente en Polonia”, ha agregado.
En un reportaje anterior, este diario refirió a otra empresa polaca, Maxx10Group Sp. z.o.o., que vendía las pilas en el mercado europeo a través de internet, pero este es solo un distribuidor de existencias. Rocket Poland ha reconocido ser la productora que surtió a Tempel Group, y ha aclarado que ni Tempel ni Segalmex le revendieron los artículos. “No es el caso de que alguna de las partes le haya revendido las pilas a Rocket. Se trata simplemente de un proyecto cancelado (es la información que recibimos) donde tuvimos que compensar los bienes para cubrir los costos de producción”, ha explicado el portavoz de Rocket.
El caos que rigió puertas adentro en el organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura generó no solo un daño millonario a las arcas públicas, sino grandes pérdidas para las empresas que aún tienen miles de pilas con el sello del Gobierno mexicano. Tras la difusión del caso, Segalmex aseguró que había denunciado en julio de 2022 la comercialización de productos con su nombre en Europa. Mientras la investigación navega en la Fiscalía, las baterías que pertenecen a la compañía paraestatal esperan a ser despachadas antes de vencerse el próximo octubre.
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