A las puertas del 28-M y entrada ya la campaña electoral, Unidas Podemos tiene previsto registrar este martes en el Congreso una proposición de ley para prohibir que las campañas se financien a través de créditos bancarios. La modificación de la Ley Electoral (LOREG) propuesta por el grupo parlamentario busca también acabar con las subvenciones para el envío de papeletas y propaganda en el caso de las elecciones generales y europeas. A través de un único artículo que introduce hasta siete cambios en la norma, la ley tiene por objetivo “eliminar la injerencia del sector financiero en los procedimientos electorales”, según recoge el texto al que ha tenido acceso EL PAÍS. Desde el nacimiento de Podemos, la organización fundada por Pablo Iglesias financia sus campañas a través de microcréditos, sin contar con las entidades bancarias. Según el partido, para la campaña del 28 de mayo han recaudado ya 943.516 euros a través de esta vía.
Con su propuesta, el socio minoritario de la coalición obliga a que los partidos financien las campañas con cargo a sus recursos propios, y a aportaciones de sus militantes y simpatizantes, ya sea en forma de donativos o de microcréditos sin interés. Según recoge la proposición de ley, para “compensar” el impacto que esta prohibición pudiera tener sobre algunas formaciones políticas, UP reclama también que se “incremente el límite del porcentaje de adelanto de subvención que aquellas pueden solicitar, del 30% al 50%”.
“El sector bancario en España tiene un enorme poder político y mediático que limita de una manera muy marcada el desarrollo democrático del país. Un indicador de la excesiva influencia que ejerce sobre el Estado español es su tamaño desproporcionado, siendo el sector bancario español uno de los más grandes (en términos proporcionales) de los existentes en la Unión Europea, con un enorme predominio de la banca privada y un escasísimo desarrollo de la banca pública”, recoge el texto en su exposición de motivos, que entiende que “la potencia del sector financiero” en España ”explica su enorme influencia sobre debates claves para el desarrollo de políticas públicas que beneficien a las mayorías sociales”.
La propuesta también plantea acabar con las subvenciones electorales específicas para el mailing o envíos por correo postal de papeletas y propaganda electoral, en las convocatorias a elecciones a Cortes Generales y al Parlamento Europeo, que suponen al erario público “unos 25 millones de euros” en cada campaña, señala. Unidas Podemos propone en este caso que sea la Administración quien lleve a cabo la remisión de un único envío con las papeletas de todas las candidaturas que hayan concurrido a las elecciones “equivalentes inmediatamente anteriores” y obtuviesen representación. El texto recoge también que este derecho de las candidaturas se ”entenderá extensible a partidos, federaciones o coaliciones o agrupaciones de electores que en comicios anteriores puedan haber concurrido juntos o separadamente, y que de una manera u otra, hayan obtenido representación”.
“Con esta ley se pretende reducir el altísimo coste público que se viene repitiendo en cada convocatoria electoral relacionado con el envío masivo de papeletas y propaganda electoral”, incide la propuesta del grupo, que alude a las recomendaciones al Gobierno del Tribunal de Cuentas desde hace décadas en las que el órgano establece que “sería conveniente evaluar la eficiencia material y económica” de este tipo de fórmulas.
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