Lo que pretendía ser un fin de semana de conmemoración y celebración para las madres colombianas, terminó en múltiples tragedias. En la mañana del pasado domingo 14 de mayo, Andrea Rengifo fue asesinada mientras realizaba una visita conyugal a su pareja, quien está privado de la libertad. Un par de horas más tarde, en los alrededores de otro centro penitenciario, al parecer un sicario le disparó a Lizeth Rincón, quien estaba en embarazo y salía de hacer una visita en el penal. A estos dos feminicidios se le sumó en la noche de ese mismo día el de Erika Aponte, a quien su expareja asesinó con un arma de fuego para suicidarse en el acto.
Tal seguidilla de feminicidios evidenció lo que las cifras alertaban: las mujeres en Colombia están en riesgo solo por el hecho de ser mujeres. Por eso, desde hace meses los movimientos feministas venían pidiéndole al Ejecutivo declarar una emergencia nacional por la violencia machista. Es una petición que la senadora y presidenta de la comisión para la equidad de la mujer del Congreso, María José Pizarro, acogió y logró incluir en el Plan Nacional de Desarrollo que aprobó el Legislativo el pasado 5 de mayo.
La iniciativa contó con el apoyo de diferentes sectores, incluyendo congresistas de la oposición como la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. Resultó aprobada con 71 votos a favor en el Senado y 114 en la Cámara, y entró en vigencia este viernes, con la sanción del presidente Gustavo Petro del Plan Nacional de Desarrollo. Su objetivo es implementar nueve medidas urgentes que garanticen a las mujeres una vida libre de violencias.
Varias activistas y oenegés respaldaron la inclusión de la emergencia en el Plan y señalaron que era una deuda de hace años. “Celebro que haya mujeres en su diversidad política apoyando esta causa”, expresó Laura Bonilla, feminista y subdirectora de la Fundación PARES. Para Susana Mejía, de la Red Nacional de Mujeres, estas medidas son necesarias en un panorama poco alentador, que cada día parece empeorar: “En Colombia hay feminicidios a diario. Para nosotras esta situación ha sido sumamente preocupante. Pero no solo eso, la violencia política o violencia sexual tiene cifras bastantes altas, y eso que hay subregistro porque no todas denuncian”, sostuvo.
Gran parte de las medidas que contempla la emergencia están encaminadas a fortalecer la articulación interinstitucional, crear instancias especializadas y mejorar iniciativas que ya tiene en curso la Consejería presidencial para la equidad de la mujer. Por ejemplo, el ya existente sistema nacional de registro, monitoreo y seguimiento de las violencias basadas en género, que se venía desarrollando en cabeza de la Consejería para tener información en tiempo real sobre los casos y denuncias. Así, esa oficina puede producir alertas tempranas para prevenir feminicidios y otras violencias. Con la emergencia se crearán unidades de apoyo con personal dedicado al acompañamiento individualizado de las víctimas.
La emergencia también crea una campaña nacional de pedagogía que busca generar conciencia social para prevenir la violencia contra las mujeres. Para Mejía, se trata de un factor crucial para combatir eficazmente el machismo: “Las violencias hacia las mujeres no solo les compete a las mujeres. La sociedad en general tiene una gran responsabilidad en educar a niños, niñas y adolescentes para derrumbar los estereotipos de género y las relaciones desiguales de poder que reproducen las violencias hacia nosotras. Debe haber un compromiso como sociedad”.
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Algunas medidas han suscitado polémica, como el impulso de cuerpos élite con formación en violencias basadas en género dentro de las Fuerzas Armadas, ya que en la Policía ya funciona la llamada patrulla púrpura. “Para nosotras como organización de mujeres no es muy clara esa idea. Es necesario explicarla mejor cuando se empiece a implementar”, dijo Mejía. Pero para Bonilla puede llegar a ser eficaz: “Yo veo positiva la medida. No podemos desistir en capacitar a los funcionarios públicos en cómo atender las violencias basadas en género porque es justo allí donde se presentan muchos de los obstáculos para las mujeres”.
Las afirmaciones de la subdirectora de PARES van en la misma línea de otra de las cuestiones que se implementarán tras la declaratoria: habrá capacitaciones de género a funcionarios de la rama judicial y entidades que atienden a víctimas de violencias basadas en género. Esta última ya se ha puesto en marcha desde el año pasado. La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) abrió 10.000 cupos y, según la consejería, se llenaron por completo.
Otra inquietud es con qué dinero se materializan esas iniciativas, pues hay antecedentes de anuncios sin sustento financiero tan fuertes como el del Ministerio de la Igualdad. De acuerdo con el equipo de la senadora Pizarro, estar dentro del Plan de Desarrollo evita ese riesgo. Y, adicional a ello, se incluyó en la declaratoria un principio de concurrencia, que significa que para implementar sus medidas se deben articular fondos de las diferentes entidades encargadas.
Como preludio a la entrada en vigencia de la emergencia, el pasado miércoles 17 de mayo el presidente anunció en su cuenta de Twitter que convocará un consejo de seguridad solo para abordar las violencias machistas. Es una decisión novedosa cuyos efectos están por verse. Hasta el momento se sabe que la reunión se realizará la próxima semana en Medellín, ciudad que ha venido sufriendo un aumento de las redes de trata con fines de explotación sexual.
Con el país en emergencia, las activistas esperan que finalmente la normativa se vea reflejada en la calidad de vida de las mujeres. De lo contrario prometen volver a las calles como lo hicieron el 8 de marzo: “Nuestra meta siempre debe ser llegar a cero feminicidios. Tenemos que trabajar conjuntamente. No podemos ceder un ápice, insistir e insistir para que esto sea una realidad y si esto no funciona: a las calles”, puntualiza Bonilla.
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