La última ola de feminicidios ha abierto profundas grietas entre las autoridades de Nuevo León. El gobernador Samuel García y el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero se han enfrentado en redes sociales con una serie de videos en los que se acusan, por un lado, de esconder pruebas y, por el otro, de utilizar a las víctimas. La desaparición y muerte de María Fernanda Contreras, Debanhi Escobar y Yolanda Martínez en el último mes ha generado un clima de indignación en el Estado del que ningún órgano del Gobierno quiere hacerse cargo.
Acompañado del padre y del hermano de Yolanda Martínez, Samuel García grabó el martes un duro vídeo contra la Fiscalía en el que denunciaba que la familia todavía no había recibido la carpeta de investigación. “Ya estamos hartos de excusas, de términos jurídicos, legaloides, para evitar dar la cara, esconder las pruebas y evitar dar la verdad de lo qué pasó. Pedimos que hoy mismo se nos de respuesta”, espetaba el gobernador al Ministerio Público. Habituado a usar las redes sociales como arena política, García ha aparecido en las últimas semanas con los familiares de las jóvenes desaparecidas para “mostrar su apoyo”, al mismo tiempo que aceleraba la presión sobre la Fiscalía, asediada por las críticas de irregularidades en las investigaciones de los casos.
Ante el polémico mensaje virtual, Gustavo Adolfo Guerrero decidió contestar al gobernador por el mismo medio: “Lamento que se usen las redes sociales para enviar un mensaje a la Fiscalía cuando existen medios oficiales para ellos”. Sin titubeos y en un tono grave, el fiscal acusó a García de “usar mediáticamente a las víctimas de forma constante” y de ponerlas “frente al juicio del pueblo, sin respetar su dolor y con un fin que obviamente no es la búsqueda de la justicia”. “A la Fiscalía le toca investigar la causa de la muerte violenta de las mujeres y a usted, señor gobernador, como responsable de la seguridad del Estado, le toca el protegerlas y evitar su muerte”, dijo el funcionario.
Nombrado como fiscal de Nuevo León en la pasada Administración de Jaime Rodríguez, El Bronco, con quien García mantiene una enfrentamiento político directo, Guerrero le ha recordado al nuevo gobernador que la Fiscalía es una “institución autónoma no política”: “Lo invito responsablemente a respetar la constitución”.
De dos esferas políticas opuestas, mientras Guerrero lleva más de 30 años en puestos judiciales, entre los que ha ocupado el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, García se convirtió en las pasadas elecciones en un fenómeno político al asaltar en un tiempo récord el poder en el tercer Estado más rico del país. Con solo 34 años y una estrategia centrada en las redes sociales, el nuevo gobernador desbancó a los partidos tradicionales bajo el paraguas de un partido periférico como Movimiento Ciudadano.
La crisis de desaparecidas del último mes ha sido una prueba de fuego tanto para un gobernador recién llegado como para una Fiscalía plagada de deficiencias en la que faltan recursos y capacitación. Los errores acumulados en los casos de María Fernanda Contreras —a quien la Fiscalía no buscó en la última localización que marcaba su celular hasta cuatro días más tarde— y de Debanhi Escobar —quien apareció al interior de una cisterna abandonada en un hotel que los agentes habían cateado en cuatro ocasiones— ha obligado a Guerrero a dimitir a dos de sus fiscales, el de Personas Desaparecidas y el de Antisecuestros, y a poner al frente de los casos a Griselda Núñez, fiscal de Feminicidios.
Mientras las autoridades se trasladan de una a otra la responsabilidad, la crisis de inseguridad continúa en el Estado con 57 mujeres desaparecidas y otras 56 asesinadas en lo que va de año. Para esta semana, coincidiendo con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Samuel García, se han organizado nuevas jornadas de protesta en la que los colectivos feministas y de desaparecidos exigen acciones que garanticen la seguridad de las mujeres.
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