No está embarazada ni ha sido criminalizada por abortar, pero si así lo decide puede solicitarlo libremente en cualquier clínica de Nuevo León. La primera mujer en ganar un amparo contra el delito de aborto en México solo quiere que el Congreso del Estado legisle en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Según ha resuelto un juez federal, los artículos 328 y 331 del Código Penal estatal son inconstitucionales, tal y como dictaminó en septiembre pasado la Suprema Corte. Sentencia que, casi tres meses después, 27 de los 32 Congresos estatales del país siguen sin atender.
Una ciudadana contra un Congreso. El Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León le ha dado la razón al ratificar la inconstitucionalidad de dos artículos del código penal que criminalizan el aborto, desde la óptica del Tribunal Supremo. En referencia al artículo 328 que establece que “se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar”, el juez ha dictaminado que la norma “tiene un impacto frontal y directo con la libertad reproductiva de la mujer de decidir ser o no madre”.
Según argumenta la resolución, la decisión de gestar “es un derecho de entidad constitucional que tiene su raíz y sustento en la dignidad de la mujer, su autonomía, libre desarrollo de su personalidad, igualdad de género, y el pleno ejercicio de su derecho a la salud”. Por lo que ha advertido de que “no es constitucionalmente admisible que el legislador sacrifique en forma absoluta los derechos fundamentales de la mujer embarazada”. “Puesto que la redacción de la norma impide salvar constitucionalmente parte de su contenido para supuestos que escapan a los alcances del derecho a decidir, lo procedente es declarar inconstitucional en su totalidad el artículo 328″, ha sentenciado.
En cuanto al artículo 331, donde se enlistan los supuestos bajo los que el aborto no se “sanciona” en el Estado, el juez ha invalidado las porciones que establecen “no se aplicará sanción” y “tampoco será sancionado”. En su lugar, ha resuelto aplicar la expresión “no se perseguirán”. “Ciertamente este fragmento del sistema punitivo dispuesto no impacta de manera tan notable el derecho de la mujer, como sí lo hace el referido artículo 328, pero el hecho de que la lesión sea de menor magnitud no significa que su redacción respete el apuntado derecho fundamental”, continúa el documento firmado por el juez Víctor Hugo Alejo Guerrero, el pasado 12 de noviembre.
Al igual que Nuevo León, otros 26 de los 32 Estados del país siguen sin eliminar el delito de aborto de sus códigos penales, pese a que hace casi tres meses la Suprema Corte de la Nación dictaminó que es inconstitucional criminalizar a las mujeres por abortar. Desde entonces, el único estado que se ha unido a la fila de la despenalización hasta la semana 12 ha sido Baja California. Ciudad de México marcó el camino en 2007, le siguió Oaxaca 12 años después, en 2019. Veracruz se sumó en junio de este año, e Hidalgo en julio.
El primer amparo contra el delito de aborto en México es parte de una estrategia en red que inició en abril pasado con una serie de amparos que mujeres de varios Estados interpusieron en contra de sus Congresos locales por penalizar la interrupción del embarazo. Según explica Vanessa Jiménez, de la red Necesito Abortar, Nuevo León es la primera entidad donde se ha resuelto el amparo. Aún siguen pendientes estados como Yucatán, Tabasco, Chihuahua y Durango. “Obviamente el amparo no debería ser la vía para que alguien acceda al aborto, lo que buscamos es despenalizar, que pueda escalar al Congreso y que pronto Nuevo León pueda sumarse a la lista de Estados que reconocen el aborto como un derecho, aunque lo más importante es que ya no esté en el Código Penal”, detalla la activista.
Con la sentencia en sus manos, la primera mujer en ganar un amparo para abortar en México expone que esta no es una victoria personal sino la continuación de años de lucha por la despenalización de lo que debería ser una garantía del Estado. “Estudié Derecho para la defensa de los derechos y me enorgullece comenzar a ver qué hoy en día se puede tener está protección para tomar las decisiones de nuestros cuerpos”, comenta la abogada que prefiere reservar su identidad. “Es importante el no mencionar mi nombre porque es un derecho ganado no por mí, sino por todas las niñas, adolescentes y mujeres, porque son ellas las que importan”, justifica. Confiesa que también le intriga la idea que algunos se puedan hacer acerca de “la mujer regia que aborta”.
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