El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador elaboró desde 2020 un proyecto de reforma en el que se planteó que la Guardia Nacional se convirtiera en una tercera “fuerza armada” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la par del Ejército y la Fuerza Aérea. El general Luis Cresencio Sandoval estaría a la cabeza de esa trinidad, según el borrador de aquel nuevo organigrama, que forma parte de los miles de documentos filtrados por el colectivo de hackers Guacamaya. Al convertirse en una institución armada totalmente adherida a la Sedena, la Guardia Nacional y sus elementos quedarían sujetos al fuero castrense, donde los delitos cometidos en el cumplimiento de labores son perseguidos y juzgados por tribunales militares, no civiles. Además, se planeó expurgar paulatinamente al personal civil de los órganos de inteligencia, investigación, antidrogas y ciencia, hasta que todas las áreas de la corporación fueran ocupadas en su totalidad por militares.
“Para mantener una dependencia operativa [de la Guardia Nacional] a la Sedena, es necesario realizar adecuaciones a su estructura hasta en tanto se integre como una fuerza armada”, decía el proyecto. “Las adecuaciones privilegian el mantenimiento de la disciplina y orden militar para cumplir con la misión asignada a esta institución por el Gobierno de México. En algunos casos se segregan organismos que se considera tienen funciones exclusivas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y en otros se absorbe la función y personal con miras a sustituirlo progresivamente, conforme se vaya capacitando, para que, llegado el momento, la Guardia Nacional solo esté integrada con militares”.
Consumado el cambio, se añadía, la Sedena, a través de la Guardia militarizada, “realizará la función de seguridad pública a cargo de la Federación”. Función que, hasta ahora, ha recaído en instituciones policiacas civiles de carácter nacional, como lo fue la Policía Federal durante los sexenios de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). López Obrador ha señalado reiteradamente que esa corporación “se corrompió”, y que por ello era necesario eliminarla y auparse en la disciplina militar que rige el espíritu de la Defensa.
El plan original fue presentado por el general Sandoval al presidente el 6 de octubre de 2020, durante una reunión del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional en la que participó Alfonso Durazo, entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), institución que aún tenía el control y mando civil de la Guardia Nacional. Casi dos años después, el partido oficialista, Morena, ha conseguido la aprobación de reformas legislativas que transfieren el “mando operativo y administrativo” de la Guardia al Ejército, aunque la mantiene adscrita a la SSPC. Pero el borrador del proyecto obtenido como parte del hackeo a la Sedena demuestra que, en un primer momento, la Administración de López Obrador buscaba que el control castrense sobre la Guardia Nacional fuera absoluto.
Sandoval quería algo más que una nueva fuerza armada. El documento revela que la absorción de la Guardia es solo una parte de un plan de reestructuración institucional que busca convertir a la Sedena en una súper secretaría mediante una reforma a la Constitución, así como a varias leyes y reglamentos. Este diario solicitó al Ejército un posicionamiento sobre el contenido del proyecto, pero el requerimiento no fue atendido.
El plan de reestructuración fue encargado por Sandoval a la Subjefatura Operativa, que le entregó el proyecto el 17 de agosto de 2020, de acuerdo con los correos filtrados. En el documento se señaló que era necesario separar las funciones político-administrativas del titular de la Sedena –en tanto que secretario de Estado– de sus funciones militares como Alto Mando de las Fuerzas Armadas de tierra y aire. Con ese argumento, se propuso crear la figura del Estado Mayor General para que asumiera la administración, conducción y desarrollo del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, “transformando las decisiones emanadas del ámbito político-administrativo en acciones de carácter militar”. A la cabeza de cada fuerza armada estaría un comandante a las órdenes del titular de la Defensa.
La reestructura también planteó crear una Oficina del Secretario, en la que Sandoval centralizaría la Unidad de Atención Ciudadana, que tiene la función de atender solicitudes de transparencia, y la Coordinación de Enlace Legislativo, que tiene línea directa con el Congreso de la Unión para la elaboración de nuevas leyes y reformas. La Unidad de Asuntos Jurídicos también quedaría bajo la tutela directa del general.
Al convertirse en un apéndice de la Sedena, según el proyecto original, la Guardia Nacional estaría sujeta a los órganos del fuero castrense: el Tribunal Superior Militar y la Fiscalía General de Justicia Militar. El fuero castrense obstaculizaría que los posibles delitos cometidos por elementos de la Guardia pudieran ser revisados por la justicia civil, en un país en el que las tareas de patrullaje del Ejército han traído consigo un repunte en los índices de letalidad (que los enfrentamientos provoquen más muertos que heridos).
El mismo documento detalla que un delito podría no ser castigado si así lo instruye el titular de la Secretaría, como establece el Código de Justicia Militar vigente que ya rige al resto de fuerzas armadas: “El Ministerio Público es el único capacitado para ejercitar la acción penal, y no podrá retirarla o desistirse de ella sino cuando lo estime procedente o por orden firmada por el Secretario o por quien en su ausencia lo sustituya; orden que podrá darse cuando así lo demande el interés social, oyendo, previamente, el parecer del Procurador General de Justicia Militar”. Solo en casos de violaciones a los derechos humanos no procede la protección del fuero castrense, como mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal mexicano, y luego formalizó una reforma de 2014. Pero, en la práctica, incluso en esos casos ha sido casi imposible hacer que un militar rinda cuentas ante la justicia civil.
Según el plan de Sandoval, la incorporación de la Guardia Nacional a la Defensa también vendría con una paulatina expulsión de los funcionarios civiles que se desempeñaran, al momento, en sus órganos especializados en materia de inteligencia, investigación, antidrogas y ciencia: “[se buscará] relevar paulatinamente a los empleados de confianza que actualmente laboran en ellos mediante la preparación especializada que recibirá el personal militar que asuma esas funciones”.
Un ejemplo de cómo ideó la Sedena la sustitución de una de las tareas policiales asignadas a la Guardia, como la vigilancia en carreteras, aduanas y puertos, es la prospectiva de sustituir las coordinaciones estatales civiles por batallones de infantería: “Se reestructurará la organización y procedimiento de operar de la patrulla, organizándose una fuerza a nivel pelotón como unidad mínima de maniobra, realizando funciones de seguridad y vigilancia, integrándose con un vehículo Charger y una camioneta Cheyenne, a fin de evitar que sea una fuerza vulnerable ante agresiones o actos de corrupción y como medio de disuasión y prevención del delito”, era la propuesta.
El plan ya contemplaba que la Subsecretaría de la Defensa tuviera la presidencia del Consejo de Administración de la empresa paraestatal que controlaría administrativa y financieramente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una de las obras insignes del Gobierno de López Obrador. Esa empresa, llamada AIFA S.A. de C.V., se constituyó en diciembre de 2020, y está encabezada por un general brigadier en retiro.
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