Una encuesta realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) confirma que la mayoría de mexicanos está de acuerdo en las principales modificaciones contenidas en la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según el sondeo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el 93% de ciudadanos apoya la propuesta de destinar menos recursos públicos a los partidos políticos; el 87% avala disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal; el 78% apoya que los consejeros y los magistrados electorales sean electos por el voto directo de la ciudadanía; el 74% acepta reducir los recursos que se le otorgan al INE.
Los puntos donde la iniciativa presidencial no encuentran un apoyo tan arrollador –aunque siempre mayoritario– están relacionados con la refundación del aparato de control electoral. Por ejemplo, la propuesta de sustituir al INE por un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) centralizado es apoyado por el 52% de encuestados, contra un 40% que se expresó en contra y muy en contra. Respecto de la desaparición de los institutos y tribunales electorales estatales, el 53% manifestó su acuerdo, contra un 43% en desacuerdo.
La representación de Morena ante el INE ha señalado que los resultados del estudio se le ocultaron durante dos semanas por ser “adversos” para el instituto. Dos funcionarios del árbitro electoral rechazaron la acusación y aseguraron que el informe se circuló a todos los consejeros, aunque, ciertamente, no a los partidos representados en el Consejo General. Refirieron que la encuesta es un insumo interno para la toma de decisiones del instituto. “Además, los resultados son públicos, están en la página de Transparencia”, dijo uno de los funcionarios. “Esta no es la primera vez que el instituto hace una encuesta de evaluación institucional y siempre los resultados se dan a conocer de la misma manera”.
La encuesta del INE fue levantada por tres empresas privadas el 9 y 10 de septiembre, mediante 400 entrevistas telefónicas a una muestra representativa de la población mexicana mayor de 18 años, de acuerdo con la ficha técnica del estudio. Este sondeo es importante porque se trata del primero elaborado por la misma institución que López Obrador y su partido, Morena, buscan refundar. Hasta ahora, los únicos estudios en torno a la iniciativa eran de encuestadoras privadas y medios de comunicación. Por ejemplo, El Financiero publicó desde mayo un sondeo que mostraba resultados semejantes a los aportados ahora por el INE. Este martes, Reforma dio a conocer un estudio que sostiene que el 13% de la población está de acuerdo en que el INE “desaparezca”.
La encuesta del árbitro electoral parece demostrar que el sentir ciudadano dista de los posicionamientos de las cúpulas partidistas, que han promovido campañas discursivas en defensa del INE y de la democracia. La iniciativa de López Obrador ya se negocia en la Cámara de Diputados entre el bloque oficialista, formado por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y la alianza Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD. Sólo Movimiento Ciudadano, en protesta, se ha mantenido al margen de las negociaciones.
El estudio del INE, cuyos resultados fueron circulados entre los consejeros electorales desde el 13 de octubre, muestra que las personas que consideran necesaria una reforma electoral son las mismas que expresan una fuerte aprobación a la gestión de López Obrador. El árbitro electoral hizo una evaluación general de la percepción que tiene la ciudadanía de su gestión institucional. Uno de los hallazgos más destacables es que la opinión positiva hacia el INE disminuyó 11 puntos en el último año, de 67 a 56%, especialmente porque los encuestados consideran que es una institución corrupta, que comete fraudes en elecciones, que tiene pactos con partidos políticos y que maneja mal los recursos públicos, afirmaciones todas que han permeado desde el discurso oficial de López Obrador y políticos de Morena.
Un 43% cree que el INE gasta demasiado, en su mayoría en salarios de los funcionarios electorales, así como en publicidad y en propaganda de campañas. El 85% señala que la reducción presupuestal al instituto no afectaría su derecho a ejercer el voto.
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