Funcionarios de alto nivel de Cuba y Estados Unidos sostuvieron esta semana en La Habana conversaciones sobre asuntos migratorios como primer paso para materializar la reapertura de los servicios consulares norteamericanos en la isla, suspendidos por la administración Trump hace cinco años, y reactivar la aplicación del acuerdo migratorio vigente, que establece la obligación de Washington de conceder anualmente un mínimo de 20.000 visados a emigrantes cubanos —en los últimos cinco años solo fueron otorgados un promedio de 4.000, según las autoridades cubanas—.
La visita de la secretaria adjunta del Departamento de Estado para Temas Consulares, Rena Bitter, y la directora de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Ur Mendoza Jaddou, es hasta el momento la de mayor nivel de una delegación norteamericana desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca, y se produce en medio de una grave crisis migratoria. En el último año fiscal, 224.000 cubanos entraron a EE UU de modo irregular por la frontera mexicana, y más de 6.000 balseros fueron interceptados en altamar por barcos del servicio guardacostas norteamericanos. En septiembre, Cuba y Estados Unidos realizaron en La Habana un “encuentro técnico” entre Tropas Guardafronteras cubanas y el Servicio de Guardacostas estadounidense para “incrementar la cooperación bilateral” en la lucha contra la emigración irregular.
Bitter y Mendoza fueron recibidas el miércoles por una delegación cubana encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, que, según un comunicado oficial, “reiteró la importancia de que se reanuden totalmente los servicios migratorios y consulares en la Embajada estadounidense en La Habana, incluido el procesamiento de visas de no inmigrantes” y confirmó su disposición a colaborar “con los pasos necesarios para el pleno funcionamiento de los servicios migratorios y consulares de la sede diplomática”.
Por su parte, la embajada norteamericana informó que Washington reanudará el “procesamiento completo de visas de inmigrantes a partir de del 4 de enero de 2023″, priorizando la reunificación familiar, y también que “ampliará los servicios consulares” y aumentará su personal “según las condiciones lo permitan”. En una declaración de prensa, la embajada dijo que durante las conversaciones, Bitter “expresó su preocupación a los funcionarios cubanos por la situación de los derechos humanos e instó al Gobierno a liberar incondicionalmente a todos los presos políticos”. Cuba, por su lado, destaca que el embargo norteamericano debe ser levantado porque es la principal causa del agravamiento de las condiciones de vida en Cuba y supone un estímulo a la emigración irregular.
En 2017, bajo el mandato de republicano Donald Trump, la embajada norteamericana redujo al mínimo su personal con el argumento de unos misteriosos “ataques sónicos” contra sus diplomáticos, algo que La Habana siempre negó y nunca fue corroborado con evidencias científicas, pese a las investigaciones realizadas por EE UU. Según el Gobierno cubano, las supuestas “agresiones sónicas” solo fueron un pretexto para desmantelar la embajada como “parte de una operación política para revertir avances en los vínculos entre Cuba y Estados Unidos dados durante la administración de Barack Obama”.
Desde entonces, las operaciones consulares quedaron prácticamente paralizadas y los cubanos candidatos a emigrar tuvieron que viajar a Guyana para hacer desde allí los trámites de entrada a EE UU. Washington dejó entonces de cumplir con el compromiso del acuerdo migratorio de conceder 20.000 visados anuales, algo que ahora se restablecerá.
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Durante el mandato de Trump (2017-2021), Estados Unidos recrudeció notablemente la política de embargo e incluyó a la isla en la lista de países terroristas tras haber incrementado la persecución financiera y eliminado las remesas, cancelado los vuelos directos y suspendido los viajes de los cruceros, entre otras medidas para asfixiar a la frágil economía cubana. Biden, que durante la campaña electoral abogó por volver a la política de “compromiso constructivo” de Obama hacia La Habana, ha sido muy cauto desde que llegó a la Casa Blanca y solo ha flexibilizado algunas de las sanciones —a las remesas, vuelos y algunos tipos de viajes—, aunque el diálogo entre ambos países lentamente ha ido avanzando.
Las conversaciones oficiales periódicas sobre temas migratorios, suspendidas por Trump, han sido recuperadas —la última reunión fue en Washington en el mes de abril—. En septiembre se produjo el viaje a La Habana de representantes del servicio de Guardacostas norteamericanos para tratar el asunto de la emigración irregular, y también ha habido contactos bilaterales sobre colaboración para evitar derrames de combustible que puedan afectar el medio ambiente.
Por primera vez, tras el paso del huracán Ian, Cuba aceptó ayuda humanitaria por valor de dos millones de dólares concedida por la USAID, la agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional, a la que La Habana siempre ha acusado de fomentar la subversión en la isla. Y también, después de un grave incendio industrial el pasado verano, EE UU colaboró enviando uniformes y equipos para bomberos. Ahora, en medio de una crisis migratoria sin precedentes —que ya ha superado la del Mariel y la crisis de las balsas juntas—, ambos países se reúnen para discutir estos asuntos a un alto nivel.
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