Hoy se llenaron las calles, hubo protestas también en muchos Estados del país contra la iniciativa de reforma electoral que se promueve desde el Gobierno federal, pero, ¿qué es exactamente lo que está en riesgo?
Acá analizo tres puntos de la iniciativa que generaron la protesta y que bien haría el gobierno en revisar:
Integración del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
La iniciativa señala que las nuevas autoridades electorales se elegirán a partir de candidaturas presentadas por las Cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la persona titular del Ejecutivo Federal, y posteriormente mediante el voto popular.
En principio, la iniciativa de reforma otorga una ventaja indebida al partido mayoritario porque podría proponer la mayoría de las candidaturas. Además, habrá, evidentemente, muchos intereses de todos los partidos políticos en que ganen sus candidatos y eso ―no nos engañemos― se traducirá en gasto en publicidad y un concurso de acarreo.
Al proponerse que la renovación sea total y no escalonada, el partido que gane tendrá el control del INEC y del Tribunal Federal Electoral, lo cual pone en riesgo las transiciones democráticas pacíficas. Además, el argumento inicial era que los consejeros ganan mucho y se supone que lo que se busca con la iniciativa es ahorrar, pero esta elección costará muchos miles más que el sueldo de las autoridades electorales.
Es importante reconocer que la actual forma de integración tampoco garantiza la independencia e imparcialidad de las autoridades electorales y si eso es lo que buscamos hay alternativas más baratas y eficientes para lograrlo, por ejemplo: abrir la elección de consejeros y consejeras a una convocatoria pública con requisitos claros. Que las y los aspirantes que cubran los requisitos presenten un examen de puntos y los mejor evaluados sean electos por insaculación. Así no hay favores políticos que pagar.
Eliminar el financiamiento público a los partidos políticos respecto de sus actividades ordinarias y que cubran dichos gastos mediante el financiamiento de sus simpatizantes y militantes
En este sentido, puede haber muchos simpatizantes con dinero que querrán quedar bien con el partido en el poder y seguramente el partido en el poder tendrá que responder a sus intereses: favor con favor se paga. Por el contrario, también puede haber incentivos para que simpatizantes de la oposición le metan mucho dinero al PRI o al PAN para que quiten del poder al Gobierno: favor con favor se paga. Entre esos simpatizantes desde luego puede crecer el dinero sucio en la partidocracia.
Otra consecuencia es que cerraría el financiamiento competitivo a dos, máximo tres opciones partidistas. En un país tan polarizado como el nuestro los extremos cerrarían la puerta a la pluralidad y los matices. Pero no sólo eso, parte del gasto ordinario de los partidos se va en pagar multas. Es cierto, hasta hoy el negocio es redondo: violan la ley y pagan con dinero público; casi lo presupuestan. Sin embargo, esta propuesta no quita esos incentivos. El partido con más aportaciones de simpatizantes seguirá teniendo dinero para violar la ley.
Lo interesante sería reducir el dinero público a los partidos, pero sin abrir la puerta al financiamiento privado y en vez de multas imponer un sistema de puntos que según la gravedad de la violación a la Ley se sumaran hasta la pérdida de registro. Eso es más probable que evite las trampas.
El INEC como única autoridad administrativa electoral del país que absorbería las funciones de los órganos públicos locales y el TEPJF como única instancia judicial que absorbería las controversias electorales locales de todo el país
Una de las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador en su campaña fue dejar de centralizar todo el poder en la Ciudad de México, de hecho, dijo que mandaría a Secretarías y Gabinete a operar desde otros Estados, cosa que no ha sucedido. La propuesta de que el INEC y el Tribunal Federal concentren todo el poder electoral es una propuesta centralista que técnicamente complicaría mucho la resolución eficiente y rápida de controversias electorales y no daría margen a apelación.
La actual integración de la Sala Superior ha resuelto más de 30.000 asuntos, de los cuales aproximadamente 18.500 fueron en contra de resoluciones de los tribunales locales. Durante el mismo periodo, los tribunales locales han emitido cerca de 51.000 sentencias.
La carga laboral de la Sala Superior podría duplicarse, pues tendría que resolver los 32.500 asuntos que actualmente se quedan en la instancia local. Lo mismo podría suceder con la eliminación de los órganos electorales, además de las afectaciones que se podrían tener en términos de especialización sobre los contextos locales en las elecciones.
Finalmente, es preciso subrayar que ese centralismo permitiría controlar los resultados electorales de todo el país. Ello es particularmente riesgoso tomando en cuenta que la nueva integración de consejeros y magistrados pueden responder a los intereses de la mayoría partidista que los eligió.
Favor con favor se paga. Eso es corrupción legalizada y eso es lo que muchas y muchos queremos evitar.
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