“Avalancha humana”. Así describen en una empresa energética el alud de peticiones de los consumidores para contratar la tarifa de último recurso (TUR) del gas que el Gobierno ha decidido subsidiar con una aportación presupuestaria de 3.000 millones de euros. En un mercado tradicionalmente tranquilo, con ocho millones de usuarios domésticos (frente a los 27 millones de la electricidad) y donde el mercado libre había podido competir con la tarifa regulada, todo se ha puesto patas arriba, pues dicha tarifa “se ha vuelto imbatible”.
Las comercializadoras reguladas, denominadas de último recurso (CUR), son cuatro compañías que, por ley, suministran a los hogares que deseen acogerse a dicha tarifa. Todas ellas se están viendo desbordadas y fiscalizadas por la CNMC. Estas CUR son filiales de Naturgy, Iberdrola, Endesa y TotalEnergies, que compró la cartera de clientes de EDP en Asturias y Cantabria. Según ha podido saber CincoDías, algunas han pedido al Ministerio para la Transición Ecológica una solución urgente para que el proceso de cambio de contrato pueda ser más o menos automático. Las afectadas se quejan de que el departamento que dirige Teresa Ribera no les ha dado un margen de tiempo para adaptarse.
Entre las medidas, han propuesto que cualquier comercializadora, no solo las reguladas sino también las del mercado libre, puedan ofrecer también la tarifa regulada. Según fuentes empresariales, el ministerio lo está estudiando, si bien, una medida de este tipo requeriría aprobar una norma con rango de ley.
Según datos de la CNMC, de los ocho millones de consumidores domésticos de gas, 6,5 millones mantenían en 2021 contratos en el mercado libre y 1,5 millones en el regulado. Por razones históricas el reparto de la cartera es desigual: Naturgy tiene 2,5 millones en el mercado libre y 1,2 millones en el regulado; Endesa, 1,3 millones y 230.000, respectivamente; Iberdrola, un millón en el liberalizado y 54.000 en la TUR y TotalEnergies, 800.000 el primero y 60.000 en el segundo.
Hasta que el Gobierno anunció su decisión de subvencionar la TUR, esas cuotas de mercado se habían mantenido prácticamente estables, pues los trasvases a esta tarifa apenas rondaban los 60.000 al año, con lo que “la operativa de traspasos era sencilla y no requería demasiados efectivos”, indican en el sector. Pero el desbordamiento de solicitudes de cambio (vía telefónica, presencial en tiendas o a través de internet) ha puesto a las empresas entre la espada y la pared: se les acusa de negligencia y de no querer contratar la tarifa regulada. Además, se enfrentan a un expediente de la CNMC, que les exige datos frecuentes de los procesos.
Las solicitudes se disparan
Las afectadas se defienden asegurando que se ha generado un cuello de botella imposible de desatascar. Naturgy ha registrado 63.000 solicitudes para contratar la TUR desde que se anunció la medida, gestiona 5.000 contactos al día y ha multiplicado por 12 el número de operadores. Iberdrola ha pasado de unos 60.000 clientes a 180.000, con 5.000 contratos en un día. Endesa ha firmado “decenas de miles de contrataciones en octubre, sin incidentes”, y ha reforzado sus canales de atención al cliente.
Pese al reforzamiento, las empresas calculan que “aunque se multiplicaran por cien los efectivos, teniendo en cuenta que gestionar un contrato (si el usuario tiene la suerte de contactar con un operador) el traspaso de los más de seis millones de consumidores del mercado libre llevaría un año”.
La petición de ampliar la TUR a todo el mercado, dado que esta tarifa subvencionada puede hacer desaparecer la comercialización libre, “invoca” la normativa comunitaria, ya que en sus comunicaciones la Comisión Europea así lo recomienda. De hecho, Alemania, que ha decidido subvencionar el gas natural a los domésticos este invierno, ofrece a todas las comercializadoras la posibilidad de vender a un precio regulado, que genera un derecho de cobro a todas.
Sea como fuere, el 89,4% del mercado libre doméstico está en manos de las cuatro grandes; un 9%, en el de una decena de empresas independientes y el 1,5% restante, otras compañías muy pequeñas. Entre esa decena figuran Repsol, Audax, Eni/Aldro, Feníe, Factorenergia, Geo Alternativa y Energy VM. Holaluz figuraba en esta lista hasta que decidió hace un mes abandonar la comercialización de gas por ser ruinosa. Sumando libre y regulado, Naturgy tiene el 47%, Endes, un 19%; Iberdrola, el 14% y Repsol, el 3,5%.
3.000 millones para compensar a las empresas el coste real del gas
Límite. La tarifa de último recurso (TUR) del gas ya fue intervenida en septiembre de 2021, cuando el Gobierno acordó que dicha tarifa no podía subir más del 4%-5% al trimestre. La medida, que fue prorrogada todo el año, implicaba que los costes reales por encima de dicho tope (que hubiesen supuesto subidas del 20% y el 30% de la factura por los elevados precios del gas) se traducirían en un déficit de tarifa que los consumidores de la TUR pagarían a las comercializadoras a plazo y con intereses. Dicho déficit asciende ya a 300 millones.
Desfase. ¿Qué ha ocurrido para que los clientes se lancen a contratar una tarifa que ya era barata? Que el Gobierno ha decidido subvencionarla completamente, sin que los usuarios deban pagar ningún déficit. Para ello, ha incluido 3.000 millones en los Presupuestos, con los que sufragará los 300 millones del déficit generado en el último año y el que se genere en 2023.
Derecho de cobro. Este dinero lo recibirán las CUR y, en su caso, si el Gobierno acepta ampliar esta tarifa a las comercializadoras libres, también a estas. Con él se les compensará el coste real de las ventas de gas. Queda por ver con qué periodicidad se les pagará.
