La alerta por la gran sequía se ha convertido en realidad en la gran Barcelona. La falta de lluvias ha llevado, pese a las millonarias inversiones de las últimas dos décadas, a una situación preocupante con el agua en la ciudad. Los efectos de la emergencia climática por la falta de agua y altas temperaturas que han afectado a Europa a lo largo del año ya se dejan sentir en forma de restricciones de agua en la segunda ciudad de España en población. Las lluvias otoñales no han sido suficientes y la Generalitat de Cataluña declarará mañana martes el estado de alerta por sequía en Barcelona y su área metropolitana (donde viven 5,5 millones de personas) por la escasez de suministros en los embalses que conforman el sistema Ter-Llobregat (al 33% de capacidad), que abastece al 70% de la población catalana. Lo ha anunciado esta mañana en una entrevista en la emisora Catalunya Ràdio la consejera de Acción Climàtica de la Generalitat, Teresa Jordà. La consejera ha querido dejar claro que el agua de uso de boca para la población está “más que garantizada” y que las restricciones apenas se dejarán sentir para la población.
La declaración no supone, por el momento, limitaciones al consumo de agua de boca, pero sí restricciones agrícolas (se reduce un 25% el riego); ganaderas (10%); industriales (5%); municipales, como el llenado de fuente ornamentales y el riego de calles con agua potable; y domésticas, como el riego de jardines, llenado de piscinas o lavado de coches. Se trata de la segunda vez en el siglo XXI que se declara la alerta en la ciudad después que la gran sequía de 2008. Barcelona se convierte así en otra gran capital autonómica, como Sevilla, que aplica restricciones de agua. Supone un aviso de la emergencia climática a la que España, especialmente la mediterránea, se enfrentará en las próximas e inciertas décadas.
La falta generalizada de agua no es solo cosa de poblaciones agrícolas ni de la llamada España vaciada. Nadie está a salvo. Ni si quiera grandes, turísticas y hasta olímpicas ciudades como Barcelona y toda su área metropolitana. El fantasma de la sequía ya sobrevolaba desde hace meses la capital de Cataluña y fuentes de la Agencia Catalana del Agua (ACA), el máximo órgano en gestión hídrica de la comunidad, adelantaban en julio a este diario que la declaración de alerta llegaría irremediablemente en septiembre si la incierta meteorología no daba un vuelco en agosto. Finalmente, los malos augurios se han aplazado hasta el 22 de noviembre.
La declaración de la alerta no tiene un plazo de tiempo determinado (no hay establecido ni un mínimo ni un máximo) y se declara o levanta dependiendo del estado de las reservas. A partir de ahora, solo el cielo decidirá. Hoy, el 70% de la población Cataluña ya vive con restricciones, con 650 municipios entre las cuatro provincias (Barcelona, Girona,Lleida y Tarragona) en alerta. Las previsiones del Servicio Metereológico de Cataluña para agosto y septiembre en cuanto a precipitaciones no era buenas, y si bien se produjeron tormentas eléctricas tanto en las últimas semanas veraniegas como otoñales, el agua del cielo no ha caído ni el lugar adecuado (en las cabeceras de los ríos) ni lo suficiente. El territorio está sediento. “Llueve, pero apenas se nota porque todo está tan seco que se lo queda todo el terreno y no llega a ríos y embalses”, resume una portavoz de la ACA.
Lavado de calles
Ahora, el objetivo es ahorrar el máximo de agua potable posible a la espera de que las lluvias lleguen. Una de las medidas que se aplican y que los barceloneses podrán notar más es la restricción en fuentes ornamentales y el uso de agua potable para limpiar calles. Desde la gran sequía de 2008, la capital catalana ha trabajado para que, en caso de que volviera una alerta por sequía (como finalmente ha ocurrido) la ciudad estuviera mejor preparada. Así, en las últimas décadas ha reducido el uso de agua potable para los servicios de limpieza, clave para no reducir reservas de consumo humano. El líquido potable usado para limpiar las calles se ha sustituido por agua regenerada (no potable) en un 80%, y para llenar fuentes ornamentales, en un 71%, según datos del Consistorio. La reducción, según el Ayuntamiento, se ha logrado gracias al uso de las aguas subterráneas, previamente tratadas por depuradoras.
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La realidad es que las restricciones han llegado pese a que la ciudad y toda su área metropolitana están, a día de hoy y a juicio de los expertos, mucho más preparada para afrontar largos periodos de falta de lluvia que no hace 15 años. Las restricciones que se aplicaron en 2008 supusieron el primer gran aviso del cambio climático en la cuenca mediterránea española y también un cambio de paradigma en la política hidrológica de la comunidad, que apostó por construir desalinizadoras y plantas potabilizadoras (que suponen un elevado coste energético).
Por entonces, todavía no había entrado en funcionamiento la desalinizadora de El Prat (lo hizo en 2009), la gran locomotora que garantiza el suministro de agua en la capital catalana (puede generar hasta 60 hm3 al año) a través de la potabilización de agua de mar. Que la gran infraestructura desaladora lleve al 80% de su capacidad desde enero (nunca se había producido tanta agua desalada desde su inauguración) tampoco ha evitado que la ciudad entre en alerta, lo que denota la grave situación climática. Aunque sí ha ralentizado la llegada de restricciones y deja muy lejos el siguiente escenario que el decreto catalán estipula: declaración de emergencia, en la que sí empiezan a aplicarse limitaciones al consumo de boca.
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