La Fiscalía del Estado de Chihuahua ha detenido a Francisco González Arredondo, el exfiscal que encabezó las investigaciones por corrupción contra el exgobernador priista César Duarte y decenas de exfuncionarios, políticos y empresarios. La Fiscalía acusa a González Arredondo de haber torturado psicológicamente a varios testigos que rindieron declaraciones contra Duarte y sus cómplices. La detención del exfiscal abre un nuevo capítulo en la pugna de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en contra de su antecesor, Javier Corral, con quien mantiene una rivalidad declarada, aunque ambos políticos militan en el mismo partido, Acción Nacional (PAN). Las investigaciones por corrupción desarrolladas durante la Administración de Corral —y encabezadas por González Arredondo— tocaron a la hoy gobernadora Campos Galván, que fue señalada en los expedientes de recibir sobornos de Duarte. Para Corral, la detención de su exfiscal constituye un acto de venganza.
A la llegada de Corral al Gobierno del Estado, en 2016, González Arredondo se encargó de coordinar un grupo de agentes de la Fiscalía que tendrían una sola encomienda: descubrir la profundidad de los actos de corrupción cometidos durante la gestión de César Duarte, un político que militó en el PRI desde 1980. Las investigaciones de la llamada Operación Justicia para Chihuahua condujeron a la captura del exmandatario en Estados Unidos en 2020 y su extradición a México para ser enjuiciado por desvío de recursos públicos y asociación delictuosa. Los expedientes de la Fiscalía demostraron que la Administración de Duarte desvió 36.000 millones de pesos (1,850 millones de dólares) a través de 519 empresas fantasma –que no tienen infraestructura ni empleados, pero simulan prestar servicios o vender bienes– y 383 proveedores falsos. Las investigaciones permitieron que 49 personas, entre exfuncionarios y empresarios, fueran llevadas a juicio y se recuperaran 55,8 millones de pesos que habían sido desviados de los recursos del Estado.
Uno de los expedientes encabezados por el exfiscal González Arredondo implicó directamente a María Eugenia Campos, conocida comúnmente como Maru Campos, y puso en riesgo su carrera hacia la gubernatura del Estado. La investigación señaló que, entre 2014 y 2016, Campos, siendo diputada y vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Congreso de Chihuahua, recibió más de 10 millones de pesos (514 millones de dólares) en sobornos del entonces gobernador Duarte a cambio de garantizar el voto de su partido para aprobar iniciativas favorables al Gobierno del priista. La acusación de la Fiscalía provocó que Maru Campos fuera vinculada a proceso por el delito de cohecho por un juez estatal en abril de 2021, cuando ya era candidata del PAN a suceder a Corral en el Gobierno. Un día antes de rendir protesta como mandataria, un juez estatal la exoneró de ese cargo, con el argumento de que los fiscales no acreditaron que los presuntos sobornos hubieran comprometido las votaciones de Campos en el Legislativo.
Los procesos judiciales contra Maru Campos y el exgobernador Duarte han llegado a un punto de estancamiento debido a que varios de los personajes investigados como cómplices de los actos de corrupción, y que habían llegado a un acuerdo con la Fiscalía para testificar contra Duarte y otros exfuncionarios de alto nivel –entre ellos la gobernadora–, han retirado sus declaraciones y han denunciado haber sido víctimas de tortura psicológica por parte de la Fiscalía de Corral. La limpia contra los exfuncionarios que encabezaron indagatorias contra Duarte y Campos también significó la destitución de quien fuera presidente del Tribunal de Justicia estatal, Pablo Héctor González Villalobos, en cuya gestión fue vinculada a proceso la panista. En su lugar fue designada Myriam Hernández Acosta, una jueza que testificó a favor de Duarte en su juicio de extradición de EE UU a México. Otra funcionaria destituida fue Gema Chávez Durán, extitular de la Fiscalía Anticorrupción, órgano que abrió otra investigación en la que Maru Campos fue acusada de cobrar favores a empresarios para adjudicarles contratos de obra pública en el periodo en el que la panista fue alcaldesa de la capital de Chihuahua (2016-2021).
“Estamos ante una acción planeada y orquestada para criminalizar el combate a la corrupción. Este es un fenómeno que se produce no solo en Chihuahua, sino en otros países en donde los fiscales anticorrupción terminan perseguidos por quienes fueron denunciados y llevados a prisión”, ha dicho el exgobernador Corral en entrevista con este diario. “Constituye una revancha política del grupo que tomó el poder en Chihuahua para castigar a quienes documentaron y demostraron ante decenas de jueces federales y locales la enorme corrupción que saqueó al estado durante la administración de César Duarte y de la que la actual gobernadora fue una de sus cómplices o beneficiarias”. El exfiscal González Arredondo se convirtió en 2018 en fiscal especial de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, cargo en el que estuvo hasta 2021, cuando dimitió. Cientos de académicos, políticos, activistas y ciudadanos han firmado una petición para exigir su liberación.
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