Un sábado de septiembre, durante un viaje por el Reino Unido en plena campaña para la defensa de la selva amazónica, Olimpio Guajajara se enteró del asesinato de su pariente Janildo Oliveira Guajajara, en Brasil. En una de las pausas de su trabajo junto a la organización de Derechos Humanos Survival International, Guajajara había querido ir a ver “las piedras antiguas” de Inglaterra: “Cuando volvimos de visitar el conjunto megalítico de Stonehenge (Wiltshire), supimos que Janildo había resultado emboscado y muerto a tiros”, explica Sarah Shenker, investigadora para la protección de las tierras de los pueblos indígenas no contactados de Survival.
Mientras Guajajara se acercaba a aquellos monumentos que la humanidad había construido hacía cinco mil años, en plena calle de una ciudad cercana a la tierra indígena Arariboia caía baleado otro guardián de la Amazonía, un hábitat que se destruye a un ritmo cada día más frenético: hasta 12.000 kilómetros cuadrados se pierden anualmente, según las últimas estimaciones.
Oliveira es el sexto protector muerto con violencia desde que el cuerpo de cuidadores fue creado, hace alrededor de una década, para mitigar la deforestación que provoca la entrada de madereros ilegales a sus tierras. “Los indígenas siempre son los mejores guardianes de sus selvas, porque conviven con ella”, sostiene Shenker, que aclara que los guardianes guajajás “llevan flechas y arcos, las armas tradicionales que usan para cazar”. Protegen con su propia vida una zona del noreste de la Amazonía, un hogar-naturaleza que comparten con el pueblo awá, parte de cuyos habitantes rechaza cualquier contacto con la sociedad.
Aunque hay más de cien pueblos indígenas, entre ellos en la Amazonía, en el Chaco, en Indonesia, en algunas islas pertenecientes a la India y en Papúa Occidental, que no mantienen contacto con el mundo, “los awás figuran entre los más vulnerables y acosados de la tierra”, narra Shenker. Son frágiles frente al extraño, sobre todo porque no tienen las defensas necesarias para muchas enfermedades que actualmente circulan.
Demuestran que no quieren relación alguna con otros humanos apuntando flechas al cielo cuando pasan los aviones o dejando maderas cruzadas en los caminos. Es probable que esas maneras de demostrar que no quieren el contacto con los demás provengan “de todo lo que han visto en el pasado, porque han sufrido ataques en los que han visto morir a sus parientes, o por enfermedades que han traído personas que han entrado a su tierra a robar”, argumenta.
Esto no es un travelling de cine
El acoso cotidiano que sufren los awás en la selva amazónica brasileña fue patente, unos meses atrás, cuando se difundió un vídeo que ellos mismos habían grabado para denunciar la presencia de drones sobrevolando sus tierras. En esta comunidad hay personas que jamás han entrado en contacto con el exterior. Otros de sus miembros ofician de mediadores con los pueblos vecinos y el resto de la sociedad, de tal manera que estos hechos puedan ser dados a conocer por medios y redes sociales.
“Ellos no sabían quién era responsable de los drones ni el motivo por el que les sobrevolaban”, pero, “acostumbrados a tener su selva invadida”, intuyeron que esas cámaras voladoras “podían tener que ver con el robo de sus terrenos”, argumenta Shenker. Además, “ven que el Gobierno no hace nada para salvaguardar las tierras, a pesar de que cada día padecen la intromisión de comandos armados que les amenazan”, agrega esta investigadora militante que pasa buena parte del año viviendo en Brasil y organiza desde allí campañas de apoyo a esos pueblos de América Latina.
En ese rincón de la selva amazónica, donde el verde aún no ha sido derrotado por la agroindustria, los pozos petroleros o la contaminación por mercurio procedente de la extracción aurífera, las comunidades nativas deben convivir con el crimen organizado que parte del narcotráfico o con ese espionaje de baja intensidad.
El daño causado por los madereros se puede constatar en un mapa satelital, que muestra cómo donde antes había selva, ahora solamente quedan algunas islas verdes, que pertenecen a las tierras indígenas, indica la activista. Al haber arrasado con los árboles de los bosques circundantes, únicamente les queda la opción de “invadir y robar la madera de alto valor de las tierras de los indígenas, de manera ilegal, porque eso está demarcado y protegido por la constitución brasileña y la legislación internacional”, enfatiza.
En efecto, la deforestación del Amazonas se mide hoy en cifras récord, algo a lo que seguramente ha contribuido la tala ilegal de madera, que incrementó un 22% en un año (con respecto al mismo periodo anterior), según números oficiales, dados a conocer en Brasil, en noviembre de 2021. La pérdida de 13.235 kilómetros cuadrados de árboles entre 2020 y 2021 fue la cifra más alta de pérdida de vegetación registrada en los últimos 15 años, según el balance elaborado por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).
La deforestación de Brasil: ni árboles ni hijos de esta tierra
Para la investigadora de Survival, a esta situación de larga data se ha sumado la desidia —cuando no la complicidad— del Gobierno del ya expresidente Jair Bolsonaro que, “lejos de conservar, anima a abrir caminos de lo que ellos llaman ‘desarrollo económico’”. Tampoco contribuyen las propuestas de cambio de legislación nacional, en Brasil, para dificultar a los indígenas el registro de sus territorios, o para que la extracción de minerales y otras materias primas sea más redituable para quienes tienen en sus manos esa explotación a gran escala.
Ante este clima de tensión, los guardianes indígenas “no han parado de trabajar, porque ven que es la única forma de proteger sus tierras”, explica Shenker. También para ellos, las nuevas tecnologías (drones e imágenes satelitales) pueden ser aliadas a la hora de dar testimonio de la acelerada destrucción de la biodiversidad en sus tierras.
Como contrapeso, algunos de estos derechos a la preservación de la propia tierra han sido recogidos recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el apartado de la “protección territorial” de los territorios de “pueblos en aislamiento voluntario”, en el informe llamado Pueblos Indígenas y Tribales de la Panamazonía, publicado en octubre de 2019. En él, el órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) mencionaba, justamente, “la agudización de los retos de los pueblos indígenas y tribales advertidos por la CIDH a través de sus diversos mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos plasmados en sus publicaciones anteriores”.
Con los argumentos claros, y a favor de los pueblos originarios, parte de la acción colectiva consiste en que la opinión pública se vuelque en las luchas de los pueblos indígenas y su reconocimiento como sociedades contemporáneas, en pie de igualdad con las demás.
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