“Monse” es como decimos en Perú a lo tonto o estúpido. Pero tiene un tono especial, añadido, de una acción inconducente, sin perspectivas de éxito. Así ha sido el anuncio del expresidente Pedro Castillo, este miércoles, de cerrar el Congreso. No obtuvo ningún respaldo, sus ministros fueron renunciando uno tras otro, su abogado también, no sabemos exactamente en qué momento lo hizo su primera ministra. No controló la televisión del Estado, ni la policía, ni las Fuerzas Armadas. Terminó intentando huir y siendo llevado por los mismos policías que dirigían su vehículo a un centro de detención.
El anuncio de Castillo nos hizo recordar a los peruanos el autogolpe de Fujimori el 5 de abril de 1992. Seguramente por eso, entre otras razones, su aislamiento fue tan grande: a los peruanos nos costó mucho recuperar la democracia y tuvimos que esperar hasta el año 2000, luego de que Fujimori fuera re-re-reelecto, para lograrlo.
Desde el inicio de su Gobierno, Castillo, electo tras una plataforma de cambio cercana a las izquierdas, enfrentó una oposición frontal y antidemocrática de quienes desde la derecha perdieron las elecciones. Clamaron fraude y llamaron a vacarlo desde antes que juramentara. Lograron controlar el Congreso y desde ahí no cesaron de atacarlo mientras ellos mismos aprobaban leyes populistas y negociaban intereses. Apenas un 10% por ciento de peruanos respalda actualmente al Congreso, según las encuestas de opinión.
La oposición del Congreso, los medios de comunicación masivos y la élite empresarial blanca hicieron que la situación nunca le fuera fácil a Castillo. Pero Castillo hizo un pésimo Gobierno. Con fuertes acusaciones de corrupción hacia su entorno inmediato e incluso contra él, decidió enfrentarlas buscando obstaculizar la Justicia antes que actuar de manera transparente y apoyar las investigaciones abiertas, lo que llevó a ampliar las sospechas sobre su participación en acusaciones como enriquecimiento ilícito. Los indicios al respecto se fueron acumulando entre noviembre 2021 y enero 2022, y cuando Castillo optó por reemplazar a la premier Mirtha Vásquez y al ministro Avelino Guillén, símbolo de la lucha anticorrupción, yo, que venía ejerciendo como ministro de Economía, decidí renunciar también.
Castillo, además, dejó en el camino las grandes promesas de cambios profundos que hizo durante la campaña. La propuesta que hicimos de una reforma tributaria similar a la aprobada recientemente en Colombia no recibió su apoyo y fue rechazada por el Congreso. La llamada “Segunda reforma agraria” naufragó en medio de una escasez y carestía de fertilizantes, frente a la cual las respuestas del gobierno fracasaron reiteradamente. La masificación del gas natural que poseemos salió de la agenda del gobierno. Luego de una vacunación muy exitosa, cuando era una gran oportunidad para una reforma de Salud que apuntara al acceso universal con base en atención primaria, se canjeó ese ministerio por unos cuantos votos congresales. Los conflictos sociales, la tala ilegal, la inseguridad ciudadana, no fueron enfrentados con estrategia. En la educación, tan necesitada de un relanzamiento pospandemia, se priorizó el clientelismo con los grupos de maestros allegados al presidente.
El Gobierno Castillo ha estado caracterizado por una rotación de ministros tan alta, negociando cargos por votos y con tan poca capacidad de promover eficiencia, que la gestión pública ha sido muy mala. En los últimos meses, sin embargo, había logrado que su popularidad fuera recuperándose, con base en una campaña identitaria, paseándose por las regiones y pueblos del Perú con el mensaje de que él era como ellos, los excluidos de siempre, y que por eso los que siempre habían dominado al Perú no lo dejaban gobernar. Logró aumentar su popularidad en seis puntos, sobrepasando el 30 por ciento, que no es bajo si se compara con anteriores gobiernos tras 15 meses de gestión.
Con estas bases, enfrentaba una nueva moción de vacancia en el Congreso. Una nueva ofensiva de denuncias de corrupción en su contra salió a luz estos últimos días, como parte de esa campaña. A pesar de eso, no había ninguna seguridad de que fuera vacado y varios analistas indicaban que el Congreso no lograría los 87 votos (dos tercios del total de congresistas) para lograrlo. Es en estas circunstancias, el mismo día que debía darse esa votación, Castillo da su mensaje a la Nación de lo que no puede considerarse sino un intento de autogolpe monse. No de disparo a los pies: se disparó —políticamente— al pecho. Hoy está, justamente, vacado y detenido.
¿Qué viene? Ha asumido el poder la vicepresidenta Dina Boluarte, como indica la Constitución. Es la primera mujer presidenta en la historia del Perú, algo que de por sí es un avance a pesar de las circunstancias. La Constitución indica que ella debiera gobernar hasta el 28 de julio del 2026. Pero la situación no es fácil; Castillo, a pesar de los severos cuestionamientos en su contra, contaba con 30 por ciento de respaldo ciudadano, encuestas de opinión recientes indican que, ante una salida de Castillo, menos de 5% de ciudadanos favorece una presidencia de Boluarte y más de 85% quiere elecciones adelantadas que incluyan también la elección de un nuevo Congreso. La crisis es de tal magnitud que para lograr un gobierno estable parece indispensable que la ciudadanía sea nuevamente consultada.
El problema es que esa opción requiere una reforma constitucional, que debe ser aprobada por el propio congreso por 87 votos en dos oportunidades, o ser aprobada por mayoría simple en el congreso y someterse a referéndum. Es dudoso que el Congreso actual quiera irse anticipadamente, y menos bajo la actual regla que impide la reelección de congresistas. Ha terminado el gobierno de Castillo pero no la crisis de gobernabilidad que vive el Perú.
Pedro Francke es economista y fue el primer ministro de Economía del Gobierno de Castillo.
