La vieja promesa de ganar mucho dinero, y muy rápido, era también el señuelo de Juicy Fields, una empresa que ofrecía invertir en el cultivo legal de cannabis con fines terapéuticos. Altos beneficios en poco más de tres meses a través de la compra virtual de plantas de marihuana por un importe mínimo de 50 euros. Un negocio redondo. Tan redondo, que atrapó a miles de personas en varios países, que han acudido a los tribunales para recuperar su dinero tras el cierre inesperado de la empresa este verano. La onda expansiva ha llegado a España.
El caso se destapó en julio y ahora la Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de dos cuentas bancarias en Chipre a nombre de los responsables de la empresa, que se encuentran en paradero desconocido. También ha solicitado a las autoridades de Alemania y Lituania que procedan a hacer la misma operación con respecto a depósitos y cajas de seguridad. Las representaciones legales apuntan que es difícil calcular el número exacto de perjudicados en todo el mundo, si bien en España podría escalar hasta las 40.000 personas.
El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional abrió una causa el pasado mes de septiembre para investigar la presunta estafa, tras admitir la querella conjunta que presentaron centenares de afectados por el bautizado como ‘timo del cannabis’, y a los que se han ido sumando otros tantos.
Juicy Fields nació en 2017 y tenía sede en Suiza, Alemania y Países Bajos, A través de su página web -que sigue abierta pero sin actividad- ofreció a los usuarios una rentabilidad de entre el 33% y el 66%, que podrían alcanzar hasta los 180.000 euros, en tan solo 180 días, por financiar las plantas para el uso medicinal. El modo de inversión era sencillo y completamente digital: transferencias bancarias, pago con criptomonedas o por ‘neobancos’. Todo ello, “sin necesidad de tocar una planta”, según explicaron los afectados en su querella. Una operativa que traspasó fronteras, llegando a usuarios de Portugal, Francia, Colombia, Dinamarca, República Checa, Macedonia del Norte, Costa Rica, Sudáfrica y Lesotho.
Confianza entre los inversores
Asimismo, para ganar credibilidad entre los inversores, la compañía dio la posibilidad de realizar un “green tour” (visita verde) a las plantaciones, si bien estas no se realizaban con frecuencia. A cambio, los responsables compartían fotos y vídeos de los cultivos en redes sociales para demostrar el crecimiento de las plantas.
Las autoridades no veían con claridad la legalidad del negocio y organismos supervisores, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania, pusieron bajo lupa a Juicy Fields. Aun así, las inversiones siguieron funcionando hasta el pasado julio, cuando el sistema quebró y los responsables desaparecieron sin dejar rastro y con todo el dinero.
El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea -refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6- ha dado los primeros pasos para recuperar las inversiones. Sin llegar a concretar una cifra, avisó de que pueden “ser de varios millones de euros”. La causa se encuentra en una fase muy incipiente. El magistrado ha empezado a recibir informes de la Unidad de Delincuencia Económica Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, a la que se le requirió que recabe datos sobre la presunta macroestafa y agrupe toda la información que distintos juzgados han recibido de miles de perjudicados.
Investigación en varios países
España no es el único país que investiga la operativa de Juicy Fields. Según fuentes conocedoras del procedimiento, la Audiencia Nacional tiene conocimiento de que distintos sistemas judiciales internacionales han comenzado ya a investigar la presunta macroestafa, como es el caso de Alemania y Francia.
El hecho de que sean varios países los que investigan unos mismos hechos, puede generar algunos obstáculos para aclarar el asunto. Fuentes jurídicas explican que se podría dar un conflicto de competencia para decidir cuál de todos los Estados debe encargase de la investigación. Pero también cabe la posibilidad de que los distintos jueces traten de colaborar entre sí, con el intercambio de información cuando sea requerido, a través de Eurojust (agencia de la Unión Europea encargada de la cooperación judicial entre los Estados miembros), tal y como ocurre en gran parte de los casos con lazos internacionales.
La crisis de Juicy Fields comenzó en julio cuando los usuarios recibieron la alerta de que los empleados se declaraban en huelga durante 48 horas por desavenencias con la directiva. La situación empeoró unos días después, cuando las caras visibles de la compañía anunciaron su salida de la empresa y los canales de información se desactivaron. Tras el apagón comunicativo, empezaron a llegar noticias de que todos los contratos con grandes firmas del sector eran mentira. El temor de los inversores aumentó, claro, cuando los directivos se esfumaron. El siguiente episodio se cuece en los tribunales de Madrid.
