La vicepresidenta Nadia Calviño y su equipo trabajan en esta recta final del año para completar el listado de iniciativas de inversión que irá, junto a las reformas comprometidas con Bruselas, a la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En juego está la opción de pedir hasta 84.000 millones en créditos blandos, además de los 7.700 millones de la asignación extra de transferencias no reembolsables. Las conversaciones entre distintos ministerios y colectivos empresariales están generando altísimas expectativas sobre unas condiciones financieras absolutamente fuera de mercado para los préstamos.
Sin que haya trascendido aún información oficial alguna, se esperan “periodos de carencia de 10 a 15 años e intereses cercanos al 0%”, comentan fuentes del Gobierno involucradas en los contactos. Calviño tiene fijada una comparecencia en la Comisión mixta para la UE del Congreso de los Diputados este jueves para detallar la citada adenda al Plan de Recuperación.
Economía tratará de movilizar los 84.000 millones de euros en préstamos del plan Next Generation
La intención de Economía, señalan las mismas fuentes, es movilizar el 100% de los 84.000 millones en créditos ofrecidos a España. Máxime en las actuales condiciones de mercado. Se trata de un anuncio que grandes empresarios dan ya por asegurado. Las patronales ven como destino el refuerzo de los proyectos estratégicos (PERTE) en marcha con déficit de financiación.
La incertidumbre económica generada por la pandemia, la invasión rusa de Ucrania y la consiguiente inflación desbocada, hicieron que el Gobierno optara en primer lugar por agotar la partida de subvenciones del Plan Next Generation, con casi 77.000 millones de los 160.000 asignados a España, dándose margen para acudir ahora a una segunda fase a por fondos que han de reintegrarse.
Vehículos
En el Ministerio de Asuntos Económicos se avanza en la configuración de los instrumentos de deuda, y en colectivos empresariales se piensa tanto en préstamos como en avales. El Ejecutivo tiene abierta una vía de diálogo con la banca comercial en busca de bajar al terreno de juego parte de los créditos, en concreto los ligados a proyectos de sostenibilidad ambiental. También se habría pensado en las participaciones públicas en el capital de iniciativas para repartir esta segunda oleada de liquidez procedente de la UE.
Calviño comparece el jueves en el Congreso para anticipar detalles de la adenda
Un alto cargo con influencia en La Moncloa explica que el problema de sumar mayor carga al endeudamiento de las Comunidades Autónomas hace de los préstamos un vehículo más adecuado para la iniciativa privada o, en todo caso, para la colaboración público-privada. Para la Administración autonómica, que sí ha sido receptora de las subvenciones no reembolsables, se ha tanteado la creación de un fondo para inversiones estratégicas que cubra políticas de vivienda o infraestructura social.
Las CCAA superan los 20.000 millones en subvenciones
La asignación de subvenciones comienza a coger velocidad. Según los últimos datos del Plan de Recuperación que maneja Presidencia del Gobierno, a 30 de noviembre las comunidades autónomas habían ya superado el umbral de los 20.000 millones de euros consignados. Encabeza las dotaciones Andalucía, con 3.235 millones a su disposición, seguida de cerca por Cataluña (2.903) y a continuación por Madrid (2.190) y Valencia (1.940).
Como adelantó CincoDias, el verdadero problema está siendo la ejecución real de las subvenciones. A finales de noviembre y según datos de CEOE, ese porcentaje apenas alcanzaba el 11,5% del total de ayudas. En concreto, 8.000 de los 69.500 millones prespuestados para España dentro del instrumento Next Generation. La mejoría en el ritmo de entrega de fondos a las autonomías es relevante, en tanto incrementa la presión sobre los gobiernos regionales para acelerar las licitaciones y su resolución, la única vía para que el dinero se filtre a la economía real.
Andalucía lidera la recepción de subvenciones, seguida por Cataluña y Madrid
Fuentes de Presidencia destacan que, a nivel territorial, ya hay convocatorias lanzadas de los Perte (proyectos estratégicos para recuperación y transformación económica) por valor de 9.372 millones de euros y todas las comunidades cuentan ya con alguna empresa o algún centro de investigación implicado en el desarrollo de esos programas, en muchos casos con convocatorias ya resueltas. El Gobierno tiene la intención declarada de promover convocatorias mensuales por valor de 2.000 millones de euros.
El proceso ha afrontado numerosos cuellos de botella, motivados en gran medida por la dificultad que encuentran las administraciones a la hora de de gestionar montantes presupuestarios de tanta envergadura, inéditos hasta ahora. También por el exceso de burocracia en las tramitaciones y las exigencias para las pymes, por ejemplo en términos de avales, según denuncian las propias empresas.
