De los más de 94.000 millones de euros adicionales que España recibirá del fondo europeo de recuperación, unos 65.000 millones en créditos blandos se gestionarán a través de 12 fondos de inversión. Uno de ellos, según la adenda del plan publicada ayer por el Gobierno, moverá 2.000 millones en bonificaciones fiscales para las empresas en el impuesto de sociedades. Es el llamado Fondo de Reforma Fiscal, cuya finalidad es promover deducciones tributarias para fomentar la inversión corporativa en I+D.
Uno de los objetivos de estos fondos es centrar el foco en ciertos sectores estratégicos para la economía del país. Por eso, parte del dinero intentará “evitar la caída de la inversión característica de crisis anteriores y permitir un fuerte incremento de la inversión productiva”, según detalla el texto. Por ello, buena parte de los préstamos europeos se enfoca a ámbitos decisivos como el de la investigación y el desarrollo.
“Se fortalecerá el ecosistema español de I+D+i (público y privado), con medidas de atracción y de retención de talento”, señala la adenda. “También se creará un nuevo fondo de reforma tributaria con el que se cubrirán las bonificaciones fiscales en el impuesto de sociedades dirigidas a fomentar la inversión empresarial en I+D”, añade.
Queda por ver, apuntan fuentes gubernamentales, cuál será el reparto temporal de estos 2.000 millones de euros en deducciones. El dinero debe estar comprometido antes de agosto de 2023, aunque podrá ejecutarse en un plazo de tres años más. Por ello, lo más seguro es que esta cantidad se incluya año a año, hasta 2026, en los respectivos Presupuestos Generales del Estado.
La cifra, con todo, no es despreciable. Según el capítulo de beneficios fiscales de las cuentas públicas para 2023, las bonificaciones en Sociedades rondarán los 5.700 millones de euros. De ellos, únicamente 672 millones estarán ligados a la I+D+i. De repartirse de forma homogénea entre 2024 y 2026, los 2.000 millones extra permitirían doblar anualmente estos incentivos en Sociedades.
Junto al de la reforma fiscal, el grueso del dinero lo moverán el fondo de inversiones sostenibles de las comunidades autónomas (20.000 millones de euros) y el de los préstamos ICO de apoyo a las empresas (15.000 millones). El Fondo de Reforma de la Inclusión Social y el Fondo de Reforma Laboral moverán 9.000 y 5.000 millones, respectivamente. A estas cantidades se le sumarán, en paralelo, los 26.300 millones destinados a fortalecer los proyectos estratégicos para la recuperación, conocidos como Perte.
Además de los incentivos fiscales a la inversión, el plan contempla otras reducciones temporales de cargas impositivas. De esta manera, “se persigue impulsar las obras de rehabilitación para mejorar la eficiencia energética de la vivienda habitual y de edificios de uso predominantemente residencial a través de deducciones en el IRPF”.
Adicionalmente, añade el texto de la adenda, se prevén reducciones a las operadoras de telecomunicaciones relativas al espectro para la aceleración del despliegue del 5G, la mejora de la fiscalidad en la creación de startups y empresas del sector cultural, así como para el impulso de los planes de pensiones complementarios. Asimismo, “no se integran en la base imponible del IRPF las subvenciones de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable en el marco de las ayudas del Plan de Recuperación”.
La reforma de pensiones, en tiempo y forma
El documento de la adenda presentado ayer, como ya afirmaron esta semana varias fuentes del Gobierno, insiste en que el Ejecutivo aprobará en tiempo y forma reformas de calado del Plan de Recuperación, como la segunda parte de la de las pensiones. Ello implicaría llegar al consenso con los agentes sociales antes de que termine el año. La reforma, entre otros puntos, prevé actualizar el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora y un nuevo diseño del mecanismo de equidad intergeneracional, pero ni sindicatos ni patronal están de acuerdo. “Siguiendo el calendario previsto, se culminarán las reformas que están en curso”, insiste la adenda, poniendo como ejemplo la segunda fase de la reforma de pensiones.
