Fecha límite en el ‘caso Villarejo’ para tomar una decisión clave sobre las empresas del Ibex 35 que se han visto salpicadas por la macrocausa. Iberdrola, BBVA, Repsol y CaixaBank han sido cuatro de las grandes compañías del país que, junto a sus primeros espadas, han tenido que ponerse delante de un juez por requerir los servicios del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Un polémico policía que, bajo una boina y escondido tras un portafolios, espió durante décadas a importantes figuras del mundo empresarial y político. Tras más de tres años de investigación, estas empresas iniciarán el año 2023 con el foco puesto en la Audiencia Nacional, pendientes de ver si el juez encargado de escudriñar los trabajos privados que el agente encubierto realizó mientras seguía en activo en la Policía Nacional pone punto final a las pesquisas centradas en ellas.
El magistrado tiene hasta el 29 de enero para dilucidar si cierra o mantiene abiertas las investigaciones sobre los encargos que las cotizadas hicieron al Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo. La fecha no es aleatoria. Se trata del último día de vigencia de la última prórroga de seis meses -tal y como marca la ley- que el juez Manuel García Castellón dio a la mayoría de piezas separadas que conforman la macrocausa abierta desde la detención de Villarejo, en noviembre de 2017.
En concreto, Iberdrola y BBVA se encuentran especialmente pendientes de conocer el futuro de las investigaciones en las que se han visto directamente involucradas y si alguno de los imputados va a juicio. Por otro lado, se encuentran Repsol y CaixaBank, cuyas situaciones procesales penden de la decisión que tome la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tiene que confirmar o revocar el archivo que, por segunda vez, acordó el instructor del caso.
Tres investigaciones similares
Tres líneas de investigación muy similares y con muchos elementos en común. Cuatro compañías que en algún momento requirieron los servicios de Villarejo para hacer frente algún tipo de ofensiva. Los enlaces con Cenyt fueron los entonces jefes de Seguridad Corporativa de las empresas contratantes, quienes conocían al comisario por sus etapas previas en la Policía Nacional.
También una estrategia común en todos los imputados. Los exresponsables de dicha área aseguraron que no tenían ni idea del verdadero estatus del polémico comisario, es decir, que trabajaba a la vez para la Policía y para sus clientes privados, lo cual es incompatible. Y los máximos responsables de las compañías recalcaron que sus funciones se centraban en asuntos estratégicos y de representación, por lo que la selección y contratación de proveedores residía en niveles inferiores, descargando así las posibles responsabilidades en los directivos rasos.
Así lo puso de manifiesto el expresidente de BBVA Francisco González en las dos ocasiones en las que ha declarado ante el juez (la última de forma voluntaria) desde que fue imputado en 2019. El mismo planteamiento se expuso en mayo de 2021 cuando el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el de Fundación La Caixa (y anteriormente de CaixaBank), Isidro Fainé, insistieron en sus declaraciones en que ellos no dieron órdenes de contratar a Villarejo ni tampoco tenían la obligación de supervisar los encargos a empresas externas. Y en enero de 2022 lo dijo también el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
Caso a caso
Este archivo sirvió, en gran parte, para que el juez García Castellón decidiera, hace ya más de un año y medio, librar del ‘caso Villarejo’ a Brufau y Fainé, y a sus empresas, al considerar que no tuvieron ningún tipo de responsabilidad en el encargo para frenar la alianza de Sacyr Vallehermoso y la petrolera mexicana Pemex con el objetivo de hacerse con el control de Repsol. De este modo, el magistrado entendió que la ‘culpa’ de este contrato irregular era de los jefes de Seguridad, quienes ya están a un paso del juicio.
Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró que el sobreseimiento era “precipitado” y ordenó la reapertura de la causa. Tras realizar las diligencias oportunas para seguir el mandato de la Sala, el juez instructor reiteró las desimputaciones el pasado junio, que ahora la Sala tiene pendiente de confirmar, lo que implicaría dejar fuera definitivamente de la causa a los máximos dirigentes de Repsol y CaixaBank y a las propias empresas.
En cuanto a los procesos sobre BBVA e Iberdrola, todo apunta a que seguirán los mismos pasos que las otras dos. Fuentes cercanas a la investigación señalan que el juez y fiscales estudian si pueden dejar ya estas dos piezas finiquitadas. El caso de la eléctrica se encuentra mucho más avanzado. Antes del verano, el juez archivó las actuaciones contra Sánchez Galán y contra la filial Iberdrola Renovables Energía, tras un año de imputación, por prescripción del delito. Así, la presunta responsabilidad de las relaciones con Villarejo quedó en el exjefe de Seguridad, que admitió el amaño de facturas.
Por último, para BBVA, lo que decida el juez será relevante. El banco se encuentra imputado desde 2019 junto a una decena de exaltos cargos y su expresidente Francisco González por unos encargos que comenzaron con la contratación del espía para frenar el intento de asalto de Sacyr en el consejo de administración del banco.
Así las cosas, Repsol, CaixaBank, Iberdrola y BBVA encaran un ‘sprint’ final que marcará los negocios previstos para el nuevo año.
Las tres piezas separadas
BBVA. La investigación sobre el banco se abrió a finales de 2018, siendo una de las primeras en el caso Villarejo. El juez indaga en los diversos trabajos que el expolicía realizó entre 2004 y 2017, por el importe total de 10,3 millones de euros, para espiar a políticos, empresarios y periodistas. Se trata de una de las piezas separadas más complejas y que más documentación acumula, en la que desde el inicio ha presidido el cruce de acusaciones entre los investigados.
Iberdrola. El juez indaga desde octubre de 2019 los contratos que la eléctrica llevó a cabo, también, entre 2004 y 2017 con Cenyt para esquivar los obstáculos a sus proyectos empresariales o investigar a potenciales competidores. Por estos servicios se abonaron más de un millón de euros.
Repsol y Caixa. El juez acordó la formación de esta línea de investigación en diciembre de 2019 para aclarar el pago de más de 400.000 euros a las empresas de Villarejo para dejar sin efecto el intento de Sacyr Vallehermoso y la mexicana Pemex de asaltar la petrolera española. Por el momento, los exresponsables de Seguridad Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (CaixaBank) ya están a un paso del banquillo junto al polémico policía.
