El Gobierno está “indignado” con la situación de bloqueo que la derecha política y judicial ha impuesto en los principales órganos de la Justicia, y ha censurado con dureza los últimos movimientos coordinados entre los sectores conservadores que dominan el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional. Ambos órganos tienen mayoría conservadora como consecuencia del bloqueo en su renovación. Si se hubieran renovado en fecha, ahora estarían controlados por el sector progresista. El presidente del Ejeuctivo, Pedro Sánchez, echa la culpa de ese enquistamiento al PP de Alberto Núñez Feijóo, que bloquea desde hace cuatro años el CGPJ. Pero Sánchez rechaza reformar ahora, como le han requerido formalmente sus socios de Gobierno y sus aliados parlamentarios, la Ley del Poder Judicial para reducir la mayoría necesaria para nombrar un nuevo Consejo. Para ello, ahora se necesitan tres quintos de las Cámaras (210 diputados, lo que obliga a que PSOE y PP lleguen a acuerdos, y Unidas Podemos quiere bajar el requisito a mayoría absoluta (176 diputados). El grupo minoritario del Gobierno ha enviado al PSOE su propuesta. Sánchez y el grupo socialista en el Congreso ya han respondido: “Por ahora”, no contemplan esa posibilidad. “No estamos en eso”, afirman fuentes del PSOE.
El presidente del Gobierno está “decepcionado” con el líder de la oposición: sostiene que con su actuación en la negociación para renovar los órganos constitucionales, que vetó en el último momento, y con la presentación por el PP del recurso de amparo contra la tramitación de las reformas legales exprés para facilitar la renovación del Constitucional, Feijóo ha demostrado que “es más de lo mismo”. Es decir, muy parecido a su antecesor, Pablo Casado. Sánchez, según su entorno, considera que Feijóo utiliza “prácticas trumpistas” y ve inviable que ese comportamiento vaya a cambiar ya en el año que resta de legislatura.
El Gobierno está ahora centrado en elaborar la proposición de ley con la que quiere volver a llevar al Parlamento —esta vez por un procedimiento que el Constitucional no pueda tumbar— su propuesta de rebajar la mayoría necesaria en el CGPJ para designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que designa el Ejecutivo, cuyo mandato venció el 12 de junio.
El presidente, sus ministros y todos los dirigentes del PSOE y de Unidas Podemos transmiten un enorme malestar con el Constitucional, no solo por haber frenado la votación en el Senado este jueves, sino también por comunicar esa decisión en un folio con apenas dos líneas y media, sin argumentación jurídica alguna. El auto definitivo aún no ha sido enviado a las partes perjudicadas, y fuentes del tribunal no creen que pueda estar listo antes del martes. La nueva proposición de ley se registrará después de conocer el contenido del auto y tras estudiar los cinco votos particulares en contra que van a presentar los magistrados progresistas.
El enfado del Gobierno se extiende a otro órgano dominado por los conservadores: el Consejo General del Poder Judicial. Con el mandato caducado desde hace cuatro años, el sector conservador mantiene una mayoría que no le correspondería si se hubiera renovado en plazo. Este sector llegó a plantear el jueves, por segunda vez, cuál debería ser el candidato progresista para el Constitucional, algo insólito en el funcionamiento de ese órgano. El pleno del CGPJ está convocado para discutir de nuevo este endiablado asunto el martes que viene, el mismo día que está programada la comparecencia de balance anual del presidente Sánchez tras el último Consejo de Ministros del año.
Pese a esa indignación de Sánchez y de todo el Gobierno con los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial, fuentes socialistas aseguran que ahora mismo no se contempla recuperar la iniciativa legislativa que en otoño de 2020 registraron el PSOE y Unidas Podemos para reducir la actual mayoría de tres quintos de las Cámaras necesaria para renovarlos. Finalmente, fue retirada tras un toque de atención de Bruselas, que advertía de que no respetaba las directrices comunitarias. Unidas Podemos y gran parte de los socios de la legislatura, sin embargo, no cejan en su empeño de recuperarla.
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El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, envió esta semana al PSOE y a los demás aliados parlamentarios, a los que había convocado previamente a una reunión, aquella propuesta pero retocada con algunos matices que le aportó el exmagistrado José Antonio Martín Pallín. Además de un apoyo de la mayoría absoluta del Congreso (176 diputados) habría otra condición para poder renovar el CGPJ: que esa iniciativa contara con el apoyo de la mitad de los grupos parlamentarios de la Cámara, en este caso cinco de los 10 existentes. Es una idea que ha caído bien en ERC, socio clave de la legislatura. Su portavoz, Gabriel Rufián, animó al presidente en la sesión de control al Gobierno a reformar ya la ley. “Háganlo, allí estaremos”, se ofreció Rufián, y luego desarrolló que ERC entiende que hay replantearse en profundidad todo el sistema judicial en su conjunto y hasta los métodos de acceso a esas carreras.
El presidente no recogió ese capote de Rufián. Sánchez no cree que sea el momento de retomar reformas legales que en su día provocaron el firme rechazo de la UE. Los socialistas quieren destacar que el problema es culpa del PP y que debe ser Feijóo quien dé explicaciones para así demostrar que “no es un político del perfil institucional y de pactos” como presumía. Sánchez y el PSOE se resignan así a que el bloqueo judicial ya no se resuelva en esta legislatura.
Unidas Podemos, por el contrario, no ceja, y cree contar con el apoyo de la mayoría de los aliados habituales en el Parlamento para forzar un mecanismo legal que permita desbloquear el CGPJ. Echenique dice que incluso el portavoz del PSOE, Patxi López, se ha mostrado “menos reticente”, aunque le ha adelantado que, “de momento” esa reforma “no toca”. “Los jueces atrincherados en el Constitucional están actuando de forma concertada con los vocales atrincherados en el Consejo del Poder Judicial”, afirma Echenique. Según él, solo hay dos opciones: “O el Gobierno de coalición y la mayoría parlamentaria democrática convalidan el golpe blando permitiendo el secuestro del Poder Judicial durante una legislatura entera por parte de una minoría parlamentaria o tomamos cartas en el asunto, modificamos las mayorías y arrebatamos al PP su minoría sediciosa de bloqueo”.
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