La crisis institucional entra en un pozo sin fondo | España

La oposición cuestiona la legitimidad de la acción del Gobierno, y el Gobierno acusa a la oposición de prácticas emparentadas con el golpismo. El Parlamento destroza su imagen entre tangana y tangana. El órgano de gobierno de los jueces —el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)— lleva cuatro años con el mandato caducado y con un grupo de vocales conservadores en abierta rebelión. El Tribunal Constitucional vota con la misma disciplina que los grupos parlamentarios. ¿Quién da más en la interminable historia de la conflagración política española? Semana a semana, el debate público sigue excavando en un pozo sin fondo hasta conseguir poner de acuerdo a todos al menos en una cosa: el deterioro institucional parece imparable.

El PP de Alberto Núñez Feijóo soliviantó esta semana las redes sociales con un vídeo que simulaba el anuncio de la lotería para comunicar que el Gordo les ha tocado a los violadores y a los corruptos. Casi al tiempo, los populares gallegos difundían otro clip navideño en el que el sucesor de Feijóo allí, Alfonso Rueda, recorre Galicia en moto repartiendo sonrisas y buenos deseos, sin una mala crítica para nadie. Hace un año, esa hubiese sido probablemente la imagen que Feijóo habría vendido a sus paisanos. Esa misma imagen que hizo pensar a algunos que su llegada al liderazgo del PP iba a suponer una rebaja de tensión en el desquiciado clima político español. Nueve meses después, la corriente de confrontación que alimenta la política nacional ha arrastrado a Feijóo. Y el choque entre Gobierno y oposición ha superado los peores momentos de la época de enfrentamientos entre Pablo Casado y Pedro Sánchez.

La noche del lunes 19 fue pródiga en imágenes insólitas. Por primera vez, el Tribunal Constitucional, a petición del PP, interfería un proceso legislativo en las Cortes para anular la tramitación de la norma que pretendía superar el bloqueo al reemplazo de cuatro de sus magistrados con el mandato prorrogado. Por primera vez también, los presidentes del Congreso y del Senado comparecían uno tras otro al filo de la medianoche para anunciar con voz solemne que, aunque acataban el mandato, consideraban que se estaba abriendo un peligroso precedente. Tres años de guerra sin cuartel entre el Gobierno y la oposición, con una pandemia y una guerra de por medio, habían desembocado en una crisis insólita entre las principales instituciones del Estado.

Los últimos días han deparado un cierto intento de no atizar más el fuego, al menos en el frente dialéctico. En el Gobierno se frenaron las declaraciones iniciales de miembros de Unidas Podemos que abogaban por desobedecer al tribunal de garantías. El universo de la derecha celebró con euforia lo que considera una humillación a Sánchez en el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución. Feijóo, en cambio, ha evitado el menor tono triunfalista. “Hasta los periodistas se sorprendieron porque decían que no nos veían contentos”, relata una persona del núcleo de confianza del dirigente popular. “Claro que lo estamos por una parte, porque hemos conseguido parar una maniobra inadmisible. Pero, por otra, ¿quién puede estar contento con una situación así?”.

El equipo de Feijóo relativiza el alcance de lo que pudiera parecer un triunfo político. En un clima tan extremo, el núcleo dirigente del PP teme que el favorecido pueda ser Vox. La entrada en escena del Constitucional ha tenido además un efecto secundario que podría beneficiar a Sánchez: ya nadie habla de la rebaja de penas para los delitos de malversación sin lucro personal acordada por el Gobierno y ERC, una medida que había desagradado profundamente en el PSOE. Ahora el asunto ha pasado a un segundo plano y ya casi ni afloró en el último debate del jueves en el Senado, previo a la aprobación definitiva de la polémica reforma del Código Penal.

Diputados y senadores socialistas —incluidos algunos críticos con el presidente— relataban esta semana por los pasillos de ambas Cámaras que la irrupción del Constitucional ha cambiado de repente el humor de las bases del partido, ahora soliviantadas ante la ofensiva política y judicial de la derecha. Los que sospechaban que la reforma del Código Penal ―con el nada disimulado objetivo de suavizar procesos judiciales contra independentistas catalanes― estaba haciendo mella en la imagen del presidente, lo habían visto confirmado en el barómetro mensual del CIS, que registró una caída de dos puntos en las expectativas electorales del PSOE. Pero ese estado de ánimo era anterior a la colisión de astros de los últimos días.

En su duelo del miércoles en el Senado, Feijóo se mantuvo en una imagen de gravedad mientras Sánchez sonreía relajado en el escaño, sin mostrar el menor síntoma de haber encajado un golpe. Miembros del Gobierno describen la misma estampa del presidente. “Estas situaciones le ponen, se crece con ellas”, apunta uno de sus interlocutores de estos días. Una vez más, estas fuentes reivindican la leyenda del manual de resistencia, el líder que planta cara sin temor a los poderes establecidos. En este caso, la “derecha política, mediática y judicial”.

El Ejecutivo se ha desplegado además para hacer visible que dispone de la legitimidad de una mayoría parlamentaria estable. Quiere que la respuesta legal no solo la abanderen esta vez PSOE y Unidas Podemos, sino todo el grupo de alrededor de 185 diputados que lo sostiene en la Cámara. Con ellos espera promover la iniciativa para sortear la anulación de la norma que permitiría renovar el Constitucional. Esta vez con un método más ortodoxo: mediante una proposición de ley conjunta en lugar de dos enmiendas a una ley sin relación alguna —la reforma del Código Penal—, la práctica que echó por tierra el tribunal de garantías. El Gobierno ya está hablando con los grupos, pero quiere esperar hasta que el Constitucional haga públicos los argumentos de su resolución. El contenido de la propuesta no ofrece muchas dudas: irá en línea similar a la de las enmiendas, a fin de cambiar las mayorías requeridas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han permitido al sector conservador bloquear los relevos en el tribunal de garantías.

Todo eso podría estar listo en enero. ¿Y después? Los socialistas niegan que vayan a recuperar la propuesta que les permitiría renovar el CGPJ en el Congreso solo con sus aliados, prescindiendo del PP, al suprimir el requisito de mayoría cualificada. En su día ya le costó una reprimenda de Bruselas, y a eso apela la parte mayoritaria del Gobierno, mientras Podemos busca apoyos en el Congreso para relanzarla. La gran incógnita es si Sánchez encontrará alguna otra fórmula para no llegar a las elecciones con un CGPJ caducado y hostil, o no tendrá más remedio que dar la batalla por perdida.