Anualmente, Naciones Unidas presenta la actualización de su Informe de Desarrollo Sostenible, que trata de dar seguimiento al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y así al cumplimiento de los compromisos derivados de la Agenda 2030. El índice con el que se mide el progreso en el desarrollo sostenible se estructura en tres grandes dimensiones del desarrollo (económica, social y medioambiental), que se desgranan en los 17 ODS y sus 118 indicadores asociados. Independientemente de las discusiones sobre la conceptualización y cuantificación de los ODS, aún vigentes, lo cierto es que el informe ofrece una panorámica muy completa de los retos del desarrollo a nivel global.
El desempeño que muestra España en este último informe permite extraer algunas conclusiones de interés sobre los principales retos que enfrenta el país desde una perspectiva multidimensional y de largo plazo. España se sitúa en el puesto 16º de 163 países analizados, es decir, se ubica entre los que muestran un mejor desempeño en el conjunto del índice. De los 118 indicadores, España cumple con las metas fijadas en 69 de ellos y en otros 20 muestra unos niveles aceptables. Estos indicadores, ubicados en un nivel de desempeño relativamente satisfactorio, se concentran en gran medida en los ODS de “pobreza” (ODS 1), “salud y bienestar” (ODS 3), “calidad educativa” (ODS 4), “equidad de género” (ODS 5), “agua y saneamiento” (ODS 6) “energía limpia” (ODS 7), “ciudades sostenibles” (ODS 11), “justicia e instituciones” (ODS 16) y “alianzas internacionales” (ODS 17). En resumen, España muestra su mejor desempeño en el ámbito de sus instituciones y en el despliegue de políticas de corte social.
En contraposición, el país muestra su peor cara en 27 indicadores, que se quedan notablemente por debajo de las metas marcadas y tienden a empeorar. Estos indicadores se concentran, de forma muy marcada, en el ámbito de la sostenibilidad ambiental, especialmente en los ODS de “hambre y seguridad alimentaria” (ODS 2), “consumo y producción sostenible” (ODS 12), “acción climática” (ODS 13), “océanos y mares” (ODS 14) y “biodiversidad” (ODS 15). Pero también en diversos indicadores vinculados a la dimensión económica, como “trabajo decente y crecimiento económico” (ODS 8), “industria, innovación e infraestructura” (ODS 9), así como en algunos aspectos específicos de carácter social (ODS 10. “Desigualdades”). Estos indicadores de pobre desempeño ofrecen una aproximación relativamente completa de los retos que afrontará el país en las próximas décadas.
Tres retos
La primera conclusión que se extrae tras analizar estos indicadores es que el principal reto de España es el de la adaptación de su sistema económico a los criterios de sostenibilidad ambiental. Esto va más allá de los Acuerdos de París, de la reducción de emisiones de CO₂ y del desarrollo de las energías renovables, y exige abordar los retos medioambientales desde una perspectiva integral. Es decir, incluye la necesidad de mejoras significativas en ámbitos como el desarrollo de una agricultura sostenible, la gestión de la basura electrónica, el desarrollo de los sistemas de reciclaje de plásticos, la implantación de mecanismos de economía circular. Pero también la protección de mares y ríos, el desarrollo y reglamentación de las prácticas de pesca, la preservación de la biodiversidad marina y terrestre y la protección de las especies en riesgo de extinción, entre otras.
El segundo reto es el de la productividad. España presenta serias carencias en indicadores clave para el desarrollo de su capital humano y la consecución de mejoras agregadas de productividad, ambas, determinantes clave del crecimiento económico de largo plazo. Algunos de estos indicadores son: un escaso registro de patentes y de inversión en I+D, bajas puntuaciones en el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o examen PISA (por sus siglas en inglés), bajo rendimiento académico de los alumnos en ciencias, proporciones reducidas de investigadores y amplias de jóvenes que ni estudian ni trabajan.
El tercer reto se centra en la desigualdad. España presenta un desempeño mejorable en todos los indicadores de inequidad (índice de Gini, ratio Palma, pobreza en mayores y pobreza tras redistribución), así como en diferentes aspectos de su Estado de bienestar, como la igualdad salarial por género y excesiva carga de la renta del hogar, entre otros. Además, el país también presenta otros indicadores que deben mejorar, como la excesiva población reclusa, una notable relevancia de las exportaciones de armas y un menguante volumen de ayuda oficial al desarrollo.
En definitiva, si España quiere alcanzar los ODS en el año 2030, tendrá que hacer frente a estos tres retos clave mediante un intervencionismo público inteligente. El reto de la sostenibilidad exigirá profundos desarrollos normativos y una ambiciosa estrategia de inversión pública (y privada) en línea con el Pacto Verde Europeo. El reto de la productividad deberá centrarse en un incremento importante de las inversiones en I+D y en mejoras cualitativas en toda la cadena de desarrollo de su capital humano y la transferencia tecnológica al tejido empresarial. El reto de la desigualdad exigirá una mejor y mayor capacidad recaudatoria y el rediseño y mejora de la eficiencia redistributiva del gasto público. Finalmente, más allá de la discusión técnica sobre las mejores opciones de política pública para superar estos retos, España necesita construir consensos amplios en la sociedad, tanto en los partidos políticos, como en el ámbito empresarial, social y cultural, para avanzar de forma sólida y sostenible en sus retos de desarrollo.
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