El cuchillo, sobre el colchón, apuntaba hacia el centro de la cama. No era gran cosa —pequeño, de cocina, con el mango negro— pero enviaba un mensaje contundente. Era una amenaza nada velada; la prueba de que podían entrar armados hasta el rincón más íntimo y vulnerable del hogar de Juan Carlos Flores. El abogado, un medioambientalista convencido, lucha desde hace una década contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), una macrooperación energética y extractivista del Estado mexicano, en colaboración con las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enagás, que ya ha erigido una central termoeléctrica en Morelos. También un gasoducto que atraviesa Puebla, Morelos y Tlaxcala y bordea las faldas del Popocatépetl, uno de los volcanes más inestables del mundo, en constante riesgo de erupción.
El día que el cuchillo apareció en su cama, el 5 de abril de 2022, cortaron la verja con una cizalla y solo se llevaron unos pocos objetos de valor. Los mecanismos de protección fueron lentos y cinco días después los asaltantes estaban allí de nuevo, con un modus operandi casi idéntico. Todavía volvieron otra vez más, el 15 del mismo mes. Tres allanamientos en dos semanas, documentación legal extraída, cajones revueltos y un objetivo claro: amedrentar al activista. Después de eso, Flores consiguió por fin que una patrulla custodiara la casa hasta que reforzaron la seguridad con cámaras e infraestructura más difícil de franquear. Pero la cosa no quedó allí. En octubre, aflojaron las llantas de su coche. Él consiguió darse cuenta antes de que el vehículo descarrilara en la carretera de Tepotzlán.
—Sobre todo es pensar que en cualquier momento puedo morir. No puedo andar solo fácilmente, tampoco con mi familia. Tengo que restringir mis desplazamientos y horarios; estar vigilante de lo que pasa alrededor. He visto vulnerada mi seguridad por parte del mismo mecanismo de protección. El 4 de octubre de este año, días antes del atentado, había puntos ciegos porque no nos proporcionaron las cámaras necesarias para que el domicilio estuviera vigilado de manera completa. Vimos personas que probablemente pudieron haber entrado a mi domicilio por la parte de atrás. Una de las cámaras no funcionaba. Y logramos identificar en algunas de esas imágenes dos automóviles, uno rojo y uno azul, además del rostro de uno de ellos. Todas esas grabaciones ya las teníamos respaldadas y cuando llega el mecanismo a supuestamente arreglar la cámara que no estaba funcionando, se las lleva sin mi consentimiento y después me informan que fueron destruidas”.
Flores (43 años, Puebla) se mueve con soltura entre los maizales que rodean Santa María Zacatepec, en Puebla. El polvo que se acumula en su coche y sus zapatillas sugieren que pasa más tiempo en estos parajes que sobre los adoquines pulcros de un juzgado. El pelo canoso, la barba a juego, el jersey burdeos de cuello de pico contribuyen a generar una imagen más cercana a la de un profesor rural que a un letrado.
Es abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, aunque lleva casos contra otros 15 megaproyectos por todo el país. La organización defiende que el gasoducto fue construido ilegalmente sobre tierras comunales de pueblos indígenas originarios. “Es un cuchillo para el territorio de nuestros pueblos”, dice mientras lo señala. También sostienen que la termoeléctrica y la industria automovilística que trae de la mano contaminan el agua y causan un impacto ambiental en sus tierras que puede llegar a ser irreversible. Los campesinos dicen que el agua está muerta: después de pasar por la central vuelve al río sin oxígeno, mata a los peces y pudre las cosechas.
—Ellos dicen que esa agua hasta es más pura y hace más bien porque ha pasado un proceso de evaporación. Hay una descarga clandestina, pero grande, de la termoeléctrica en una barranca de Huexca que está a escasos 500 metros de la central. Cada vez que descargan el agua ahí, los peces mueren, pero de manera automática. En lugar de dar vida, esa agua da muerte.
Las obras de la termoeléctrica empezaron en 2012. Desde entonces, la vida de Flores no ha vuelto a ser la que era. Además de los tres allanamientos y el intento de asesinato, descubrió que espiaban sus correos. En 2014 fue encarcelado, acusado de extorsión, motín, despojo y ataque a la infraestructura hidráulica. Le hacinaron en una celda minúscula con decenas de personas. Pasó 10 meses en prisión. En 2018, un juez le absolvió al considerar que no existían pruebas suficientes contra él, pero el daño ya estaba hecho. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, llegó a pedir su libertad. Entonces, el mandatario se oponía al PIM. Ahora defiende la iniciativa y carga contra Flores y sus compañeros, a los que acusa de ser conservadores y oponerse a su proyecto político. En 2019, un grupo armado asesinó con dos tiros en la cabeza a Samir Flores, opositor y amigo del abogado, tres días antes de una consulta convocada por López Obrador para decidir el futuro de la central. La investigación sobre el homicidio apenas ha avanzado, denuncian.
—¿No piensa a veces en abandonar?
—Mira, la situación que vivimos en el mundo, en nuestras comunidades y en el país es muy grave. Sabemos que defender los derechos siempre ha sido riesgoso. En toda la historia de la humanidad han asesinado a personas por eso. Sin embargo, si no hubieran existido esas luchas, no tendríamos las libertades que tenemos. Me importa mi vida, pero también me importa el futuro de las generaciones de mi familia, del pueblo. Estamos en una lucha contra la destrucción, de supervivencia por la humanidad y la tierra, que tal vez dé un día más para que la vida siga. Si vivimos y no luchamos, el día de mañana vamos a tener que estar tomando agua con exceso de cloro, con arsénico, como ya pasa en muchas partes de nuestro país. Sí, cuesta trabajo, es lamentable, pero hay que hacerlo. Es necesario, pues.
—¿Quién está detrás de los intentos de asesinato?
—Un narcoestado. Con el asesinato de Samir nos dimos cuenta de que el crimen organizado funciona como una Secretaría del terror del Estado mexicano: genera atentados, genera división en las comunidades; las inmoviliza con la extorsión, los secuestros, los asesinatos políticos. Son tres grandes monstruos: el Estado, el crimen organizado y las empresas. Contra esos tres monstruos luchamos los más pequeños, los pueblos: luchamos con medios de comunicación, con radios comunitarias, con papeles, con juicios, con asambleas, con marchas, con comités. Platicando de persona en persona, cuidando la tierra, sembrando, haciendo agradable la vida en nuestros pueblos, haciendo fiesta. Así luchamos nosotros, porque no tenemos armas ni las queremos tener.
Flores guía hasta una herida abierta en la tierra: un enorme socavón de aproximadamente 120 metros de diámetro y unos 15 metros de profundidad, a apenas 200 metros del gasoducto y rodeado de cultivos. El abogado explica que la extracción masiva de agua subterránea para el corredor industrial que el Gobierno está implantando en la zona ahuecó el suelo. El verano de 2021, se oyó un estruendo y la tierra se vino abajo. Desde entonces, el agujero no ha parado de crecer. Es otra de las razones que esgrimen para detener el PIM, junto al despojo de sus tierras y la cercanía del inestable volcán. Al menos 22 comunidades se han visto afectadas por el macroproyecto energético.
—Vemos el PIM en dos grandes etapas de perjuicio y de riesgo: una es la instalación del proyecto energético; la segunda es la industrialización de toda nuestra región, de todas las faldas del volcán Popocatépetl, que es zona de riesgo. Podemos ver acá una barda que delimita un parque industrial llamado Mercatus, que está acá porque quiere conectarse al gasoducto y así generar más zonas industriales. El socavón se ha formado en la tierra debido a la extracción masiva de agua para la industrialización automotriz de la Volkswagen y toda la línea de producción que involucra, que son cientos de empresas que se instalaron alrededor del río Atoyac y que están creciendo. Hace 20 años era normal escuchar que había agua a un metro de distancia bajo tierra. Ahora, con toda la industrialización, ya se encuentra a 20 o 30 metros.
La batalla legal contra el PIM continúa desde 2012 y Flores y sus compañeros no ceden un palmo a pesar de las amenazas. “No queremos medidas de mitigación, queremos que se retire. Es incompatible con la vida de los pueblos, implica el paulatino despojo de la tierra y el agua”. El abogado defiende que la constitución está de su lado porque muchas de las tierras por las que pasa el gasoducto son ejidales —públicas, comunales desde la reforma agraria que trajo la Revolución Mexicana—. Solo pueden utilizarse si la comunidad así lo decide en asamblea.
Flores habla y posa para las últimas fotos. Su silueta se recorta entre el maíz y un sol que hace olvidar que es diciembre. De nuevo, parece más en su ambiente aquí que en un juzgado. A su alrededor se ven las tierras labradas y en barbecho; los campesinos que las trabajan; el gasoducto que las amenaza; los sistemas de regadío; de fondo, el Popocatépetl. Al terminar la entrevista, se introduce en su pequeño coche verde. Y desaparece al fondo del camino, levantando una polvareda que difumina el paisaje.
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