En abril de 2021, 204 personas escaparon de sus hogares en el municipio de Cotija, en Michoacán, después de que miembros de un grupo criminal irrumpieran en sus casas y los amenazaron con rifles y lanzagranadas. La cifra de desplazados en el Estado siguió aumentando ese año y para diciembre ya eran más de 13.500. En julio, alrededor de 3.000 personas del municipio de Pantelhó, en Chiapas, dejaron sus viviendas para refugiarse en las montañas o en albergues habilitados en iglesias o edificios municipales forzados por la persecución política y el asedio territorial. Algunas regresaron después, pero no porque las condiciones hubieran mejorado. En Zacatecas ocurrió de forma similar. En Guerrero también y en Chihuahua y en Jalisco. En 2021, al menos 28.943 personas tuvieron que desplazarse de forma forzada dentro de México debido a la violencia, según un informe presentado este martes por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
El estudio cuenta 42 “episodios de desplazamiento interno masivo” en 10 Estados del país causados por la violencia de grupos armados, la persecución política o el asedio territorial –es decir, que no se incluye a las miles de personas desplazadas, por ejemplo, por motivos medioambientales–. Esos episodios, que un año antes habían sido poco más de la mitad, obligaron a abandonar sus casas a casi 29.000 personas. La cifra es el resultado de un monitoreo que hace la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos desde 2016 y que tiene como fuente principal las publicaciones en prensa, aunque incluye consultas a expertos y otras organizaciones. El trabajo de la comisión, que es una organización de la sociedad civil, intenta suplir la falta de información sobre el tema, ya que no existe un registro público difundido por las autoridades sobre los desplazamientos internos forzados en el país.
El 84% de los desplazados escaparon de los Estados de Michoacán, Chiapas y Zacatecas, según el análisis; el resto huyó de Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Oaxaca, Tamaulipas, Durango y Nayarit, que registró en 2021 el primer desplazamiento forzado del que la organización ha tenido noticias. Daniel Márquez, miembro del equipo que ha hecho el estudio, una publicación detallada de más de 200 páginas, ha destacado este martes la “focalización” del fenómeno en tres Estados y la “expansión geográfica” hacia otras entidades federativas del territorio: “Es normal que con más eventos haya mayor expansión. Pero ha habido más episodios, no solo se ha expandido”.
El número de desplazados internos contabilizados por la comisión para 2021 es tres veces más alta que la registrada un año antes. Márquez ha indicado que es una cifra “nunca antes vista”. Los analistas han señalado este martes que entre 2016 y 2019 se había observado “una tendencia hacia la disminución” del número de desplazados. No se podía decir, sin embargo, que la situación hubiera mejorado porque los altos niveles de violencia persistían. Un año después, en 2020, se notó un aumento que “no fue significativo”. Pero en 2021, los resultados fueron “alarmantes”, señala el informe. En total, la organización ha registrado que, desde 2016, 379.322 personas han tenido que dejar sus hogares obligados por la violencia en México. El país no es un caso aislado en un continente que concentró el 20% de los desplazamientos forzados en todo el mundo en 2021 ocurrieron en América, según el último informe de ACNUR.
El estudio señala que la mayoría de los desplazamientos afecta a familias enteras que vivía en localidades rurales cuando tuvieron que huir. Al menos en la mitad de los episodios, las notas de prensa mencionaban la presencia de niñas y niños en los grupos. El estudio también estima que al menos 8.174 de las personas desplazadas internas en 2021 fueron indígenas, lo que representa casi un tercio del total (cerca del 87% residían en Chiapas). Cuando una persona huye su casa lo hace, principalmente, dentro del mismo municipio en el que reside, según el informe: en un tercio de los desplazamientos masivos registrados las personas permanecieron en su municipio y en el 60% de los episodios lo hicieron dentro del mismo Estado.
Esto es así, ha señalado Laura Alvarado, otra de las expertas que participó en la realización del informe, por “el tipo de violencia que decanta el desplazamiento”. Los analistas han precisado en el estudio las formas específicas de violencias que detonaron los desplazamientos, como la quema de cultivos o de negocios, los saqueos a viviendas, los asesinatos o desapariciones de personas de la comunidad, entre otros. “Este tipo de detonante no te deja espacio para planear. Es muy reactiva. Muchos van a casas de vecinos o familiares; o a zonas más alejados, como las zonas montañosas de sus propias localidades; o a las cabeceras municipales, donde encuentran más protecciones estatal en estadios, iglesias, centros de salud…”, ha explicado Alvarado.
Desplazamientos hacia la frontera norte
Para Josep Herreros, representante de ACNUR en México, el informe es “una herramienta valiosa” porque existe “un vacío” de información oficial. “México viene sufriendo por décadas el flagelo del desplazamiento interno. Desde hace unos años hay voluntad de diseño de políticas de respuesta. Pero para eso hace falta conocer la dimensión”, ha criticado Herreros este martes durante la presentación del estudio. El experto de ACNUR ha indicado que “la principal dificultad” a la que se enfrentan las autoridades es alcanzar “soluciones duraderas” para que las personas puedan regresar a sus territorios: “Mientras eso no se alcance se sigue perpetuando una violación a los derechos humanos de las personas desplazadas internamente”.
Herreros ha indicado que en esas circunstancias “es lógico que busquen en otro país las soluciones” y se ha referido a la crisis en la frontera norte, donde miles de personas esperan para cruzar hacia Estados Unidos y “ejercer su legítimo derecho al asilo”. El Gobierno del demócrata Joe Biden aún aplica el Título 42 para expulsar en caliente a migrantes y solicitantes de asilo, principalmente, a mexicanos. La medida, de 1929, fue recuperada al comienzo de la pandemia por la Administración del republicano Donald Trump, que arguyó motivos sanitarios para hacerlo. Su sucesor prometió eliminarla, pero sufrió el último revés en diciembre cuando el Tribunal Supremo rechazó derogar la norma. “El Título 42 debe ser levantado lo antes posible y se debe priorizar el derecho al asilo”, ha instado Herreros.
Valentina Glockner, antropóloga especialista en migración e infancia, ha advertido este martes en la presentación del informe de que la búsqueda de asilo en Estados Unidos se presenta como “una vía prioritaria de las familias desplazadas para ponerse a salvo”. “Cada vez es más difícil encontrar alternativas de vida en otros Estados [de México]”, ha indicado Glockner, que es parte de un equipo binacional de expertas que entre 2019 y 2021 documentó el impacto del desplazamiento interno forzado sobre niños, niñas y adolescentes y sus cuidadoras en las fronteras entre Sonora y Arizona y entre Chihuahua y Texas. Pero en el límite entre ambos países, Glockner detectó “una serie de mecanismos que sistemáticamente han bloqueado la posibilidad [de los solicitantes de asilo] de ponerse a salvo” y ejercer su derecho. Además de la aplicación del Título 42, indentificó listas de espera, engaños y amenazas que “están siendo desarrolladas por autoridades mexicanas”.
Glockner ha insistido en que “la política migratoria estadounidense está históricamente sesgada en contra de las personas mexicanas que solicitan refugio en Estados Unidos”. Eso se suma a una nueva situación que para la antropóloga es “grave”: “En México no hay un reconocimiento pleno del desplazamiento forzado interno que permita [a los solicitantes de asilo] llevar sus casos con mayor fuerza y recursos, y está generando una dinámica de fricción entre las personas migrantes y las desplazadas internas mexicanas”. “Eso es casi lo peor que puede suceder: generar dinámicas de confrontación entre personas que están en terribles situaciones de vulnerabilidad y vienen huyendo de nuestro país y de otros países”, ha agregado la antropóloga.
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