Entre palmeras y aguas cristalinas libran estos días una fea pelea los taxistas de Cancún contra la empresa Uber, que también quiere disfrutar del millonario negocio caribeño. Lo que en otros países del mundo sería una cuestión puramente laboral, en tierras mexicanas la lógica está atravesada por factores oscuros que han derivados en bloqueos de carreteras y agresiones callejeras que han trasladado el asunto hasta la Fiscalía y obligado al gobierno estatal de Quintana Roo a intervenir para que no se desborden las aguas en uno de los lugares más turísticos del mundo. Les va en ello la imagen y los ingresos. Agitados los ánimos y muy encontradas las posiciones, en algo coinciden todos: esto se ha convertido en un problema social que compromete el futuro de la Riviera Maya y perturba a diario a la población. La señal de peligro inminente la dio el Gobierno de los Estados Unidos, cuando al inicio de la semana advirtió a sus compatriotas del riesgo de verse envueltos en un peligro inadvertido por el simple hecho de solicitar el servicio de un Uber.
El Destino, le llaman a esta zona de la Riviera Maya donde el año pasado se rebasó el éxito de turistas, con 30 millones de visitas, 12 de ellas para Cancún. Uber lleva desde 2016 queriendo formar parte de la red de taxistas, pero siempre encontró la férrea resistencia de los trabajadores del volante, hasta ahora, cuando la multinacional ha ganado un amparo judicial que permite a sus conductores desempeñarse en esta ciudad hotelera de forma privada, sin pasar por el sindicato gremial ni contar con la obligada concesión pública para dar el servicio. Los vehículos de la banda verde taponaron la vía que va del aeropuerto a la zona turística ocasionando un caótico tráfico en la ciudad, y se produjeron agresiones a los conductores de Uber y a sus usuarios, a quienes sacaron con violencia de los automóviles. El presidente del Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, se apresuró a decir que había más ruido mediático que nueces, pero nadie era ajeno al riesgo de que la gallina de los huevos de oro saliera lastimada. El Gobierno de Quintana Roo envió de inmediato a la segunda de la gobernadora, la abogada Cristina Torres, quien ya se ha visto con ambas partes por separado y espera reunirlas el lunes para hacerles ver que no hay más remedio que permitir la entrada de Uber en la zona, pero también que son necesarias algunas regulaciones en el sector, algo que reconoce el amparo judicial, donde se otorga al legislador “un margen de configuración amplio para elegir las formas en que han de operar las personas que intervienen en la prestación del servicio”.
“Hay mercado para todos”, concilia Cristina Torres, secretaria del Gobierno estatal, en un austero despacho cancunense desde donde conduce las negociaciones. Ya todos saben que la entrada de Uber en el negocio es irrevocable. “Si no lo regulamos vendrá otro amparo”, reconoce la secretaria. Ahora se trata de ver cómo lo hacen para que todos queden satisfechos. Los taxistas dicen que han de pagar la concesión pública para operar el servicio, pero la resolución judicial deja claro que pueden hacerlo de un modo privado. Por tanto, el Gobierno se conforma con implementar algunas medidas que eviten las malas mañas. “Queremos que Uber acepte que monitoreemos a todos sus conductores para saber quién pertenece a la plataforma y quién no. Que entiendan que no pueden ser solo un prestador de plataforma. También están pensado un cobro a la empresa y una revisión de los vehículos. Uber pide un seguro del vehículo para entrar a trabajar en la plataforma, pero no vigila su cumplimiento”, dice Torres. En México, millones de vehículos públicos y privados no disponen del seguro reglamentario.
El fondo del asunto es la manga ancha con la que han trabajado los taxistas en la Riviera Maya durante años, acogidos a un sindicato al que deben afiliarse obligatoriamente y pagar una cuota. Hoy se quejan de que el Estado, donde operan unos 25.000 taxistas, 8.600 en Cancún, no ha sacado durante años nuevas concesiones públicas ni ha actualizado las tarifas que se deben cobrar por los diferentes trayectos. El resultado son abusos en los arbitrarios precios que imponen a los turistas y un ninguneo a la población local que les ha granjeado la enemistad con los cancunenses, reflejada estos días en vídeos particulares viralizados donde les llaman “perros” y “corruptos”. Los locales se quejan además de prácticas delictivas. Montar en un taxi público no es cuestión de alzar la mano en la calle para detenerlo. En prácticamente todo el país, usuarios de este transporte han sido víctimas de secuestros y abusos sexuales, sobre todo las mujeres.
En el aeropuerto de Cancún operan un puñado de empresas locales que cobran por el trayecto hasta la Zona Hotelera unos 35 dólares por persona. Una vez en el pueblo, un taxista se detiene, por la ventanilla se le indica el trayecto requerido y el conductor dice: “Eso le cuesta 120 pesos [unos 6,50 dólares, parecida cifra en euros]”. Por la misma ruta, otro pide 100 y otro 200 pesos, lo que les parezca en el momento y en función del acento de quien lo solicita. Cuando lo requieren los cancunenses a veces el taxi ni se detiene. Muchos no ofrecen ni una nota por el importe recibido y el taxímetro es en México un aparato desconocido. El presidente del sindicato estatal, Eliazar Sagredo Ordóñez, acusa de esa arbitrariedad al gobierno de Quintana Roo, “que durante el sexenio anterior no actualizó las tarifas, y todo ha subido mucho, el combustible, las reparaciones. Además, no se han otorgado más concesiones. Y en el anterior mandato, de las que se otorgaban, una parte era para el sindicato y la otra para los compromisos personales de los políticos”. Este asunto también es conocido por todos los lugareños.
Los taxistas no son enemigos de las empresas que operan en el aeropuerto, “la entrada de Uber afectará a todos”, dicen. Y también los hoteleros piden calma para que el turismo no se vea afectado. “Lo que pedimos es piso parejo, que todos paguemos impuestos, la concesión estatal y otros gastos”, solicita Sagredo Ordóñez. “El Estado debe regular, es su responsabilidad legislativa, las multinacionales se están llevado el dinero a paraísos fiscales, nada para el Estado”, añade el líder sindical, quien ya se está reuniendo con los diputados locales para negociar la nueva Ley de Movilidad llamada a organizar el sector. Otras plataformas, como Cabify y Didi han entrado a operar bajo las condiciones que dicta el sindicato, pero tienen medio territorio vedado. Nada de entrar a los hoteles a recoger clientes. Cuando se solicita un viaje por la plataforma varios taxistas lo toman y lo cancelan. Por fin, uno de ellos acepta, pero recoge al usuario una calle más allá del hotel, para no entrar en conflicto con los taxis sindicados, que están por todas partes. Y tampoco dejan al cliente en el destino exacto, sino unos metros más allá. Nadie quiere enfrentarse al sindicato. No es de extrañar. Cuando se le menciona a un taxista cualquiera la pelea de estos días con Uber, responde sin aspavientos: “No se engañen, aquí como en todas partes manda el cartel. Es dinero. Si ellos se meten con este negocio van a ir matando a uno tras otro. Va a correr la sangre”.
Águeda Esperrilla es quien da estos días voz a los taxistas de Uber en Cancún. Lleva seis años trabajando en la ciudad, cuando se lo han permitido y siempre con precauciones. Acusa al Gobierno y al sindicato de estar coludidos para repartirse los millones que dejan las “cuotas diarias de 500 pesos que se cobra a cada taxi agremiado a diario por trabajar en la Zona Hotelera”. Aunque sea menos no deja de ser un negocio boyante. Cuenta que en el bulevard Kukulkán, donde desahogan sus instintos los turistas más nocturnos, los de Uber recogen a los clientes en los aparcamientos subterráneos de los grandes y ruidosos locales de fiesta loca. “Dicen que estos antros pertenecen al narco y que ellos no quieren que los taxistas tengan aquí enfrentamientos con nadie para no estropear el negocio”, afirma Esperrilla a las puertas de una de las salas más emblemáticas de la ciudad, el Coco Bongo. La avenida es infernal para los oídos, allí se mueve la coca y a saber qué otros negocios ilegales. En fin, alto voltaje para cualquier orificio.
Que el narco está metido en Cancún no es una novedad para nadie. El año pasado se dieron ataques a balazos que acabaron con la vida de varias personas en Tulum, Playa del Carmen y el propio Cancún, en las zona más concurridas y turísticas, en elegantes restaurantes que dejaron a la luz el mercado de drogas que se mueve en la zona y la delincuencia que la atraviesa, de la que los taxistas tampoco están exonerados. Ni ellos ni casi nadie de los que venden cualquier cosa en estas zonas.
El monitoreo que ofrecen las plataformas es un factor de seguridad para los usuarios de los taxis, y la competencia, dicen algunos, no está demás. El problema es que “los taxistas agremiados no saben usar las nuevas tecnologías”, asegura un chófer de Didi que no quiere dar su nombre. El líder de los agremiados en Cancún, Luis Mis, tiene su propia versión. Afirma que ellos también disponen de una plataforma para solicitar el servicio de taxi, pero que “no se le ha dado suficiente campaña pública”. Ahora el Gobierno se plantea diseñar una plataforma pública, estatal, para todos los agremiados de Quintana Roo y regular definitivamente un negocio que circula libre. Para ello tendrán que hacer un estudio de mercado. Pero primero han de instaurar de inmediato la paz en El Destino, donde cada año recalan millones de estadounidenses, canadienses, colombianos y españoles, entre los mayoritarios. Esta semana están llamados todos los implicados a negociar. “Creo que la paz podremos comunicarla el lunes”, afirma la secretaria Torres.
La tensión es palpable aún entre los chóferes, no es fácil acercarse a una parada de las decenas que hay por la zona turística y tomar unas fotos. Los taxistas no quieren ver ni en pintura a los periodistas a quienes les acusan de malinformar sobre lo que sucede. Y no dudan en amenazarlos de muy malas maneras. También les toman fotos con sus celulares y les avisan de que tengan “cuidado”. En México las amenazas no son bromas. El presidente del sindicato en Cancún condena las agresiones de algunos taxistas, pero menciona “las provocaciones de los conductores de Uber, que no pueden trabajar y salen a las calles”. Lo hará, según la interpretación del Gobierno, cuando se haya regulado todo. “Amamos a esta ciudad y no queremos afectar al turismo”, dice sosegado Mis.
El Caribe siempre fue mar de piratas. Hoy las cosas no parecen haber cambiado mucho, aunque los turistas no se enteren de casi nada metidos en sus resorts de lujo. Y en el gremio del taxi el asunto no es del todo claro tampoco. “En los destinos turísticos mucha gente finge ser operador y no tenemos herramientas para decir si lo son o no, por eso queremos monitorear a los conductores”, dice Torres. Y zanja. “Hay taxis piratas y Uber piratas”.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país
