La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ultima un acuerdo para distribuir comida entre personas vulnerables con Glovo, compañía sancionada con más de 205 millones de euros por vulnerar los derechos de los trabajadores. El convenio, que no incluirá contraprestación económica a favor de la empresa, según las dos partes implicadas, forma parte de la estrategia para mejorar la imagen de una empresa en el ojo del huracán por sus constantes problemas con la Inspección de Trabajo por emplear falsos autónomos o trabajadores sin permiso de trabajo, o por la decisión de despedir al 6,5% de sus empleados (250). Una trayectoria que la Administración regional no parece considerar reprochable. Todo lo contrario. Tras la visita de Ayuso a la sede de la empresa de reparto en 2021, la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, se ha convertido este jueves en la mejor defensora de la imagen e intereses de Glovo, que se encargaría de distribuir la comida “tanto disponible en el comedor como la que se embolsa para llevar a casa y cuyo peso en muchas ocasiones dificulta su transporte”.
“Estos repartidores son trabajadores precarios que podrían acabar perfectamente acudiendo a los comedores sociales a los que van a ir trabajar [para recoger la comida que repartan]. Esa es la distopía liberal de Ayuso”, lamenta Emilio Delgado, diputado de Más Madrid. “No compartimos este modelo low cost y apostamos por empresas y entidades madrileñas que respetan la legalidad vigente y los derechos laborales”, sigue. Y se queja: “La Comunidad de Madrid considera que para gestionar los comedores sociales y llevar la comida a las personas sin recursos la empresa idónea es Glovo, que ha levantado su fortuna literalmente aplastando los derechos de sus trabajadores, y que es un ejemplo del capitalismo más descarnado, el buque insignia de la precariedad laboral en España”.
En total, Glovo ha sido castigada por actuar de forma improcedente con 37.348 falsos autónomos o trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo. Eso le ha supuesto sanciones por 205,3 millones de euros, 125,3 millones en sanciones y 80 millones en actas de liquidación de cotizaciones. Glovo se defiende indicando que el periodo inspeccionado que deriva en estas multas es anterior a la entrada en vigor de la ley rider. En paralelo, y ante los incumplimientos en un sector mayoritariamente construido sobre los falsos autónomos, el Gobierno estatal busca endurecer los delitos contra los derechos de los trabajadores con penas de cárcel recogidas en el Código Penal.
Sin embargo, es difícil que haya algún representante de la compañía que defienda sus intereses con más elocuencia que la empleada este jueves en la Asamblea por la consejera Dancausa. La representante del Gobierno de Díaz Ayuso ha ejercido de portavoz de la compañía.
“Lo primero es una aclaración: todas las sanciones que tiene Glovo son anteriores a la ley rider”, ha dicho Dancausa durante el pleno de control al Gobierno regional, y en referencia a la norma que obliga a contratar a los repartidores que trabajan para plataformas digitales como falsos autónomos. “Nos hubiera encantado que el ofrecimiento que nos hizo Glovo nos lo hubiera hecho Correos, una empresa pública donde el señor Sánchez colocó de presidente a su exjefe de gabinete”, ha seguido.
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“Glovo pone a disposición de las entidades sociales su tecnología para facilitar la distribución de cestas de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad”, ha continuado la consejera. “Desde el año 2020, y gracias a la colaboración de más de 80 entidades, se han recuperado más de 700 toneladas de alimentos y se han entregado más de 200.000 cestas de comida”, ha añadido. “ONGs como Cáritas, o la Fundación de Síndrome de Down, entre otras muchas, colaboran con Glovo a través de esta iniciativa… pero a ustedes solo les interesa hablar de los problemas que pueda tener una empresa con la Inspección de Trabajo”.
Varios de esos argumentos son calcados palabra por palabra al argumentario de la empresa, según comprobó este diario al recabar su versión. El periodo inspeccionado al que se refiere el expediente es anterior a la entrada en vigor de la conocida como ley rider”, añadió un portavoz de la empresa sobre la última multa recibida. “Además de no ser consecuencia de la ley rider por ser de un periodo anterior, la propuesta de sanción hace referencia a un modelo operativo que ya no existe en España”, siguió. No existe ningún informe de la Inspección Laboral ni ningún tipo de pronunciamiento judicial sobre el nuevo modelo inédito actualmente disponible en España Glovo va a recurrir esta propuesta de sanción”.
Las versiones coincidentes y la voluntad de llegar a un acuerdo son un ejemplo de la coordinación entre el gobierno de Ayuso y empresas privadas relacionadas con la comida que tiene precedentes. Así, durante lo peor de la pandemia, la presidenta regional defendió múltiples veces enviar menús de Telepizza, Rodilla o Viena Capellanes a familias con derecho a beca de comedor por ser perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI). Ahora llega el turno de la empresa de reparto Glovo, a falta de conocer los detalles de un convenio que se firmará y publicará en el boletín autonómico próximamente.
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