Contado como lo cuenta, el camino de Margarita Reyes parece lógico, lineal, inevitable. Pero esa percepción desaparece cuando la mujer detiene el relato y detalla algún aspecto concreto de la cadena de errores, negligencias, desidias -o la mezcla de todo lo anterior- que la han hecho sufrir durante los últimos cinco años y medio. En 2017, su hija, Claudia, desapareció en el norte de Veracruz. La secuestraron. La Fiscalía estatal encontró sus restos meses más tarde y en enero de 2018 se los entregaron. Pero hace un par de semanas, la mujer, que había desconfiado de la entrega, confirmó sus peores temores: los huesos que le dieron eran una mezcla de los de su hija y de alguien más.
“¿A quién le he llorado estos años?”, exclama Reyes por teléfono desde Veracruz, una voz callosa, salpicada de entonaciones irónicas, dedicadas todas al actuar de la Fiscalía del Estado, primero durante los años del gobernador Miguel Ángel Yunes, del PAN, y luego con su sucesor, Cuitláhuac García, de Morena. “Ahora supuestamente el fiscal regional metió una solicitud para exhumar los restos. Pero no queremos que los saquen y ya. Queremos ver también de quién es el otro fémur”, dice la mujer, de 52 años.
Todo en la historia de Margarita y Claudia Reyes gira alrededor de tres fémures, los dos que enterró Margarita y uno más que encontró ella misma, años más tarde, en el mismo lugar donde los investigadores hallaron los primeros. Desde que se los entregaron, la mujer sospechaba que había algo raro en los restos. “Me dieron su cráneo, dos fémures, algunas costillas, partes de su pelo”, dice la mujer, “yo hacía mis preguntas, porque no entendía que no estuvieran sus cosas, su ropa, simplemente me enseñaron una sudadera que no era de ella y el pantalón, que sí”.
Las preguntas que hacía Margarita parecían pelotas de beisbol que el fiscal a cargo de su caso, David Castañeda, bateaba sin demasiado apuro. Reyes sentía como si sus dudas fueran un lujo al que los investigadores costaba un mundo dedicar algo de tiempo. “Yo les decía que ella no iba desnuda cuando se la llevaron, iba con sus cosas, su bolsa de mano, su maquillaje, credenciales, cartera”, cuenta la mujer. Pero ellos decían, con todo la naturalidad del mundo, que igual los animales se lo habían llevado. Como si un ratón de campo tuviera interés alguno en una tarjeta de crédito.
Las dudas de Margarita Reyes la hicieron ponerse a buscar. En aquella época, finales de 2017 y principios de 2018, familias enteras del norte de Veracruz empezaban a organizarse, desesperadas ante la desaparición de los suyos. Elba Gutiérrez, compañera de Reyes y parte igualmente del colectivo de familiares de personas desaparecidas de Poza Rica, Coatzintla y demás municipios de la zona, explica que de 2015 a la fecha desaparecieron entre 400 y 500 personas en la región. “Eso de las que hay denuncia, porque luego muchas familias no denunciaban por miedo”, dice Gutiérrez.
Era un problema que hoy persiste, en Veracruz y el resto del país. Desde los primeros operativos de la guerra contra el narcotráfico, en diciembre de 2006, México cuenta más de 92.000 desaparecidos. El país convive con una situación de violencia generalizada que ha dejado, además, decenas de miles de asesinados, otros tantos desplazados… En ese contexto, la respuesta institucional ha sido insuficiente, por falta de capacidades humanas y logísticas. A veces también por corrupción. Las autoridades han carecido durante años de una base de datos confiable de personas desaparecidas, de bancos compartidos de muestras de ADN, de panteones especializados para restos no identificados… El caso Reyes es muestra del naufragio estatal.
Desidia
Desde que le entregaron los supuestos restos de su hija, Reyes quería volver al sitio donde la Fiscalía los había encontrado. Su intención era ver si encontraba algo más. Pero la burocracia de la dependencia impedía cualquier búsqueda relacionada con su caso, a su entender resuelto, con una osamenta enterrada y unos jeans como prueba añadida. Reyes y Elba Gutiérrez tuvieron una idea. A partir del expediente de otra compañera, el colectivo pediría una búsqueda en el lugar, un cerro pegado a la carretera Bicentenario, entre Poza Rica y Coatzintla. Al final se la concedieron.
Entremedias, la mujer batallaba con la Fiscalía por la investigación sobre los presuntos responsables de la desaparición y el asesinato de su hija. La desidia del fiscal Castañeda y sus colegas enfermaba a la mujer, que insistía en que se hiciera justicia. Ingeniera química, Claudia Reyes, de 27 años, había desaparecido en circunstancias un tanto extrañas. En la mañana del 4 de abril de 2017, la joven había tomado un taxi que debía llevarla al centro de Poza Rica, camino del trabajo. Pero nunca llegó. Algo pasó en el camino. Usando el teléfono de la joven, sus captores exigieron a la madre un rescate, que ella pagó esa misma noche. Le prometieron que Claudia volvería en un rato, pero ya no volvió.
Margarita Reyes denunció el secuestro a la mañana siguiente. Pasaron unos meses y aunque ella preguntaba, le decían que no había novedades. Ella aportaba datos. Explicaba que los captores le habían hecho pagar un rescate, les detalló cómo había ido a dejar el dinero al lugar que le habían dicho, la falda del mismo cerro donde luego la Fiscalía encontró los restos de su hija (y de alguien más). Insistió e insistió, hasta que en noviembre le dijeron que habían encontrado una osamenta que posiblemente era de Claudia. En enero se la entregaron.
“Yo entonces les dije que qué tocaba ahora, que cómo seguíamos”, explica la mujer. “Pero el fiscal me dijo que qué necesidad había de añadirle más casos a esta persona”, dice, en referencia a la única detenida que había entonces relacionada con el caso de Claudia. Este asunto enfurece especialmente a Reyes. La mujer detenida, conductora del taxi en el que se subió Claudia antes de desaparecer, estaba presa por otro caso distinto al de su hija. Los fiscales argumentaban que, solo con el otro caso, la mujer iba a recibir una condena de 30 años. ¿Para qué añadirle la acusación por la desaparición y la muerte de Claudia?
El 14 de octubre de 2020, años después de enterrar los supuestos huesos de Claudia, Margarita Reyes, Elba Gutiérrez y otras integrantes del colectivo, llegaron por fin al cerro de sus horrores. Reyes conocía perfectamente el lugar, no solo porque sabía que los restos que había enterrado habían aparecido allí, sino porque era un paraje que apenas distaba 500 metros de su entonces casa. “Lo primero que encontramos fue una bolsa con sus pertenencias, su credencial… Y un fémur. ¡Estaba a la intemperie! Y la bolsa estaba abajo de un árbol. Pero de donde encontramos esto, a donde la Fiscalía hizo el levantamiento no había ni tres metros”, critica la mujer.
Reyes cargaba aquel día imágenes de los restos que le había entregado la Fiscalía años atrás. A la vista del nuevo fémur encontrado, la mujer sacó las fotografías. Una perita de la Comisión Estatal de Búsqueda que las acompañaba vio los huesos de las fotos y el que acababa de aparecer en el piso. La especialista no tuvo duda alguna de que uno de los dos que aparecía en las imágenes no se parecía en nada al otro. Y supo, en cambio, que el que habían encontrado a la intemperie se parecía bastante al otro que figuraba en las fotografías.
Reyes y las demás apuraron entonces a los peritos de la Fiscalía para que analizaran el nuevo fémur. Pero, increíblemente, les decían que había mucho trabajo, que no podían. Así estuvieron dos años, ellas insistiendo, la Fiscalía dando largas. Hasta que al final, en una reunión el 22 de diciembre pasado, las mujeres se plantaron. Amenazaron con tomar la dirección de servicios periciales del Estado si no analizaban de una vez el tercer fémur. Los peritos lo hicieron. Y resultó que aquel hueso que había aparecido en el cerro, a la intemperie, tantos años después, era, en realidad, de Claudia Reyes. Lo que significaba que uno de los dos que su madre había enterrado era en realidad de otra persona.
“Lo que no sabemos es quién va a absorber el gasto de este horror”, dice Reyes. Se refiere a la exhumación de los huesos de su hija (y de alguien más). Tampoco saben qué planes tiene la Fiscalía del Estado para enmendar su error. EL PAÍS ha tratado de contactar con el vocero de la dependencia, vía mensaje y llamada, pero no ha obtenido respuesta. “Ah, y falta por buscar en el resto del cerro, porque no hemos visto casi nada”, dice la mujer. “Aquel día buscamos con mucha cautela, porque hay ductos de gas o petróleo debajo. Hace años hubo una explosión… Estamos arriesgando la vida. Y aun sabiendo eso, vamos a pico, pala y manos. Porque no hay de otra, con toda precaución. Con la esperanza de que aparezca otra chica más”, zanja.
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