Cuando entraron en la cárcel, las autoridades de Ciudad Juárez descubrieron que los reos vivían mucho mejor que la mayoría de los mexicanos. Un toro mecánico, decenas de altavoces, guitarras, teclados, asadores, televisiones de plasma, consolas de videojuegos y un gato de raza egipcia, con un tatuaje en el costado y una mirada penetrante. Estas fueron algunas de las cosas que se encontraron en el Cereso 3, el penal de la ciudad fronteriza en el que operaban impunemente distintos grupos criminales y que a principios de enero sufrió un motín que dejó 17 muertos y 25 fugados. Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicado este mes revela que el poder de los reos en las cárceles es un problema extendido en México y afecta sobre todo a los penales estatales como el Cereso 3, bajo responsabilidad del Estado de Chihuahua. La falta de personal y de recursos deja a los guardias indefensos ante el poder creciente de los criminales, que operan en su interior con total libertad.
Este régimen invertido en el gobierno interno de las cárceles ha provocado un aumento de los incidentes en los mismos. El Censo Nacional del Sistema Penitenciario registró 2.480 incidentes en centros penitenciarios en 2021, un 22,6% más que el año anterior. En total se vieron involucradas 8.830 personas. De estas, 110 fallecieron y 691 resultaron heridas. La mayoría de estos altercados se produjeron en penales estatales (74,6%) en los que, como el Cereso 3, la falta de recursos y de guardias hace imposible a las autoridades tomar el mando.
Estos centros fueron consultados por la CNDH. De 230, 49 dijeron que sí contaban con personal de seguridad y custodia suficiente, mientras que 172 de ellos dijeron no contar con suficiente personal y 9 no contestaron a las preguntas de la organización. También arrastran otros problemas, que afectan especialmente a las cárceles estatales. La sobrepoblación, ingresar más reos a una cárcel de lo que se pueden soportar, sigue al alza. La falta de personal de seguridad provoca que haya áreas en las que “la seguridad es nula”, dice el informe, y eso genera un clima en el que prospera el autogobierno, con la inseguridad y desprotección a la que se ven condenados los guardias.
Esto puede llegar a provocar situaciones extremas como la que se ha reportado este jueves en una cárcel de Puente Grande, en Jalisco. La Asociación Nacional de los Derechos Laborales de Policías de México ha denunciado que cuatro guardias “fueron violadas en la torre de seguridad” de la cárcel. “Los reos entraron ahí y violaron a las compañeras”, decía el presidente de la asociación a Proceso. Las víctimas acudirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a denunciar el caso. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, se ha apresurado a negar la realidad de los hechos. “Es una mentira”, dijo el mandatario en sus redes sociales. En la cárcel del Cereso 3 de Ciudad Juárez, donde se produjo el motín el pasado 1 de enero, de los 17 muertos, 10 eran guardias de la prisión que murieron a manos de los criminales que intentaban escapar.
En los últimos años, México ha enfrentado una creciente ola de violencia que ha llegado hasta las cárceles, donde se han sucedido incidentes violentos que han culminado en la evasión y muerte de reos. El propio Gobierno, a través del decreto que aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, admite que el sistema penal del país enfrenta “graves distorsiones” que lo convierten en un mecanismo que pervierte el “carácter disuasorio del castigo para transformarlo en un multiplicador de la criminalidad”. Y sentencia: “Los centros penitenciarios se han convertido en escuelas de delincuentes y centro operativo de grupos del crimen organizado”.
El autogobierno, estudiado por la CNDH en el informe referido, llega hasta el punto de que los reos tienen las llaves de los candados que dan acceso a dormitorios y otras estancias. También se encargan de la vigilancia de dormitorios y áreas comunes, organizan las actividades de limpieza, pasan la lista y “ejercen actos de control sobre la población y actividades de tipo laboral, educativas y recreativas”. Tienen el control de negocios como el reparto de alimentos, administración de tiendas de abarrotes, lavanderías o el cobro del uso de teléfono. Los realizadores del estudio pudieron incluso observar la existencia de privilegios tales como el uso de ropa y calzado no permitida, televisiones, aires acondicionados, consolas para jugar videojuegos y hasta la habilitación de espacios para visitas íntimas por la noche.
En los centros penitenciarios trabajan en total 20.542 personas. Estos trabajadores están a cargo de 229.621 presos, según el Cuaderno de Información Penitenciaria Nacional. La Comisión determina que teniendo esto en cuenta, “el personal de seguridad no es suficiente”.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país
