Un juez ha desechado el proceso contra Rosario Robles por la Estafa Maestra, el esquema de desvío masivo de fondos públicos de varias secretarías de Estado, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). El juez ha considerado que los hechos que la Fiscalía General de la República (FGR) imputaba a Robles son de naturaleza administrativa y no penal. “Hoy se demuestra que tenía razón y que soy inocente, siempre di la cara. Viví la injusticia en carne propia”, ha dicho la exfuncionaria a la salida de la audiencia.
En un comunicado divulgado este viernes, la FGR ha criticado la decisión del juez. “Se está actuando en contra de la ley y en contra de las constancias de autos, razón por la cual se inicia no solo la queja administrativa, sino el procedimiento penal correspondiente”, ha escrito la dependencia. Para la Fiscalía la responsabilidad administrativa de Robles no anula la penal. “Independientemente de que se apelará la resolución, no se puede permitir la violación a los principios legales y a la justicia más elemental”, ha añadido.
El fiasco en el caso Robles golpea de lleno a la FGR, dirigida por Alejandro Gertz desde finales de 2018. Perseguir los actos de corrupción bajo el paraguas de La Estafa Maestra era una de las grandes apuestas del fiscal, que llegó al cargo de la mano del presidente, Andrés Manuel López Obrador. La absolución de Robles pone en un aprieto a la Fiscalía, que batalla igualmente en los otros dos procesos paradigmáticos del sexenio, los casos Odebrecht y Ayotzinapa.
Las perspectivas no son demasiado buenas en ninguno. Gertz ha construido la investigación del caso Odebrecht alrededor de la detención del director de Pemex con Peña Nieto, Emilio Lozoya. Capturado en España en febrero de 2020, Lozoya llegó a México en junio de ese año. Ofreció una declaración explosiva, incriminando a altos funcionarios del Gobierno en la trama de sobornos de la constructora brasileña. Pero la falta de pruebas ha llevado el caso a punto muerto.
La situación con la investigación del caso Ayotzinapa, el ataque contra un grupo de estudiantes normalistas en Guerrero en 2014, es igualmente complicada. A los éxitos de los primeros años, con el hallazgo de huesos de dos normalistas en un paraje desconocido hasta ahora, y la colaboración de antiguos integrantes del grupo de atacantes, ha sucedido un periodo de opacidad y discrecionalidad en la FGR. Gertz presionó al fiscal del caso hasta forzar su dimisión, haciendo y deshaciendo a su antojo, pese a las protestas de las familias de los estudiantes desaparecidos.
En cuanto al caso Robles, antigua secretaria de Desarrollo Agrario y antes de Desarrollo Socia,l la defensa ha conseguido su objetivo: señalar que no había prueba alguna de que la exfuncionaria hubiera participado en los desvíos. La FGR acusaba a Robles de permitir el desvío de más de 5.000 millones de pesos, 250 millones de dólares, de las arcas de las dependencias, en el tiempo en que ella las dirigió. Para los investigadores, la mujer había incurrido en un delito de ejercicio indebido del servicio público.
La defensa ha argumentado estos años que la conducta de Robles, lejos de constituir un delito, era materia de una falta administrativa, de acuerdo a la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Después de batallar en los tribunales largo tiempo, Robles, que estuvo en prisión durante tres años, se ha salido con la suya.
La cancelación del proceso por ejercicio indebido no cierra los problemas de Robles con la justicia. En paralelo a esta acusación, la FGR acusa a la exfuncionaria de delincuencia organizada y lavado de dinero, delitos bastante más graves que el anterior. Los abogados de Robles se han defendido estos años a base de amparos, escudo judicial que ralentiza los procesos y permite ganar tiempo a las defensas. Ante el varapalo de hoy, está por ver qué ocurre con la otra acusación y en que termina el amparo que protege a Robles de la detención.
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