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“Los países de América Latina no saben cuánto les costará enfrentar el cambio climático”, es una de las primeras cosas que aclara Sandra Guzmán (39 años, Estado de México), fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) “Son muy pocos los que han hecho ese ejercicio”, asegura. Como cabeza de esta organización y doctora en política de la Universidad de York (Reino Unido), Guzmán ha trabajado en entender un tema que a muchos asusta: qué tanto invierten los países de la región en el cambio climático y qué tanto lo hacen en industrias dependientes del carbono. También, ha perseguido la respuesta a varias preguntas que hoy siguen sin tener luces: ¿cuánta plata necesita Latinoamérica y el Caribe para prepararse al cambio climático? Si quieren cumplir con lo que prometieron ante al Acuerdo de París sobre calentamiento global, ¿cuánto deben sacarse del bolsillo y cuánto pueden pedir a otros países o donantes?
Desde hace dos años, con GFLAC, creó el Índice de Finanzas Sostenibles, una herramienta que ayuda a mapear qué tan alta o baja es la inversión pública en cambio climático de cada país de la región. Con este y otros ejercicios, además, se ha acercado a cifras como que a los 21 principales países emisores de América Latina les costará alrededor de 25.000 millones de dólares poder cumplir lo que se comprometieron bajo el Acuerdo de París, con base en cálculos que hicieron a partir de los cinco de esos 21 países.
Pregunta. ¿Por qué se lanzan a crear el Índice de Finanzas Sostenibles y en qué consiste?
Respuesta. Porque no todos los países tienen claras sus cuentas climáticas. Por eso, desde GFLAC creamos, desde hace un par de años, un Índice de Finanzas Sostenibles, en el que no solo vemos cuánto le está llegando a cada país por temas de cambio climático, sino por finanzas intensivas en carbono. Es decir, cuánta plata reciben por actividades que generan el cambio climático. No solo podemos ver la parte bonita: cuánto estoy incrementando mi flujo en billones de dólares para combatir el cambio climático, cuando aún hay financiamiento que va a actividades intensivas en carbono. Por ejemplo, México es uno de los países con finanzas sostenibles más bajas y lo entiendes porque también depende mucho de los combustibles fósiles para generar ingresos. Las economías son complejas y hay que entender que no solo es si los países gastan en mitigar o adaptarse al cambio climático, sino qué tan metida está su estructura en economías intensivas en carbono, porque, si es así, el desacoplamiento de la economía de las emisiones no es tan sencillo.
P. Justamente el último Índice que publicaron – en 2022, pero con datos de 2021 – encontró que México, Uruguay y Trinidad y Tobago son los países de la región con peores finanzas sostenibles. ¿Qué está pasando ahí?
R. Son casos muy diferentes cada uno. En México es porque es un país que, como lo dije, sus ingresos dependen muchísimo de actividades intensivas en carbono. Es decir, ingresos que vienen de la venta de petróleo y de su exportación. Eso le trae mucho capital y, por ende, hay mucha inversión pública en este tema. De hecho, el presupuesto público en economías intensivas en carbono en México se incrementó muchísimo en este sexenio. Entonces, si se compara lo que gasta el país para atender el cambio climático, es solo el 0,05% del total del presupuesto. En el caso de Trinidad y Tobago es parecido en el sentido de que, a pesar de ser una economía caribeña y pequeña, también depende mucho de los combustibles fósiles. No han logrado desacoplar sus finanzas del carbono. Y, bueno, finalmente el caso de Uruguay es interesante porque, si bien han invertido mucho en energías renovables, no se trata de inversiones públicas, sino primariamente privadas. Entonces lo que se identifica desde el análisis de lo público es que sigue estando muy asociado a actividades intensivas en carbono y hay poca inversión pública etiquetada en renovables. Ahora, también hay algo interesante con este país y es que, a diferencia de la mayoría de los países, tampoco tiene información desagregada. Por ejemplo, en temas de cambio climático no tiene casi presupuesto etiquetado como tal. Entonces, en el punto de transparencia, que también analizamos con el índice, Uruguay tiene mucho que mejorar.
P. En el otro lado están los países con un mejor índice que, justamente, son los centroamericanos. ¿Qué es lo que están haciendo bien?
R. Bueno, en general aparecen alto porque últimamente los países de Centroamérica han hecho asignaciones mayores a los temas de cambio climático y sostenibilidad respecto a sus presupuestos totales. Obviamente, sus presupuestos totales no son muy grandes, entonces se podría decir que lo que han aumentado es relativamente poco en cuanto a la cantidad de presupuesto. Pero sí han aumentado mucho en cuanto a etiquetas de inversión climática se refiere. Por ejemplo, Nicaragua, El Salvador y Honduras, han hecho cada vez más asignaciones presupuestales etiquetadas como cambio climático. Ahora, también hay que decir que yo he recibido comentarios de colegas de Nicaragua que piensan que este Gobierno usa el cambio climático como una bandera, pero no necesariamente le interesa. Entonces también eso es un poco un tema que está a discusión, ¿qué está pasando ahí? Porque a lo mejor hay una etiquetación que no es del todo adecuada, pero, bueno, esa es la información pública que existe. Lo que sí hemos observado, y esto es importante decirlo, es que los países de Centroamérica son mucho más vulnerables al cambio climático y eso los ha obligado a tener una financiación mucho más robusta ante este fenómeno. Además, tienen un mejor balance porque tampoco son países petroleros, y eso los pone en ventaja para desacoplar sus economías de las emisiones.
P. ¿Y por qué es tan importante que la región y específicamente cada país sepa cuánto exactamente le va a costar prepararse ante el cambio climático?
R. Porque ahora, a nivel global [y en el marco de las discusiones que se realizan en las Conferencias de Cambio Climático – COP] se va a acordar una nueva meta de financiamiento climático, que debe ir más allá de los 100.000 millones de dólares por año que se comprometieron en 2009 los países desarrollados a dar a los países en desarrollo. Y si no sabemos cuánto necesitamos, entonces ¿cuánto vamos a exigir? Pero, de nuevo, en América Latina muy pocos han hecho ese ejercicio. México, Colombia y Chile tienen algo, pero se necesita claridad para exigirle a otros países y a los donantes.
P. A nivel global también hay una brecha entre la plata, que se destina a mitigar el cambio climático y a adaptación, que es menor. ¿Cómo juega esto en América Latina, una región que no es principalmente emisora de gases de efecto invernadero?
R. Yo creo que ese es uno de los temas centrales. ¿Qué sucede con la adaptación? Que cuando lo ves en el contexto de financiamiento, hay varios retos. Uno es que la adaptación es muy difícil de estimar en cuanto a costos, porque no es un cambio simplemente tecnológico. Lo segundo, es que a los donantes suelen querer anunciar las batallas como ganadas y para eso suelen medir todo en números. Y como la adaptación es a largo plazo, a veces no ves cambios sustantivos, no es tan tangible o fácil de medir. Lo último es que la adaptación, muchas veces, no da rendimientos financieros, y a los financiadores, particularmente al sector privado, no le interesa eso.
