Edmundo Jacobo Molina puede volver a sentarse en su puesto de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE). Blanca Lobo, la jueza del tribunal administrativo encargada del caso, ha dado la razón a Molina en el amparo que presentó contra el artículo 17 de la reforma electoral conocida como “plan B”, que estipulaba la desaparición de su puesto. La batalla entre el Ejecutivo y el INE ha sido constante y abierta desde la aprobación el pasado 22 de febrero de la reforma electoral. El Ejecutivo se queja de los altos salarios y el excesivo presupuesto de la institución, y quiere despedir a 6.000 de sus funcionarios, casi la tercera parte de la plantilla. El INE se niega a los recortes y se defiende diciendo que la reducción de sus salarios y su plantilla afectaría a “los derechos políticos de la ciudadanía”, pese a que los salarios de muchos de sus trabajadores son más altos que los del propio presidente de México.
El fallo presentado por la jueza ordena que “restituya de manera provisional en el goce de sus derechos y prerrogativas propias de su encargo, así como para que siga ejerciendo sus funciones como secretario ejecutivo del INE”. La decisión llega después que otro tribunal le concediera un amparo provisional. Ambas decisiones cautelares están sustentadas en la misma argumentación: mientras la Suprema Corte no decida sobre el fondo de la constitucionalidad de la reforma electoral, el puesto del funcionario debe permanecer. Con su fallo, Lobo ha dado la razón de manera preventiva al Instituto Electoral, que ha alegado que la designación del secretario ejecutivo es una facultad de los propios consejeros, no del Ejecutivo ni del Legislativo, por lo que la reforma implica una invasión a su autonomía constitucional.
Molina, en una entrevista que concedió el jueves a El Economista, aseguró que no tenía ningún plan B que no fuera regresar a su cargo. “Estoy en el Instituto Nacional Electoral no solamente porque es mi trabajo, sino porque es mi convicción. Es la causa de la democracia por la que he luchado por muchos años, y ha sido un privilegio para mí ocupar esa posición para fortalecer la democracia, fortalecer a nuestro país, y creo que es mi obligación combatir esta arbitrariedad por el futuro de la democracia”, aseguró el funcionario. Edmundo Jacobo Molina lleva en su actual puesto 14 años, y en el 2020 fue renovado en su cargo hasta 2026 con el apoyo del presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.
La Suprema Corte de Justicia será la última instancia encargada de analizar si las leyes del “plan B” son inconstitucionales, como han acusado activistas y partidos de la oposición. Mientras tanto, hay otro frente abierto también el Tribunal Electoral, que ha de resolver los llamados juicios ciudadanos, promovidos por personas que consideren vulnerados sus derechos políticos con la implementación de las reformas. El propio Molina ha impugnado también ante el Tribunal Electoral.
López Obrador, desde su conferencia mañanera, lleva semanas arremetiendo contra el funcionario. Porque lleva 14 años en el INE, el presidente le acusó de corrupción. “Imagínese en cuántos fraudes ha participado”, dijo este viernes. También aseguró que dichos funcionarios son parte de grupos que se crearon “durante el periodo neoliberal, que robó y saqueó y sirvió al régimen para legitimar sus fechorías y por eso les paga y muy bien”. La semana pasada, López Obrador celebraba la destitución de Molina, y le criticó por haber estado tanto tiempo en el mismo cargo con un sueldo mayor que el suyo. “A lo mejor quiere tener empleo de manera vitalicia”, ha ironizado el presidente López Obrador. De momento, y gracias a la resolución de la jueza, Molina mantiene su puesto y seguirá cobrando sus 167.000 pesos mensuales sin contar viáticos y seguros privados.
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