“México es mucho más seguro que Estados Unidos”. Así ha respondido Andrés Manuel López Obrador a sus críticos en Estados Unidos, en un nuevo episodio de la polémica que protagoniza junto con los sectores más conservadores del Partido Republicano. El Gobierno mexicano se prepara para movilizar a su red consular, la más grande del mundo, para atajar los cuestionamientos que ha enfrentado su política de seguridad del otro lado de la frontera tras el asesinato de dos estadounidenses en Matamoros la semana pasada. El esfuerzo diplomático será coordinado por Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, de viaje este lunes a Washington. Al mismo tiempo que responde el discurso antimexicano que ha cobrado fuerza en los últimos días, la Administración de López Obrador apuesta por refrendar que las vías de diálogo con el Gobierno de Joe Biden siguen abiertas y se ha anunciado que John Kerry, asesor de la Casa Blanca sobre Cambio Climático, tendrá una gira de trabajo por México el próximo 21 de marzo.
López Obrador ha aprovechado para poner en la mira la actuación de la DEA en territorio mexicano. “La DEA nos debe una explicación”, ha asegurado el mandatario, tras cuestionar el papel de las agencias estadounidenses y su parte de responsabilidad en la lucha contra el crimen organizado. El presidente ha recordado el fallo contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón (2006-2012), por narcotráfico y delincuencia organizada en una corte de Nueva York y subrayado que fue durante esa Administración cuando hubo una colaboración más intensa en materia de Seguridad trasfronteriza. “¿Cómo confiar en la DEA? ¿Lo han hecho muy bien? ¿Cómo no se dieron cuenta de lo de García Luna?”, declaró el mandatario. “Se han quedado callados”, agregó.
“Tenemos que mantener nuestra relación, es muy importante la cooperación con Estados Unidos, pero sin subordinación”, zanjó López Obrador, quien insistió en que no va a dejar que se “pisotee” la soberanía del país con el pretexto de combatir el tráfico de fentanilo, que se cobró 107.000 vidas en Estados Unidos en 2021, según datos oficiales. El presidente ha enarbolado de nuevo un discurso nacionalista para responder a una iniciativa que circula en el Congreso estadounidense y que pretende clasificar a los carteles mexicanos como grupos terroristas para dar facultades al presidente de Estados Unidos de emprender acciones militares en México.
Líderes republicanos como el congresista Dan Crenshaw y el senador Lindsay Graham no han reparado en sus críticas contra el Gobierno mexicano, en lo que los analistas han interpretado como una estrategia con miras a las elecciones presidenciales del próximo año. Pero también hay políticos demócratas, como el senador Bob Menéndez, que se han sumado a los cuestionamientos y los medios de comunicación estadounidenses han dado amplia cobertura a las dudas sobre la capacidad de México de hacer frente al crimen organizado. “¿Por qué no se habla de los carteles en Estados Unidos? De eso no hablan”, reviró López Obrador. “Allá es como el castillo de la pureza”, ironizó.
El presidente aprovechó la controversia para cargar también contra el expresidente Calderón y contra Marko Cortés, líder del Partido Acción Nacional (PAN), la principal fuerza opositora. Cortés exigió a López Obrador que volviera a abrir la puerta a la DEA para colaborar en el combate contra la delincuencia y lo acusó de establecer un “narcoestado” en México. “Este señor me recomienda que nos alineemos a la DEA y agrega en una declaración que si yo no me alineo, me va a pasar lo de García Luna. Yo no soy Calderón”, dijo el mandatario.
“Es evidente que hay en México una persecución político-mediática en mi contra”, señaló Calderón en Madrid, en las primeras declaraciones que hizo a los medios tras el juicio a García Luna. “Urge parar el desastre y retomar la cooperación internacional porque los abrazos a criminales tienen a México bañado en sangre”, respondió Cortés, en su último duelo con el presidente.
“Ustedes, la mayoría de los medios, lo que quieren es crear una percepción de inseguridad, para decir que no funciona el Gobierno populista, comunista, caudillista, mesiánico de López Obrador”, acusó el presidente. “En estos últimos años es cuando más estadounidenses han llegado a vivir a México, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué esa paranoia?”, agregó. Ebrard comentó antes de su viaje para encabezar la reunión con los cónsules en Estados Unidos que “México será defendido”.
“Son discursos para consumo interno, en los que media un componente nacionalista, pero la relación entre ambos países va más allá de todo eso”, señaló Roberto Zepeda, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, en una entrevista con este diario la semana pasada. En medio del ruido, los Gobiernos de López Obrador y Biden han buscado mantener canales de comunicación. A finales de la semana pasada, López Obrador se reunió con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, para hablar del tráfico de fentanilo y de armas. Casi al mismo tiempo que el embajador estadounidense, Ken Salazar, conversó con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
La reunión con Kerry no tiene nada que ver con el tema de seguridad y se centrará en el impulso a energías renovables y en las oportunidades económicas que puede haber en la zona fronteriza en este rubro. Pero el mensaje es claro: El Gobierno de México quiere responder a las críticas de la oposición estadounidense y dar señales de que su interlocución con la Administración de Biden está intacta. El político demócrata participará como invitado de honor en la conmemoración del natalicio de Benito Juárez en Guelatao, Oaxaca. Es una forma también de minimizar los roces que ha tenido López Obrador con miembros del Gabinete como el secretario de Estado, Anthony Blinken. “En México hay más democracia que en Estados Unidos”, dijo el presidente mexicano a finales de febrero, tras señalamientos del jefe de la diplomacia estadounidense sobre el rumbo que ha tomado la democracia en el país latinoamericano.
El tema de seguridad se ha afianzado como el asunto más espinoso en la agenda bilateral a últimas fechas. Es un nuevo frente abierto para Biden, que ha tenido en la gestión de la crisis migratoria su talón de aquiles frente a los republicanos, y para López Obrador, que ha dejado claro que no va a ceder y que va a sacar pecho frente a sus bases en México. El pronóstico de los especialistas en las relaciones entre ambos países es que la polémica seguirá y se profundizará conforme se acerque la fecha en la que los estadounidenses elijan presidente el próximo año.
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