Nuevo choque entre Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional Electoral (INE). El presidente de México ha arremetido contra Lorenzo Córdova por la liquidación que recibirá al dejar su cargo al frente del organismo el próximo mes. El INE dio a conocer que Córdova recibirá un finiquito de poco menos de dos millones de pesos. Morena, el partido del mandatario, acusó que la indemnización, en realidad, será de más de nueve millones. “Puede ser legal, pero es completamente inmoral”, declaró López Obrador en su conferencia de este viernes. El dardo contra el árbitro electoral se da en medio del proceso de renovación de consejeros, en el que se nombrarán cuatro puestos que quedarán vacantes en abril, y tras meses de encontronazos por la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo, el llamado plan B.
El INE explicó que Córdova llegó al cargo en diciembre de 2011 y que recibirá 1.934.380 pesos como liquidación. Por su parte, los consejeros Margarita Favela, José Roberto Ruiz y Ciro Murayama, que también dejan sus puestos el próximo 3 de abril, recibirán 1.663.388 pesos tras concluir un mandato de nueve años en el organismo. “Este tipo de compensación es común en el sistema laboral mexicano, tanto en el ámbito privado como en la esfera pública”, se lee en un comunicado publicado el jueves.
En un intento de anticipar nuevas controversias, el Instituto también aclaró que los consejeros salientes no podrán postularse a un cargo de elección popular en los próximos dos años, una respuesta a los rumores que hizo circular Morena de que Córdova y Murayama podían sumarse a las filas de la oposición. Ambos han insistido en que no tienen ningún interés en hacerlo, pese a que han sido vocales en sus críticas sobre el futuro democrático del país y la reforma electoral de López Obrador.
El presidente no dudó en volver a la carga contra el INE, al que ha calificado como una “burocracia dorada”. López Obrador ha encogido el presupuesto del órgano electoral desde que llegó al poder en diciembre de 2018 y ha impulsado una serie de reformas a leyes secundarias para compactar su estructura operativa. El plan B ha provocado propuestas de varios sectores de la población que aseguran que los cambios “ponen en riesgo la democracia”. “Se oponen a los cambios, a la transformación y lo peor de todo es que engañan a mucha gente con la consigna de que ‘el INE no se toca’, porque es como si se agraviara a la democracia, cuando no tiene nada que ver, se trata de combatir la corrupción y los privilegios”, señaló el presidente.
Mario Rafael Llergo y Hamlet Almaguer, diputados de Morena, aseguraron que a los finiquitos que anunció el INE hay que sumar otros conceptos y prestaciones, como la prima vacacional, el aguinaldo y el seguro de separación. Eso eleva el monto a más de nueve millones de pesos de indemnización en el caso de Córdova, dijeron. “Qué cinismo de Lorenzo Córdova”, reclamó Llergo, que tachó el comunicado del INE como un “engaño”. Pablo Gómez, exlegislador de Morena y director de la Unidad de Inteligencia Financiera, insinuó, incluso, que tales de remuneraciones rayaban en “la ilegalidad”. López Obrador insistió en que, de cualquier forma, era “inmoral”.
Esta misma semana, el INE dio a conocer que ha puesto en marcha un comité para empezar a aplicar los cambios contemplados en el plan B, aunque reclamó que “hay un desfase de dos meses” porque la reforma se aprobó más tarde de lo que se había planteado. La Suprema Corte aún tiene que resolver varios asuntos sobre la constitucionalidad de la enmienda. El Poder Judicial también ha estado constantemente en la diana de López Obrador y ha adelantado que espera que varios puntos de la reforma sean desechados. Este viernes se lanzó una convocatoria para que grupos que simpatizan con el presidente protesten contra “la corrupción” afuera del alto tribunal. El mandatario sufrió otros reveses en su contienda con el árbitro electoral, como la restitución de Edmundo Jacobo, en la secretaria del Instituto.
Más allá de las disputas políticas inmediatas, en juego están también las reglas del juego para la elección presidencial de 2024. En pugna están dos narrativas sobre el rumbo que debe tomar la democracia del país y, más concretamente, cómo se configurará el terreno dentro del sistema electoral, con cuatro nuevos consejeros y un nuevo presidente al frente del órgano autónomo. La disputa, que viene de meses, se acerca a instancias decisivas, con la renovación del Consejo y la decisión de la Corte sobre el plan B.
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