El general del ‘caso Mediador’ alega que es un “cadáver social” incapaz de alterar pruebas para pedir su libertad | España

El general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, presunto cabecilla junto al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, de la trama desmantelada en el caso Mediador, ha vuelto a pedir a la jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, que instruye la causa, que le excarcele. En un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS, el alto mando del instituto armado ―que es el único de los imputados para los que se decretó el ingreso en prisión preventiva― vuelve a incidir en los argumentos que ya expuso en su anterior petición de libertad, entre ellos que su supuesta capacidad de alterar pruebas, argumento que motivó su entrada en la cárcel, no es tal. “No solo resulta que lleva jubilado desde hace más de dos años, sino que después de haber sido objeto de exposición y escarnio público en una gran cantidad de medios de comunicación, ¿qué capacidad de influencia puede tener en nada ni en nadie?”, destaca su abogado en el escrito en el que vuelve a tildar a su cliente de “cadáver social” desde que se vio salpicado por el escándalo.

La petición de libertad se produce después de que la jueza decidiera el pasado sábado cambiar de fecha la declaración prevista para el próximo viernes de dos testigos, Javier Monzón y Adelaida P. S., ambos vinculados con el general. El primero, antiguo campeón de rallies y actual directivo de una empresa, era uno de los participantes en el chat bautizado como “Equipo A” (en referencia a una antigua serie de televisión) en la aplicación de mensajería WhatsApp en el que, junto a Espinosa, también participaban Miguel Ángel Ramírez (presidente de la UD Las Palmas y familiar de la segunda testigo), Eustasio López (también empresario) y un alto mando de la Guardia Civil en Canarias. Adelaida P. es la mujer con la que supuestamente el general mantenía una relación sentimental y a la que se refería en las conversaciones con otros miembros de la trama como “chocho volador”.

En su escrito, el abogado de Espinosa considera que el retraso de estas dos declaraciones perjudica a su cliente porque supone también un retraso en la instrucción en la causa mientras sigue en prisión preventiva, una situación que considera “se está alargando más de lo deseado y de lo procesalmente procedente”. En este sentido, el defensor recuerda que la investigación dura más de un año y que los indicios que existen en el sumario “no suponen una eventual comisión de delitos especialmente graves ni en cuanto a su trascendencia ni en cuanto a su cuantía”. Además, hace hincapié a la actitud “plenamente” colaborada de su cliente tanto con los agentes del Servicio de Asuntos Internos, a los que señaló el lugar en el guardaba en su domicilio más de 60.000 euros en fajos de billetes y facilitó las claves de sus teléfonos móviles y equipos informáticos, como con la instrucción del juzgado, por contestar “sin reticencias y sin ambigüedad” a las preguntas de la jueza y la Fiscalía.

Por todo ello, el abogado se pregunta por qué su cliente es el único de los imputados para el que se ordenó el ingreso en la cárcel. “¿Es justo que el señor Espinosa continúe en prisión, mientras otros sujetos involucrados aprovechan y se sirven de este procedimiento para conseguir ‘notoriedad’?”, se pregunta en el escrito en clara referencia a Antonio Navarro Tacoronte, el supuesto mediador de la trama cuyos archivos de audio e imagen destaparon todo el escándalo. Navarro Tacoronte llegó a viajar a Madrid y dejarse ver por los alrededores del Congreso durante las sesiones de la moción de censura de Vox contra el Gobierno de la semana pasada. Por todo ello, pide la puesta en libertad del alto mando de la Guardia Civil.

Esta es la segunda vez que el general pide su excarcelación. El pasado 26 de febrero su defensa ya presentó un escrito en el mismo sentido, aunque en aquel, mucho más extenso, cargo duramente contra el mediador del caso, al que acusaba de crear una “ficción paralela”, un “rocambolesco entramado”, “una realidad fabulada” en el que supuestamente cayeron tanto él como los empresarios imputados. Espinosa, que ya se presentaba en aquel escrito como “un cadáver social” por la repercusión mediática de su caso, intentaba rebatir los indicios recopilados por la investigación contra él en la causa, no siempre con éxito.

De hecho, no fue capaz de justificar el origen de todo el dinero encontrado oculto en su domicilio, además de reconocer que tenía una cuenta en Bélgica de la que la Agencia Tributaria no tenía constancia, aunque negaba irregularidades en ninguno de estos hechos. La magistrada rechazó días después su petición y le mantuvo en prisión. Espinosa permanece recluido en una celda del módulo para las Fuerzas de Seguridad de la cárcel de Estremera.