El grupo de expertos que investiga el caso Ayotzinapa en paralelo al Estado mexicano, el GIEI, ha denunciado este viernes que el Ejército oculta información sobre el espionaje que realizó en el marco del caso de manera deliberada. Esto, pese a la petición reiterada del presidente, Andrés Manuel López Obrador, al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Desde 2021, el mandatario le ha pedido hasta en seis ocasiones al jefe militar que entreguen toda la información al respecto, según el GIEI. Carlos Beristain, uno de los integrantes del grupo, junto a Ángela Buitrago, habla de una “parálisis intencional”.
Como prueba, Beristain y Buitrago han mostrado un documento elaborado por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala, el 15 de octubre de 2014, que menciona a Guerreros Unidos, grupo que había perpetrado el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa tres semanas antes en Iguala, con el apoyo directo o indirecto de autoridades de todos los niveles de Gobierno. Este documento profundiza en la evidencia de que el aparato de inteligencia del Ejército en la zona monitoreaba a la red criminal de Iguala, según el GIEI. Para el grupo, conseguir el resto de información de inteligencia del Ejército es vital, pues incluso podría dar pistas sobre el paradero de los muchachos.
El GIEI comparecía ante la prensa por primera vez desde septiembre, para hacer un balance de lo ocurrido en los últimos meses. Entonces, el grupo denunció que parte de las evidencias del informe que había presentado semanas antes la comisión presidencial que investiga el caso, la COVAJ, no eran verificables. Se trataba de un paquete de mensajes intercambiados presuntamente por criminales de Iguala en la época del ataque, que señalaba el posible destino de los muchachos y la participación de militares en el asesinato de un grupo de los 43 desaparecidos. El GIEI dijo que las conclusiones del informe eran parcialmente insostenibles.
La polémica sobre el informe de la COVAJ ilustraba semanas de tiranteces entre los grupos de investigadores y los poderes del Estado. El informe fallido, por un lado, y las presiones del fiscal general, Alejandro Gertz, sobre la unidad de la Fiscalía General de la República (FGR) que investiga el caso, la UEILCA, por otro, rompieron el frente común construido estos años, desde el inicio de la administración de López Obrador, en diciembre de 2018. El fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, dimitió y dos de los cuatro integrantes del GIEI dejaron el grupo, convencidos de que el contexto no daba para seguir investigando.
La vuelta del GIEI al escenario dibuja una resistencia, la necesidad de avanzar en la investigación de una de las peores tragedias del México moderno, el ataque de un grupo de criminales coludidos con autoridades contra un grupo de estudiantes de una escuela rural, en Guerrero. El grupo, que termina mandato este viernes, confía en prorrogarlo hasta junio, cuando dará, han explicado Buitrago y Beristain, un informe final sobre lo averiguado desde 2018, su segunda época en el país investigando el caso Ayotzinapa.
Opacidad militar
Sobre la información de inteligencia del Ejército, el grupo indica que se trata de alrededor de 80 o 90 documentos, que recogen intercepciones de comunicaciones de la red criminal de Iguala, en la época del ataque contra los estudiantes normalistas, en la segunda mitad de 2014. Aunque el Ejército ha insistido en que los papeles en cuestión no existen, el GIEI argumenta que la evidencia recopilada hasta ahora indica lo contrario. Como prueba, además del documento presentado, señalan los dos oficios que la COVAJ, divulgó en octubre de 2021.
Sorprendentes por lo que lo revelaban, el monitoreo de comunicaciones de presuntos criminales en Iguala por parte del Ejército, desconocido hasta entonces, los oficios mostraban dos comunicaciones entre cuatro presuntos integrantes de la red criminal de Iguala, entre ellos presuntos integrantes de Guerreros Unidos y policías de los municipios de la región. Una de las comunicaciones era del mismo día del ataque, el 26 de septiembre, y otro del 4 de octubre siguiente
El GIEI ha informado de que desde entonces, octubre de 2021, ha obtenido otros 10 documentos parecidos, como el mostrado este viernes, pero que le faltan alrededor de 80 o 90. El grupo ha revelado que en mayo de 2022, alguien al interior del Ejército concentró esta información y la movió de los archivos donde el GIEI pensaba que podría encontrarlos. Ante esta situación, conocida recientemente, López Obrador pidió de nuevo, por carta, que se entregara la información solicitada por el grupo.
Además del paradero de los muchachos, de los que solo se han encontrado restos de tres de los 43, los 80 o 90 documentos en cuestión son vitales para completar el dibujo de la red criminal de Iguala en la época. La información recopilada hasta ahora, entre declaraciones de testigos, grabaciones de las comunicaciones de criminales realizadas por la oficina de la DEA en Chicago en la época y demás, muestra una colaboración entre criminales y autoridades de todos los niveles, por acción u omisión, en el ataque contra los estudiantes normalistas, el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala y alrededores.
Entre las autoridades implicadas hay militares. Algunos ya están presos, caso del general José Rodríguez, comandante en la época de uno de los dos cuarteles que funcionaban en Iguala. Otros siguen libres, consecuencia de las tiranteces que sufrió el tercer equipo de investigación del caso, junto al GIEI y la COVAJ, la unidad especial de la Fiscalía General de la República. La unidad pidió en agosto la detención de 83 personas, entre ellas 21 militares. Semanas más tarde, el fiscal general, Alejandro Gertz, forzó la retirada 16 de las órdenes de captura libradas contra militares, entre ellas la del comandante del otro cuartel de Iguala, el entonces coronel, Rafael Hernández.
Las órdenes, el CISEN, Marina
La reactivación de las órdenes de detención canceladas a finales del año pasado, 21 en total, 16 de las 21 contra militares, es capital para el GIEI. El grupo ha insistido estos meses al nuevo responsable de la UEILCA, Rosendo Gómez Piedra, de la necesidad de detener a estas personas. Buitrago y Beristain han señalado que en estos meses han aportado nuevas pruebas para que esto ocurra. Según los expertos, seis de las 21 podrían ser reactivadas de manera inminente. De las seis, cinco serían contra militares, entre ellos el coronel Hernández. La otra sería contra Ulises Bernabé, persona que estuvo a cargo de una instalación de la Policía de Iguala, Barandilla, en la noche de los hechos. Por allí habrían pasado parte de los 43 muchachos desaparecidos.
Sobre el Ejército, el GIEI ha denunciado también que militares que han declarado ante la UEILCA en estos años han “adecuado” sus testimonios a lo largo del tiempo, a medida que los grupos de investigadores conocían nueva información. El caso más evidente de esto es la presencia de soldados en Barandilla. Al principio, todos los militares que patrullaron por Iguala en la noche de los hechos negaron su presencia allí, situación que cambió ante la evidencia que aparecía sobre su paso por aquel lugar.
El Ejército no es la única dependencia del Estado que se resiste a colaborar de manera abierta con los grupos de investigación. El GIEI ha anunciado también que el Centro Nacional de Inteligencia, heredero del CISEN, ha solicitado que la UEILCA no pueda usar las evidencias que el mismo centro ha presentado estos años, por una cuestión de “seguridad nacional”. Se trata de decenas de vídeos que prueban el sistema de torturas contra detenidos, implementado por la vieja administración de la FGR en la primera etapa de la investigación, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). El GIEI ha dicho además que al menos un agente del viejo CISEN estuvo presente en Iguala en la noche de los hechos, situación desconocida hasta ahora.
Otra de las dependencias que se resiste a colaborar es la Secretaría de Marina. La Armada no acaba de aclarar su participación en la primera etapa de la investigación. En marzo pasado, el GIEI informaba, por ejemplo, de la presencia de marinos en el basurero de Cocula el 27 de octubre de 2014, antes de que llegara oficialmente la vieja Fiscalía. En los primeros años, los investigadores presentaron el basurero como uno de los escenarios principales de la desaparición de los 43. Según ellos, Guerreros Unidos mató y quemó a los 43 allí, situación ahora descartada.
En marzo del año pasado, el GIEI dijo que marinos habían manipulado el basurero. Cargaron y descargaron bultos allí y armaron hogueras, situación no aclarada hasta ahora. El Gobierno de México dijo que se investigaría esta situación, pero a la fecha, según el GIEI, apenas dos marinos han rendido su declaración. El parón se debe en parte a la crisis de los grupos de investigación de finales del año pasado, la salida del fiscal Gómez Trejo, y la renovación del “95%” del equipo de la UEILCA desde entonces.
Este viernes, el GIEI ha desvelado nuevos datos sobre la Armada. El grupo ha dicho que marinos estuvieron en el río San Juan un día antes de lo que habían reconocido, el 28 de octubre de 2014, fecha clave en el andamiaje narrativo que armó la vieja administración de la Fiscalía. Según los jefes investigadores de Peña Nieto, Tomás Zerón y Jesús Murillo, este último en prisión desde agosto, los atacantes metieron en bolsas los restos de la quema del basurero y las tiraron al río San Juan. El 29 de octubre de 2014, las autoridades encontraron allí una bolsa con restos de uno de los 43, Alexander Mora.
La teoría de la UEILCA, el GIEI y la COVAJ es que todo aquello fue un montaje, una forma de cerrar rápido el caso y evitar desgaste político. El GIEI ha sugerido hoy que la presencia de marinos en el río, un día antes de que aparecieran las bolsas, refuerza su teoría. ¿Por qué nunca dijeron que estuvieron allí el 28? ¿Por qué siempre defendieron que solo llegaron el 29 de octubre, a dar seguridad perimetral, cosa que no es verdad? Son algunas de las dudas que maneja el grupo.
Por último, el grupo ha informado del hallazgo reciente de dos osamentas en una zona al norte de Iguala, junto a la salida a Taxco. Zona de operaciones de Guerreros Unidos en la época, los investigadores han encontrado gran cantidad de fosas en la zona desde hace años. Los datos de un testigo han permitido ubicar estas nuevas osamentas que, por su buen estado, se analizarán en México, en las instalaciones de la FGR. La dependencia ha accedido a mandar parte de las osamentas al Equipo Argentino de Antropología Forense, para que hagan un análisis paralelo. Los resultados deberían llegar en tres semanas.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país
