La escasez de lluvias reseca a Cataluña, y no se prevé una solución temprana. Las previsiones del tiempo que barajan los técnicos del Servicio de Meteorología (Meteocat) y de la Agencia Catalana del Agua (ACA) pronostican que los meses de abril y mayo serán moderadamente lluviosos, pero insuficientes para aliviar la falta de agua que sufren embalses y pantanos, cuyas reservas están al 27% de capacidad. Para regresar a la ansiada normalidad, haría falta que antes del verano se descargaran 600 litros por metro cuadrado o, lo que es lo mismo, que cayera de sopetón todo el volumen lluvioso que acumula Barcelona a lo largo de un año. El gobierno de la Generalitat trata de acelerar las medidas para contrarrestar los efectos de la sequía, pero se ha topado de frente con su aislamiento. Esquerra solo cuenta con 33 diputados en el Parlament, sobre 135, y afronta cada votación como un suplicio. Ese frágil apoyo quedó patente este viernes en la cumbre de la sequía que el Govern celebró en la Generalitat, donde convocó a todos los partidos excepto Vox. El plan antisequía de Aragonès recibió una lluvia de enmiendas. No hubo acuerdo para activar las sanciones a los ayuntamientos que consumen un exceso de agua y el Govern se ve forzado a cargar en solitario con la responsabilidad de controlar a los municipios, en plena campaña electoral por los comicios del 28 de mayo.
“No ha podido ser posible un acuerdo, no hemos encontrado voluntad”, lamentó Teresa Jordà, consejera de Acción Climática. La oposición no tardó en replicar. “Es un nuevo fracaso del Govern ante una emergencia de país como es la sequía”, valoró Albert Batet, de Junts. “El Govern no puede centrifugar responsabilidades, no se puede afrontar la emergencia con sanciones”, criticó Batet. Un argumento similar manifestó Sílvia Paneque, del PSC: “No se puede gobernar de espaldas a los ayuntamientos”.
La cumbre se alargó durante casi cuatro horas, y encalló en el debate sobre las multas a los consistorios. Esquerra defendía fiscalizar los consumos municipales sin tardanza. Junts y PSC propusieron una moratoria, hasta el 1 de julio los primeros, y hasta el 1 de septiembre los socialistas. No hubo pacto. “Puro tacticismo político”, trató de sitentizar la CUP. “Ha sido una nueva oportunidad perdida”, lamentó Jéssica Albiach, de los comunes. Turno del baile de culpas. “Teníamos el compromiso de no obstaculizar”, alegó el PSC. “No teníamos intención de multar”, insistió la consejera Jordà. Pero, a su vez, admitió que solo el desencuentro por las multas hizo naufragar el consenso. El decreto ley aprobado hace diez días ya prevé la posibilidad de sancionar, pero no marca un calendario. Esquerra intentaba un consenso para empezar a desplegar las sanciones, pero el Govern deberá cargar las funciones de inspector sin el respaldo de nadie.
La portavoz de ERC, Marta Vilalta, criticó que el desacuerdo arrastra también a otros puntos que constan en el plan antisequía del Govern, tales como un paquete de inversiones para optimizar la regeneración y la potabilización de aguas o la luz verde para poder llenar las piscinas municipales este verano. “Se permitirá igualmente”, aseguraron fuentes del Govern.
La Agencia Catalana del Agua, órgano que depende de la consejería de Acción Climática, se pasó la semana alertando de la necesidad de aplicar un plan estricto contra el consumo de agua. “Si no llueve, nos arriesgamos a entrar en fase de emergencia en septiembre, pero si no hacemos bien la cosas, la emergencia se adelantará”, había advertido el director del ACA, Samuel Reyes. El mensaje trataba de abonar la idea del Govern, que es menester aplicar sanciones para garantizar moderación en los grifos. El Govern decretó a principios de marzo el estado de excepcionalidad (penúltimo en la escala de gravedad) para el sistema Ter-Llobregat -que nutre el Área Metropolitana de Barcelona- y el acuífero Fluvià-Muga (Girona). La disposición amplia límites en el uso agrícola, industrial y urbano del agua en 224 municipios con casi 6 millones de habitantes. La situación es solo un poco menos dramática en la mitad oriental, tierras de Lleida y Tarragona que dependen del río Ebro. El ACA tiene en la diana a los ayuntamientos, y señala que un 25% de los municipios de Barcelona y Girona, el área más afectada por la sequía, rebasan los límites de consumo de agua que tienen asignados. “No se trata de un método recaudatorio, sino de una medida disuasoria”, trató de defender el Govern durante la cumbre, para convencer a los demás partidos de la necesidad de activar un plan de multas de entre 10.000 y 150.000 euros.
La cumbre de este viernes fue la respuesta del Govern a las críticas de la oposición por la falta de diálogo a la hora de fijar las medidas. En el Ejecutivo insisten en que los grupos sí habían sido informados sobre el articulado y piden que se respete su liderazgo a la hora de fijar las políticas. ERC está muy lejos de la mayoría suficiente en el Parlament y en varias ocasiones representantes de los exsocios de Junts, el PSC y hasta los comunes argumentan que los republicanos han optado por una manera de negociar propia de quien está en una posición de fuerza cuando en realidad necesitan de los pactos para poder avanzar. Dieron luz verde al decreto ley, pero con un sonora advertencia.
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Govern y oposición ya han chocado ya en varias ocasiones por la convalidación de este tipo de normativas. La falta de confianza en medidas para responder a la caída en las reservas de agua llevó a que los grupos pongan en duda la promesa de Aragonès de que habrá un decreto complementario para incluir los acuerdos que puedan salir de la reunión de este viernes. Por ello, han mantenido la abierta la vía a que el texto vigente sea tramitado como un proyecto de ley, garantizando así margen para poder presentar enmiendas y asegurar el debate. Para más inri, Aragonès hizo el anuncio de la cumbre el pasado 9 de marzo, justo antes de irse de gira por América Latina. La reunión se produce 22 días más tarde.
En el seno de los republicanos entienden que hay un interés electoralista en la crítica a la gestión del Govern. De ahí que Aragonès y y las primeras espadas del partido lleven días alertando del “error” que implicaría “una guerra del agua”. Al PSC le ven interesado en escenificar su influencia en el Ejecutivo, tras la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat, y rechazan sus críticas sobre la supuesta falta de inversión en infraestructuras.
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