El conocido como clan de Los Suecos, integrado según la policía por tres jóvenes nacidos en la ciudad sueca de Malmö y un cuarto en Copenhague (Dinamarca), se ha sentado este martes por primera vez en el banquillo de los acusados. Lo han hecho casi cinco años después de los crímenes que se le acusan: el asesinato de David Ávila, Maradona, y Sofian Mohamed, El Zocato, en 2018 en la Costa del Sol. Se trata de los hermanos Amir y Fahkry Mekky y Karim y Ahmed Abdul Karim, cuyas defensas han asegurado que no tienen ninguna relación con los hechos y que la extensa investigación policial no ha conseguido pruebas suficientes para sostener la acusación “que es una mera tesis incriminatoria creada por la policía”. Los cuatro se enfrentan a prisión permanente revisable a petición de la fiscalía, aunque sus abogados defienden que como mucho podrían llegar a 54 años al retirarse el delito de organización criminal. Hay otros cuatro acusados por colaborar en los hechos mientras que a una novena procesada —pareja de uno de ellos— se le ha retirado la acusación.
Con cierto retraso y especial atención mediática, con profesionales llegados desde Suecia para seguir el juicio, ha comenzado la primera sesión de las treintena que alargarán hasta el proceso hasta finales del mes de mayo, cuando se espera que el jurado popular dé su veredicto. El fiscal especial antidroga de Marbella, Carlos Tejada, ha explicado durante su intervención que, desde su punto de vista, la situación es clara. Que ambos asesinatos parten de un plan organizado y que en las dos ocasiones Ahmed Abdul Karim es el autor material de los disparos, algo que la policía no tiene tan claro porque sí que le identifican en uno de los casos pero no en el otro. La hipótesis policial considera que El Zocato encargó a Los Suecos el asesinato de Maradona por una deuda relacionada con el tráfico de drogas, pero que luego no pagó a los sicarios y estos “unilateralmente” lo mataron a él. Es algo que las defensas niegan. En sus escritos, todos subrayan que los acusados viajaron a Marbella para escapar de un ambiente violento y trabajar —aseguran que uno de ellos montó un restaurante— y que no tienen ninguna relación con los hechos enjuiciados. “Son hechos gravísimos, pero sus autores no están en esta sala”, ha dicho Gonzalo Boyé, abogado de Amir Mekky.
En su intervención, Tejada ha resumido el caso subrayando que los cuatro principales acusados se organizaron para cometer los dos crímenes. En el primero, la muerte de David Ávila Ramos el 12 de mayo de 2018, ha recordado que la víctima recibió cinco disparos “bastante certeros” que acabaron con su vida prácticamente en el acto y minutos después de salir de la comunión de su hijo. Cree que el motorista que disparó es Ahmed Abdul Karim, quien luego huyó en una moto “porque es un medio súper idóneo para escapar” con facilidad hasta el piso que los supuestos sicarios tenían alquilado en Estepona. El representante público considera además que la adquisición de dicho vehículo en Alemania por “más de 6.000 euros” y su posterior traslado en el interior de una furgoneta alquilada “por otros 5.000 euros” hasta Marbella “se hizo como maniobra para ocultar el transporte de la motocicleta”. Para quienes participaron en ese trámite —dos hombres y una mujer sueca— pide 12 años de prisión por un delito de asesinato.
En el segundo caso, el del asesinato de Sofian Mohamed, la fiscalía asegura que puede acreditar que los cuatro integrantes de la banda están relacionados con los hechos y que lo planificaron todo. Así, mientras Amir Mekky cenaba con Mohamed en Puerto Banús, Tejada asegura que Ahmed Abdul Karim se desplazó en su bicicleta hasta la casa de su víctima. Se agazapó en unos contenedores para esperar a su vuelta y, cuando lo hizo, le disparó. “Quedó fulminado”, asegura el fiscal, que recuerda que en su huida el presunto sicario apuntó con su pistola a los vigilantes de seguridad que le dieron el alto y que luego se tiraron al suelo.
La acusación popular, ejercida por la familia de Sofian Mohamed, apunta en la misma línea. “Había un plan preconcebido y la forma de actuar en ambos caso es la misma”, ha dicho el abogado que les representa, Juan Urbaneja. El letrado ha asegurado que la amistad previa de su representado con Mekky le hizo tener confianza en aquel encuentro en Puerto Banús y ha destacado “la sangre fría” con la que fue acribillado a balazos —recibió nueve disparos—en la madrugada del 20 de agosto de 2018. “La policía, al tirar de cámaras de videovigilancia, ve que hubo una tentativa el día anterior”, ha insistido el letrado para destacar la planificación previa de los hechos. “¿El motivo? No lo sabemos. Mi cliente, sin ningún motivo aparente, fue asesinado por estos señores”, ha apuntado Urbaneja, que también solicita prisión permanente revisable para los cuatro principales acusados de la causa, a quienes ha definido como “personas que saben lo que hacen, que se dedican a este tipo de crímenes, que son sicarios”.
“Hacer negocios aquí”
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El abogado defensor Amir Mekky, considerado cabecilla del clan, es Gonzalo Boyé, que representó con anterioridad al expresidente catalán fugado de la Justicia española Carles Puigdemont o al conocido narcotraficante José Ramón Prado Bugallo (Sito Miñanco) entre otros. Ha sido el único que ha tenido la oportunidad de hablar estas mañana al jurado popular, ya que su larga intervención agotó el tiempo y el resto de letrados tendrá su turno mañana. Boyé ha dibujado a Mekky —de padres palestinos y nacido en Dinamarca, nacionalidad que ostenta en su pasaporte— como un hijo de refugiados crecido en un ambiente de marginalidad en Malmö (Suecia) donde creció. “No es un angelito, claro, sin duda que no lo es. Pero no es un asesino”, ha afirmado, para subrayar posteriormente que el danés traficó con hachís “en su día” y que tras unos problemas en territorio sueco decidió viajar a España “por si podía hacer negocios aquí”.
El abogado cree que la hipótesis policial surgida de la investigación “está desvirtuada por la falta de pruebas” y ha sostenido, además, que ambas muertes no están relacionadas, si no que se trata de dos ajustes de cuentas independientes entre sí. Fundamentalmente porque, afirma, las dos víctimas se dedicaban supuestamente al tráfico de drogas diferentes: Maradona a la cocaína y El Zocato al hachís “y son dos mundos totalmente diferentes”. Boyé ha destacado que no hay pruebas que ubiquen a su defendido en el lugar del crimen “estaba a kilómetros de distancia como muestra un vídeo de Snapchat” y que tampoco tenía restos de pólvora. Igualmente, ha asegurado que la cena de Mekky con la víctima no fue la primera y que se habían visto ya en otras ocasiones: “Estaban viendo la posibilidad de hacer negocios de los suyos”. Las defensas del resto de acusados también han negado niegan los hechos y subrayan que la participación de todos ellos es una “mera tesis incriminatoria creada por la policía”.
