Lo que comenzó como una pelea de bar de domingo por la tarde acabó con un asesinato a golpes que, tres meses después, se ha cobrado ya cinco detenciones, dos forenses procesadas y puede provocar una suerte de referéndum en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. El pasado 8 de enero, Antonio Monroy, de 59 años, gastaba las últimas horas del fin de semana bebiendo con su pareja, Adriana Amaranto, en el restaurante La Polar. Según algunas versiones, el personal del establecimiento, enfadado ante una propina que consideraron insuficiente, se ensañó con el hombre. Cuando la policía llegó, Monroy estaba tirado sobre el asfalto de la calle con huellas de haber recibido una paliza. Falleció poco después por una parada cardiorrespiratoria.
La última detención por el presunto homicidio se ha producido este martes en Guanajuato. La policía arrestó en Irapuato a Gustavo N., parte del equipo de seguridad de La Polar. Actualmente, se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Capital. A principios de marzo, fue apresado también Sergio Gama, alias El Chiquilín, quien ejercía como jefe de seguridad del establecimiento en el momento del crimen —y, de acuerdo con el semanario Proceso, fue policía en Morelos—. La Fiscalía sostiene que El Chiquilín y Gustavo fueron los responsables materiales del asesinato: “Son los que golpean y asfixian a la víctima, aparecen en los videos y son señalados por la pareja del occiso [fallecido]”.
La misma semana que sucedió el crimen, la policía clausuró el establecimiento y detuvo a Román N, Oskar N. y Braulio Gerardo N. Los dos últimos fueron arrestados durante un registro del restaurante en el que se encontraron armas de fuego y dinero en efectivo. Los tres eran empleados de La Polar, aunque la Fiscalía señala que “no se pudo confirmar su acción directa” en el asesinato, y solo fueron imputados como presuntos cómplices “circunstanciales”. Román N., jefe del servicio de aparcamiento, salió en libertad pocos días después y no fue procesado. Un juez de control consideró que no existían suficientes pruebas en su contra, de acuerdo con Proceso. Oskar y Braulio sí fueron vinculados a proceso. Preguntado por este diario, el Ministerio Público no ha podido confirmar si corrieron la misma suerte que Román o, por el contrario, continúan en prisión.
El caso no se quedó ahí y continuó enredándose. Dos peritos forenses que atendieron el crimen han sido también vinculados a proceso por “uso abusivo de funciones”, de acuerdo con la Fiscalía, al negarse a recoger evidencias sobre el homicidio. Una ha sido identificada como Verónica N., la identidad del otro no ha trascendido todavía. Ninguno se encuentra en prisión, ya que su delito no se considera grave.
El 21 de marzo, la Fiscalía estatal levantó la clausura que mantenía sobre La Polar e hizo entrega del espacio a sus dueños. Unos días después, la familia de la víctima protestó a las puertas del Ministerio Público ante la decisión del organismo, del que denuncia irregularidades, y solicitó que el caso pasara a ser jurisdicción de la Fiscalía General de la República. La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ordenó mantener el cierre a pesar de todo. Una nueva protesta llegó para enmarañar el caso aún más: los trabajadores del restaurante, afectados por la pérdida de sus empleos, se manifestaron para pedir la reapertura.
Cuevas, que en enero aseguró que se iba a “encargar jurídicamente de que este lugar no vuelva a abrir sus puertas”, reculó y suavizó sus palabras ante la protesta. La alcaldesa propuso realizar una “consulta popular” para decidir si reabrir o mantener cerrado el restaurante. “Yo quiero pedirles a los habitantes de la Ciudad de México y de Cuauhtémoc a que me ayuden a tomar esta decisión. No es una decisión que quiera tomar yo sola, jurídicamente por supuesto que se puede abrir, pero esto es un tema más de orden moral (…) No quiero dejar a la gente sin trabajo, pero es necesario poner orden y disciplina”, argumentó, aunque no explicó cómo se realizaría el referéndum, en caso de hacerse. La Fiscalía se ha desvinculado de la iniciativa: “Es un tema administrativo que le corresponde a la Alcaldía”.
Todavía no está claro quién comenzó la pelea ese domingo de enero. La Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió entonces un escueto comunicado en el que señalaba que Monroy y su compañera comenzaron a tener “problemas con el personal del negocio, quienes los agredieron físicamente y los retiraron del inmueble”. El ataque fue grabado en un video inquietante por Amaranto, que no cesa de repetir a lo largo de dos minutos “le están pegando”, con tono desesperado y al borde del llanto. Poco después, se filtró una grabación de las cámaras de seguridad de La Polar que dejaba poco espacio a la imaginación: un grupo de hombres rodea un cuerpo inerte en lo que parece la entrada del aparcamiento.
El crimen se viralizó y decenas de usuarios de redes sociales narraron otras malas experiencias en el restaurante: relatos de “meseros violentos” cuando la propina era menor a la que esperaban y malos tratos hacia los clientes. Para aumentar la indignación, al poco tiempo del asesinato, por internet corrió otro video en el que supuestamente se veía a la hija del dueño disparando una pistola al aire en Año Nuevo. La última detención parece cerrar la parte penal de un caso al que, sin embargo, todavía le quedan páginas por escribir.
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